Han pasado ya más de dos años desde que Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno. Hace unos días, destacábamos el balance económico de ese periodo, al analizar la evolución de la industria, los servicios, el PIB y el empleo, entre otros indicadores, obteniendo unos resultados desalentadores, pues el retroceso económico era muy importante.
Junto a ello, la presión del gasto es cada vez mayor en España. Tanto la caída de la actividad como el incremento del gasto y, con él, del déficit y de la deuda, no puede atribuirse en exclusiva a la situación excepcional que se vive derivada del coronavirus. Es obvio que el impacto de la pandemia en la economía es notable, sobre todo porque el Gobierno decidió cerrar completamente la actividad económica por no haber tomado unas precauciones tempranas, como cerrar en enero las fronteras con China. Ahora bien, antes de la enfermedad, la economía ya se ralentizaba de manera cada vez más intensa y el gasto no dejaba de crecer de forma rápida.
Así, sólo con las medidas de los reales decretos de los viernes se comprometió gasto estructural por cerca de 10.000 millones de euros, en lugar de adoptar medidas de austeridad que hubiesen permitido tener una mayor capacidad de maniobra ante un retroceso económico, fuese uno como el presente o de menor intensidad, como se preveía.
Sin embargo, con una deuda cercana al 100% del PIB, pero que había logrado ir descendiendo gracias al impulso del crecimiento económico -pues la deuda en valores absolutos seguía aumentando, al mantenerse las cuentas públicas en déficit cada año- el Gobierno tomó la arriesgada decisión de expandir el gasto de manera temeraria.
Ahora vemos las consecuencias de ello: una deuda creciente, que ha pasado del 97,6% con el que cerró 2018, al 95,5% del cierre de 2019 y que ahora se eleva al 112,35% de mayo de 2020, según los datos de deuda del Banco de España y la previsión de crecimiento del PIB nominal del ministerio de Economía plasmada en la Actualización del Programa de Estabilidad enviada a Bruselas el treinta de abril (página 33 de dicha actualización).
En dicho cociente, ya está comenzando a operar el efecto negativo tanto en el numerador como en el denominador, pues la deuda aumenta en 68.951 millones de euros entre diciembre de 2019 y mayo de 2020 y el PIB se estima que se reduzca en 125.775 millones de euros de 2019 a 2020.
Todo ello, nos lleva a que desde que gobierna Sánchez la deuda se ha incrementado en 100.481 millones de euros. Durante el primer año, aumentó en 38.688 millones, y al cabo de los dos años el incremento supera ya los 100.000 millones citados anteriormente.
Así, si durante el primer año creció la deuda por persona en 828,03 euros, en los dos años de mandato de Sánchez la deuda por persona ha aumentado en 2.151 euros, dos veces y media el incremento del primer año.
O visto de otra manera: en el primer año, la deuda se incrementaba a un ritmo de 105,99 millones de euros al día. Ahora, tras dos años de Gobierno de Sánchez, la deuda crece 137,46 millones de euros cada día.
Y todavía el incremento se nota más si analizamos el aumento diario de deuda sólo en el último mes. Así, en mayo de 2019, tras un año de la llegada de Sánchez, la deuda se incremento diariamente en ese mes en 400 millones. Ahora, a los dos años de su llegada al banco azul, en mayo de 2020 se ha incrementado la deuda 746 millones de euros cada día.
Tenemos esta triste realidad: un incremento exponencial del gasto, una caída en picado de la recaudación y un descenso notable del PIB. Todo ello, hará que la deuda española se sitúe este año entre el 115% y el 120%, dependiendo de cuál sea la intensidad final del movimiento de déficit y PIB, siendo factible que supere el 130% en 2021.
Por eso, es importantísimo que la UE no le deje a Sánchez malgastar los fondos que le han adjudicado a España. Las condiciones supondrán un freno a las políticas populistas, alentadas por la parte podemita del Gobierno (y apoyadas por Sánchez hasta ahora, frente a Calviño), de manera que Sánchez, si se volviese sensato, se desembarazaría de Podemos y aplicaría una política económica ortodoxa. Si no lo hace, España no recibirá los fondos, el estancamiento estará garantizado y la deuda seguirá incrementándose peligrosamente.