La alegría y alborozo que muestra el Gobierno por la aprobación de los nuevos mecanismos extraordinarios de asistencia financiera procedentes de Europa para hacer frente a la crisis del coronavirus, por un importe global de 750.000 millones de euros, choca de forma frontal con la larga y profunda lista de deberes que lleva aparejada la recepción de dichos fondos. Y es que, muchas de esas condiciones tumban, en gran medida, el programa económico que acordaron PSOE y Podemos, al menos sobre el papel, cosa diferente es la negociación política posterior.
El Ejecutivo ha tratado de vender a la opinión pública que, a diferencia de lo ocurrido en la anterior crisis de deuda, este particular rescate de países por la puerta de atrás, del que España podría recibir hasta 140.000 millones, está exento de condicionalidad, puesto que no habrá troika ni reformas obligatorias.
Sin embargo, el texto del acuerdo firmado por los socios de la UE no dice lo mismo. En primer lugar, porque España tendrá que presentar un plan nacional de "recuperación y resiliencia" que incluya las reformas e inversiones a ejecutar con el dinero europeo, cuya aprobación dependerá, en última instancia, de la Comisión Europea. La clave aquí es que ese plan deberá estar alineado con las "recomendaciones específicas" por país que elabora periódicamente Bruselas, al tiempo que tiene que contribuir de forma eficaz al crecimiento y la creación de empleo.
Y, en segundo término, porque, en caso de que se produzcan "desviaciones graves" de tales objetivos, cualquier estado miembro podrá activar el denominado freno de emergencia, paralizando con ello el desembolso de los fondos asignados. Ambos requisitos, por tanto, reflejan tanto el derecho de veto de los socios como una clara condicionalidad para recibir los fondos.
Ahora bien, ¿cuáles son esas tan temidas condiciones? Basta consultar el último informe de recomendaciones que publicó la Comisión Europea el pasado mes de febrero para encontrar las reformas estructurales que tendría que llevar a cabo España con el fin de corregir sus desequilibrios, tanto presupuestarios como económicos. Aunque este documento no es, estrictamente, un memorando de condiciones, a partir de ahora se convertirá en una guía a tener muy en cuenta para aprobar o no la liberación de los ansiados fondos.
En la práctica, no servirá tanto para imponer reformas concretas como para evitar la puesta en marcha de medidas contrarias a los criterios generales que establece Bruselas. Es decir, la firma de este acuerdo dificultará al Gobierno de PSOE y Podemos implementar la parte más radical y contraproducente de su programa económico. En concreto, los grandes sapos que se tendrán que tragas Pedro Sánchez y Pablo Iglesias son los siguientes:
1. Austeridad
Un fuerte aumento del gasto es contrario a las directrices de Bruselas. La Comisión recomienda a España que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no supere el 0,9% anual, limitando así su avance, y que aplique las propuestas de la AIReF para mejorar la eficiencia del gasto.
2. Flexibilidad laboral
Bruselas tampoco ve con buenos ojos derogar la reforma laboral de 2012 y, de hecho, recomienda reducir la diferencia en la indemnización por despido entre los contratos por un tiempo indefinido y los contratos temporales.
3. Mejorar las políticas activas de empleo
La Comisión señala que el gasto en políticas activas de empleo tiene una "eficacia limitada" y aboga por su reforma, especialmente en materia de incentivos a la contratación y la mejora de los servicios públicos de empleo a la hora de recolocar parados.
4. Aumentar la productividad
La productividad laboral en España sigue estando por debajo de la media de la UE, debido, sobre todo, al reducido tamaño de las empresas, alentando así la eliminación de barreras y trabas a su crecimiento.
5. Contención en las subidas de Salario Mínimo
Asimismo, ve con preocupación subidas unilaterales del salario mínimo que carezcan de evaluación previa o estén desconectadas de la evolución de la productividad, tal y como sucedió con el histórico incremento del 22,3% aprobado en 2019.
El documento señala que, hoy por hoy, el salario mínimo ronda el 60% de la mediana de los ingresos mensuales brutos de los trabajadores a tiempo completo, cuando en 2018, solo tres estados miembros, "todos con tasas de desempleo mucho más bajas, tenían un salario mínimo por encima de este nivel".
6. Sostenibilidad de las pensiones
Bruselas advierte del riesgo de derogar la reforma de las pensiones de 2013, como pretende el Gobierno. "Si las desviaciones con respecto a la reforma de las pensiones de 2013 pasan a ser permanentes y no van acompañadas de otras medidas compensatorias, aumentará significativamente el gasto en pensiones y empeorará la equidad intergeneracional", señala el informe.
La revalorización de las pensiones con el IPC y la derogación del Factor de Sostenibilidad, que amolda el cobro de la prestación a la esperanza de vida, corren el "riesgo de beneficiar a los pensionistas de hoy en día a expensas de las generaciones futuras, a menos que se apliquen medidas compensatorias", según el informe.
7. Subir el IVA
El Gobierno, entre otras medidas fiscales, defiende subir la tributación directa, especialmente el IRPF y los impuestos sobre el ahorro y ciertos sectores, como la banca o las tecnológicas, pero Bruselas enfatiza la necesidad de elevar la fiscalidad indirecta si lo que se persigue es elevar la recaudación para reducir el déficit.
"La proporción de impuestos sobre el consumo sigue siendo relativamente baja, equivalente al 9,4% del PIB, lo que se refleja también en un tipo impositivo implícito sobre el consumo relativamente bajo del 13,8%, por debajo de la media de la UE y de la zona del euro, donde se sitúa en el 16,9% y el 16,8%, respectivamente", aclara.
Y, en concreto, señala que "España tiene una recaudación relativamente baja en concepto de IVA, a pesar de que […] el tipo impositivo general del IVA es cercano a la media de la UE. Esto se debe al uso generalizado de los tipos reducidos y superreducidos, lo que se traduce en una gran brecha en los tipos del IVA". La Comisión, por tanto, recomienda modificar los tipos reducidos de IVA, al tiempo que se incrementa la fiscalidad medioambiental.
8. Facilitar los negocios
Frente al rígido intervencionismo del Ejecutivo, la UE apuesta por facilitar en nacimiento y desarrollo de las empresas. Según el informe Doing Business de 2020 del Banco Mundial, España ocupa el puesto 30 en la clasificación de 190 países en facilidad para hacer negocios.
"Las restricciones en los servicios minoristas siguen siendo elevadas […] España está entre los diez estados miembros que más restricciones imponen a la apertura de establecimientos minoristas y el segundo más restrictivo en cuanto a su explotación". Y, según la regulación del mercado de productos de la OCDE, "España es también más restrictiva" que la mayoría de los países de la UE, según recoge este estudio.
Asimismo, "las barreras normativas siguen restringiendo la competencia en determinados servicios profesionales", mientras que "las normas aplicables en función del tamaño para favorecer a las pymes pueden afectar negativamente a su dinámica de crecimiento", añade.
9. Unidad de mercado
La Comisión aboga por aplicar la Ley de garantía de la unidad de mercado, aprobada en 2013, pero, finalmente, sólo adoptada parcialmente, y cuyo objetivo no es otro que "eliminar las restricciones al establecimiento de empresas y a la libre circulación de bienes y servicios en todo el país mediante el refuerzo de los principios de mejora de la legislación y la cooperación entre administraciones".
Igualmente, "el nivel de aplicación general de las normas del mercado interior en España es muy bajo. Los retrasos en la transposición de directivas y el número de casos de infracción duplican la media de la UE", alerta. "La aplicación ineficaz de las normas del mercado único incrementa la incertidumbre para los operadores económicos y reduce así los incentivos para la inversión".
10. Fomentar la inversión
Por último, la UE recomienda a España incentivar la inversión, para lo cual es preciso mejorar, entre otros aspectos, la normativa empresarial, los costes energéticos, la normativa laboral y la disponibilidad de personal cualificado.
El listado de consejos y advertencias que Bruselas elabora para España constituye, en definitiva, una enmienda a la totalidad sobre el programa económico de PSOE y Podemos, limitando así su posible aplicación y desarrollo durante los próximos años si lo que pretende el Gobierno es recibir en tiempo y forma los 140.000 millones que ha puesto Europa encima de la mesa en forma de subvenciones y préstamos para tratar de superar la crisis del coronavirus.