Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se han quedado sin el cheque en blanco con el que pretendían malversar el dinero de Europa. Cada euro de los 140.000 millones que se han asignado a España para paliar la crisis del coronavirus será fiscalizado al detalle. Así lo contempla el acuerdo de la cumbre europea de esta semana y así debe ser. Los indignos aplausos y vítores con que sus lacayos le recibieron en Moncloa son sólo la enésima prueba de la catadura de este Gobierno y de un Sánchez que ha sido la gráfica vergüenza de España en las negociaciones celebradas en Bruselas.
España tendrá menos partidas a fondo perdido de las que pretendían los social-comunistas (72.700 millones de euros) y más créditos a devolver, con una merma de 4.600 millones en subvenciones. Además, el empleo de los fondos estará sometido a control y el grifo se cerrará si a la Comisión Europea o a los propios gobernantes de los 27 no les cuadran las cuentas. El dinero empezará a llegar en 2021, y lo hará por etapas. Hasta entonces, tendremos que sobrevivir a costa del famélico presupuesto nacional. ¿Qué están celebrando entonces Sánchez y sus palmeros?
La elaboración de un plan de reformas e inversiones que afiance la recuperación será un trámite obligatorio para todos los Estados que aspiren a las ayudas. Las recomendaciones del semestre europeo, que elabora Bruselas para cada país, sentarán las bases. En el caso de España, los toques de atención sistemáticos tienen que ver con el elevado déficit, el gasto público desenfrenado y la necesidad de acometer una reforma en el sistema de pensiones que garantice su sostenibilidad. Aunque la reforma laboral de Báñez ha ayudado a que rebajen el tono en este campo, los técnicos de la CE siguen exhortando a España a batallar contra las rigideces de su mercado de trabajo. Por tanto, dar un paso atrás en la norma de 2012 sería imposible, por mucho que insista un Gobierno que está a punto de alcanzar los 4 millones de parados –sin contar los ERTE–.
Aumentar la productividad, frenar la subida del salario mínimo –PSOE y Podemos acordaron elevarlo a los 1.200 euros– y eliminar las trabas a la creación de empresas son otras de las sugerencias que el pasado mes de febrero se estaban haciendo a España desde Bruselas. Ahora se convertirán en requisitos indispensables. Y resulta que son justo la antítesis del programa económico de los incompetentes que detentan el Gobierno.
De momento, la banda de Sánchez ignora todas estas cuestiones. Se limita a hablar de que destinará el dinero de Europa a un "crecimiento verde", "digital" o "inclusivo". ¡Como si esa fuera la solución a la que se le viene encima a la economía nacional! Parece que la única recomendación de Bruselas que están dispuestos a asumir es la la subida del IVA y de la fiscalidad verde. Cuando se trata de expoliar al contribuyente, siempre se puede contar con los social-comunistas.
Es fundamental que Europa se tome en serio su papel fiscalizador. Cualquier concesión a los gobernantes más irresponsables, entre los que descuellan Sánchez e Iglesias, será letal para el proyecto comunitario.