La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha propuesto una revisión de los tipos reducidos de IVA (subiendo algunos bienes de categoría), al observar que aunque cumplen con su objetivo de facilitar el acceso a bienes y servicios de primera necesidad, no lo hacen "de forma eficiente" desde el punto de vista distributivo, ya que afectan tanto a rentas altas como bajas.
Así lo concluye el primer estudio de la segunda fase del Spending Review comprometido con la UE y realizado por la AIReF a partir del análisis de 13 beneficios fiscales, que tienen un coste anual de 35.000 millones y suponen el 60% del total de los beneficios existentes, que alcanzan los 60.000 millones de euros cada año en España.
Tras constatar que los tipos reducidos del IVA no cumplen de forma eficiente con su objetivo, el organismo propone una revisión "paulatina y acompasada con la recuperación de la economía", con el objetivo de mejorar la eficiencia distributiva del impuesto, del que actualmente se benefician tanto las rentas altas como las bajas, sobre todo las primeras ya que, en términos globales, realizan un mayor consumo. La institución resalta la importancia de que esta revisión se haga teniendo en cuenta la evolución económica y protegiendo a los colectivos y sectores afectados, a través de planes focalizados para la promoción y mejora de la calidad de los sectores estratégicos que se pretenden favorecer mediante el beneficio fiscal.
"Para no perjudicar a los hogares de rentas más bajas y evitar incrementar la desigualdad en la distribución de renta, considera necesario articular en paralelo medidas de gasto dirigidas a los colectivos más vulnerables que garanticen un mejor acceso a estos bienes", según ha explicado la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, en la presentación del estudio.
Menos desgravaciones
De todos los impuestos analizados, el único que el organismo cree que no cumple con el objetivo es la reducción por aportaciones a sistemas de previsión social, por lo que pide reformular completamente el beneficio fiscal de manera coherente con las recomendaciones que se acuerden en el Pacto de Toledo.
La AIReF concluye que este beneficio fiscal no consigue el objetivo de incentivar el ahorro a largo plazo, además de ser el más regresivo de todos, ya que el 67% del beneficio lo recibe el 10% de los españoles con más renta, que se traduce en un gasto para el Estado de 1.101 millones de euros.
Herrero también ha apuntado a la desaparición paulatina de la reducción por tributación conjunta del IRPF, disponible para matrimonios, al considerar que genera un desincentivo a la participación laboral de las mujeres, acentuando así los problemas de brecha de género de la economía española, ya que solo beneficia a los hogares con un solo perceptor de renta.
Alquileres y sicavs
En el caso de la reducción por arrendamiento de viviendas en el IRPF, que pretende fomentar la oferta de viviendas en alquiler, la AIReF concluye que el beneficio fiscal ha generado "un significativo aumento de la oferta de alquiler declarado", aunque propone reformular el incentivo, reorientando su diseño para facilitar el acceso al alquiler a colectivos vulnerables, teniendo en cuenta las especiales necesidades en áreas metropolitanas.
En cuanto a los tipos reducidos de las sicavs, diseñados para fomentar la inversión colectiva y diversificada a través del pago de solo un 1% del Impuesto de Sociedades en lugar del 25% generalizado, el organismo constata una alta concentración de las acciones en un número reducido de accionistas "que hace dudar del cumplimiento de la naturaleza colectiva de la inversión". En este sentido, propone reforzar los requisitos para mejorar el cumplimiento efectivo de la naturaleza colectiva de la inversión en los términos previstos en la normativa. Actualmente, el coste de estos tipos reducidos para las sicavs asciende a 214 millones de euros, mientras que, para las socimis, es de 109 millones de euros.
Por último, la AIRef concluye que las deducciones sociales de maternidad, familia numerosa o discapacidad sí cumplen con su objetivo, al igual que la reducción por rendimientos de trabajo, la exención de IVA para servicios financieros o la diferencia impositiva entre el diésel y la gasolina.
Además, la equiparación de los impuestos entre el diésel y la gasolina (subir el diésel) supondría un aumento de la recaudación del Estado de 2.393 millones de euros anuales, según estima la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef), que afirma que esta diferencia impositiva sí ha alcanzado su objetivo de fomentar el gasóleo en las últimas décadas.