El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desplegado todos sus encantos y ha empleado todos los eufemismos a su disposición para vender como "histórico" e importantísimo el acuerdo alcanzado en la UE. Pasaban las 5:30 de la madrugada de este martes cuando los países de la Unión anunciaban que habían llegado a un acuerdo y, finalmente, se imponían las tesis de los países del norte, los llamados "frugales", como Suecia, Holanda o Austria. El paquete total de ayudas se queda en 750.000 millones de euros de los que 390.000 millones irán a fondo perdido. Una cantidad, esta última, que inicialmente era de 500.000, tal y como pedían países como España. Sin embargo, uno de los puntos más importantes es el que habla de la condicionalidad.
Sánchez ha peleado para conseguir el dinero sin condiciones. Obtener de los socios de la Unión un paquete de ayuda millonario sin tener que hacer reformas que comprometieran su pacto con Podemos. Y no ha podido ser. Pese a que en rueda de prensa para hablar del "histórico" acuerdo, del "nuevo plan Marshall", Sánchez se afanaba en decir que ningún país tendrá capacidad de veto, lo cierto es que el acuerdo sí recoge una condición inapelable: aquellos que soliciten ayudas deberán diseñar planes que se ajusten a las recomendaciones de reforma de la Comisión Europea. Si no lo hacen o no cumplen, perderán los fondos.
Así lo recoge la última propuesta debatida en el seno de la UE y que finalmente ha visto la luz. En ese texto se recoge textualmente:
"La Comisión evaluará los planes de recuperación y resiliencia en un plazo de dos meses a partir de la sumisión. Los criterios de coherencia con las recomendaciones específicas de cada país, así como fortalecer el potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social de el Estado miembro necesitará la puntuación más alta de la evaluación." (...) "La evaluación positiva de las solicitudes de pago estará sujeta al cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos relevantes."
Es decir, que las medidas que deberá adoptar el Ejecutivo español en materia laboral no sólo no pueden basarse en derogar la reforma laboral de 2012, sino que tendrá que presentar una reforma que profundice en las medidas de aquella reforma, y que iba dirigida a flexibilizar el mercado laboral español. Por otro lado, tendrá que volver a la ortodoxia presupuestaria y a la disciplina fiscal, reduciendo el gasto improductivo. De no ser así, primero el Consejo Europeo y después la Comisión Europea solicitará, debatirá y ejecutará la congelación de las ayudas.
Esta condición, que constituye el aspecto clave del acuerdo alcanzado la pasada madrugada, ha sido suavizada por parte de Pedro Sánchez quien ha insistido en que ningún país tendrá capacidad de veto como tradicionalmente se entiende ésta. Sin embargo, la condicionalidad impuesta sí obligará a España a tomar una dirección en materia económica diametralmente opuesta a la pauta marcada por Iglesias y los suyos.
En definitiva, España tendrá que presentar propuestas de reforma en el mercado laboral en la dirección de restar más poder a los sindicatos, favorecer los acuerdos entre empleado y empleador por encima de los convenios sectoriales, flexibilizar y abaratar las condiciones de despido, etc, y olvidarse de derogar la reforma de 2012, tal y como se comprometió el Gobierno de PSOE y Podemos con Bildu en el Congreso.
En materia de pensiones el Gobierno tendrá que presentar propuestas en la línea de la última reforma presentada por el Gobierno de Mariano Rajoy basada en el "índice de revalorización de las pensiones" que trataba de hacer compatible el avance en poder adquisitivo con la sostenibilidad de un sistema ya de por sí quebrado. En materia de gasto público, Sánchez e Iglesias tendrán que olvidarse de medidas improductivas dedicadas a alimentar caladeros de votos.