Si algo ha quedado claro tras las negociaciones de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE), es que nada es gratis y que todo esfuerzo conjunto que se haga para impulsar la recuperación habrá de ser sometido a unas férreas condiciones, frente a los deseos del presidente Sánchez, que pedía prácticamente un cheque en blanco para emplear el dinero de la forma que quisiese, que no era otra que la línea populista con la que Podemos se ha impuesto, de momento, en el seno del Ejecutivo frente a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, e incluso frente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El acuerdo alcanzado establece un montante global que seguirá siendo de 750.000 millones de euros, pero cambia su composición interna: en lugar de 500.000 millones en ayudas directas no reembolsables, es decir, en subvenciones, el importe de las mismas será de 360.000 millones de euros, mientras que los préstamos reembolsables ascienden de 250.000 millones iniciales a 390.000 millones de euros.
De esta manera, la UE deja muy claro que no podrán realizarse frivolidades en materia de gasto si no se quiere que se paralice la recepción de dichos fondos. Es cierto que ningún país tendrá capacidad de veto, pero sí tendrá la prerrogativa para tratar de ejercer ese llamado freno de emergencia. Así, los planes de cada país deberán ser remitidos a la Comisión Europea y aprobados por mayoría cualificada, lo que supone un primer freno a delirios de gasto improductivo. A continuación, cuando tenga que autorizarse el desembolso, si algún país tiene dudas sobre los planes de algún otro país, podrá solicitar que se eleve a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, paralizando el pago hasta que se debata sobre el tema. Aquí también deberá ser aprobado por una mayoría reforzada.
Por tanto, claramente los fondos quedan condicionados al buen destino de los mismos, lo que significa que no se puede generar un gasto estructural improductivo, sino que todo gasto ha de ir destinado más bien a inversiones; hay que acometer un saneamiento de las cuentas públicas para garantizar su sostenibilidad; y, por último, hay que impulsar nuevas reformas y profundizar en las ya existentes, de manera que España tendrá que abordar un proyecto reformista en sus políticas de gasto, para que sean sostenibles, y el Gobierno no podrá derogar la reforma laboral.
España sale de la cumbre con 72.700 millones de euros en ayudas directas y más de 67.000 millones en préstamos, es decir, 4.600 millones menos en subvenciones, aunque el global entre subvenciones y deuda será el mismo importe. La UE deja claro, así, que la política de gasto desmedido, improductivo y estéril de Iglesias, apoyado hasta ahora por Sánchez, no puede ser el camino, y que si España no quiere tener problemas para recibir finalmente esos fondos, deberá retornar a una política económica ortodoxa.
No hay que ver la condicionalidad como algo negativo, sino positivo, pues el dinero, al fin y al cabo, sale de los contribuyentes, al nutrirse de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos de la UE. Se manejan cifras y se reclama un incremento de las mismas como si el dinero fuese gratis, y no hay nada gratis, sino que es dinero que, con mucho esfuerzo, han aportado todos los ciudadanos de la UE. Por tanto, no se puede malgastar, como no se puede malgastar ningún céntimo de dinero público, que es lo que son estos fondos. Por ello, es imprescindible que se lleve un control no sólo sobre España, sino sobre todos los países que reciban dichos fondos, porque será un control positivo para todos los ciudadanos de la UE, que con nuestro esfuerzo y trabajo sufragamos no sólo la cobertura financiera de las políticas económicas nacionales, sino también las de la UE, como ésta. Los contribuyentes merecen que se vigile y controle que no se dilapida el dinero aportado con su sacrificio.
Por tanto, no se puede no imponer ningún control y dejar que el dinero se malgaste, se despilfarre o se convierta en estructural con la excusa de que la crisis del coronavirus lo hace necesario. No se necesita más gasto, sino un gasto más eficientemente gestionado. Es obvio que tiene que haber un nivel de gasto adecuado para poder proveer los servicios esenciales y básicos, desde luego, pero lo que no puede es incrementarse el gasto de manera exponencial en muchos temas no esenciales, porque eso hay que pagarlo, y el dinero no crece en los árboles, ni en cada uno de los países ni en la UE; el dinero público es de los contribuyentes, y se financia o con más impuestos, o con más deuda (que es un impuesto diferido) o con inflación (que es una forma de impuesto regresivo). Es decir, al fin y al cabo, todo con impuestos. Los impuestos frenan la actividad económica y el empleo y, con ello, la prosperidad. Por ello, es esencial que los ciudadanos sean conscientes de que nada es gratis y que cuando un político les prometa una actuación de incremento de gasto, piensen en que, paralelamente conllevará un aumento de impuestos, sea en su país o venga de la Comisión Europea, porque, al final, el dinero sale del mismo sitio, que no es otro que el bolsillo de todos y cada uno de los contribuyentes.
España necesita retornar a una política económica ortodoxa, que garantice la sostenibilidad de las cuentas públicas, que realice reformas y que agilice la estructura económica, para, así, crecer por sí misma y generar puestos de trabajo, y eso es lo que la UE le ha venido a recordar a Sánchez con las condiciones de este acuerdo.