La experiencia de la pasada crisis económica y financiera exacerbó las diferencias políticas en el seno de la Unión Europea. Aunque la recuperación y el crecimiento experimentado en los últimos años parecía haber contribuido a limar asperezas, lo cierto es que los veintisiete socios de Bruselas siguen más lejos de lo que podría parecer.
Hay consenso de cara a desbloquear un gran fondo de reactivación económica. Los mandatarios de la UE debaten una nueva propuesta para crear un fondo de recuperación post-Covid de 750.000 millones de euros, de los cuales 390.000 millones serían subvenciones a fondo perdido y el resto préstamos. Frente al bloque, liderado por Austria y Holanda pero también conformado por Dinamarca, Finlandia y Suecia, emergen los países mediterráneos que reclaman condiciones más ventajosas, con España e Italia como principales referentes.
Así funciona el "freno de emergencia"
¿Cómo se articularían las medidas condicionadas? Los planes de "rescate" adoptados hace ahora diez años para evitar el colapso de Grecia, Irlanda o Portugal son un buen ejemplo de lo que en el Norte de Europa no están dispuestos a repetir. Es cierto que el Tigre Celta y nuestros vecinos lusos manejaron los fondos con disciplina y responsabilidad, pero el descalabro heleno fue tan notable y provocó tal desgaste que nadie en Europa se plantea un fondo de reactivación similar a aquellos paquetes de ayudas.
Ahora, para llevar a cabo la revisión de las cuantías que recibirán los países de la UE, hay un primer mecanismo novedoso encima de la mesa: el "freno de emergencia".
La propuesta sale del Consejo Europeo, que ha concebido dicho mecanismo como un procedimiento que podría activar cualquier país de la Unión Europea preocupado por los gastos de otro socio comunitario. De esta manera, si en España o Italia se anunciasen aumentos de gasto incompatibles con la devolución de los créditos o si se retrasasen las medidas pactadas con Bruselas, la activación del "freno de emergencia" haría que el "rescate" quedase suspendido durante un periodo de tres días en el que los países cuestionados deberían rendir cuentas y, si fuese necesario, replegar sus medidas de política económica para ofrecer las garantías esperadas por sus socios.
En paralelo, los tecnócratas de la Comisión Europea volverán a jugar un papel vital. Se les considera un árbitro imparcial, de modo que serán a menudo quienes juzguen hasta qué punto se están cumpliendo los acuerdos pactados para desbloquear los fondos. Volveremos, pues, a ver cómo los "hombres de negro" desembarcan en España y supervisan las cuentas y las decisiones económicas de un gobierno de izquierdas, aunque esta vez no solo del PSOE sino también de Podemos.