Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea debaten una nueva propuesta para crear un fondo de recuperación post-Covid de 750.000 millones de euros, de los cuales 390.000 millones serían subvenciones a fondo perdido y el resto préstamos, han confirmado a Europa Press fuentes comunitarias. Esta última cifra estaría por debajo de lo inicialmente negociado y de lo que pretendían países como España e Italia.
Así consta en el nuevo borrador que ha enviado el presidente del Consejo europeo, Charles Michel, a los Veintisiete, una propuesta que, ha afirmado, es el "fruto" de mucho "trabajo colectivo con todos los líderes y sus delegaciones".
Así, la iniciativa de Michel incluye, junto a estas ayudas directas, 360.000 millones de euros en préstamos, según la última propuesta de compromiso que será presentada a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE durante la cuarta jornada de la cumbre que celebran en Bruselas.
"Sé que los últimos pasos son siempre los más difíciles, pero incluso con las dificultades y aunque sea importante seguir trabajando, creo y confío en que es posible" lograr un acuerdo, ha expresado el exprimer ministro belga en una declaración sin preguntas antes de remitir el documento a los Estados miembros, que ahora estudiarán la propuesta.
Las delegaciones nacionales están estudiando ahora el documento de 74 páginas que ha elaborado el equipo del ex primer ministro belga después de todas las consultas que ha organizado a lo largo del día. No se espera que los líderes se reúnan para intercambiar su opinión al respecto antes de las 20: 45 horas.
"Sabemos que esta negociación es extremadamente difícil y que el reto de las negociaciones es que estemos unidos para tratar que Europa esté a la altura del desafío al que nos enfrentamos", ha añadido.
Condicionalidad
Para recibir estas ayudas, los gobiernos nacionales tendrán que elaborar planes de reformas que serán evaluados por la Comisión Europea en un plazo de dos meses. En su análisis, Bruselas analizará el cumplimiento las recomendaciones económicas anuales de cada país, la creación de empleo o la contribución de las inversiones en las transiciones ecológica y digital.
Posteriormente, y teniendo en cuenta el análisis de la Comisión Europea, los Estados miembros decidirán por mayoría cualificada si aprueban el plan de reformas de cada uno de los socios.
Una vez aprobados los planes con carácter general, los países tendrán que ir cumpliendo una serie de objetivos e hitos preestablecidos. Su cumplimiento será evaluado por los Veintisiete a nivel técnico. En este punto, si uno de los gobierno considera que hay "desviaciones graves" con respecto a los compromisos, pueden elevar el debate a una cumbre de líderes.
En este caso, el Ejecutivo comunitario no podría aprobar el desembolso cuestionado hasta que los jefes de Estado y de Gobierno hayan discutido la cuestión, como muy tarde en un plazo de siete meses.