Desde que comenzara la crisis del coronavirus, los ayuntamientos de toda España han suplicado a María Jesús Montero que les permitiera poder utilizar su superávit para hacer frente a las necesidades sanitarias. Como por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Regla de Gasto de Cristóbal Montoro los ayuntamientos no pueden acceder a ese saldo presupuestario, necesitaban el permiso de Hacienda —que tendría que establecer el instrumento legal para cambiar la norma—. Después de meses de silencio, parece que Montero ha cedido, aunque las condiciones han generado una gran polémica.
Tal y como ha propuesto el Ministerio de María Jesús Montero a la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) en un borrador al que ha accedido Europa Press, las entidades locales que quieran usar su superávit en ayudar a sus ciudadanos se lo tendrán que prestar primero al Estado, que luego se lo devolverá como ingresos no financieros.
De este modo, con esta especie de expropiación, el Gobierno pretende que los ayuntamientos presten sus ahorros a las arcas públicas y luego se les devolvería mediante dos ingresos en 2020 y 2021 de 5.000 millones de euros, que es lo que ahorraron en 2019. El resto, se lo queda Hacienda y se lo reintegrará a sus dueños en un plazo de diez años. En total, los municipios tienen ahorrados 14.000 millones, que pasarían a manos de Montero.
Parte importante de tales recursos proviene del Ayuntamiento de Madrid, que desde el comienzo de la crisis de la covid-19 ha reivindicado que los municipios puedan emplear sus ahorros para financiar programas de lucha contra la crisis sanitaria y económica.
Rechazo a la expropiación de Montero
A muchos mandatarios ha indignado la propuesta de Montero, y no es para menos. Por ejemplo, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha tachado de "auténtico chantaje" a los ayuntamientos el planteamiento del Ministerio de Hacienda. Es más, ha anunciado que pedirá todos los informes jurídicos correspondientes, internos y externos, y no descarta incluso acudir a los tribunales.
"¿Cómo que me va a dejar usar parte de mi remanente y usted se queda con la otra parte? Ese dinero es de los ayuntamientos y lo que tiene que hacer es autorizar ya su utilización", ha sostenido Salado, quien ha añadido que ese dinero no solo se inyecta a la ciudad o municipio correspondiente sino que beneficia al conjunto de la comunidad autónoma y de España.
El alcalde de Córdoba y vicepresidente de la Comisión de Hacienda de la Federación Española de Municipios y Provincias, José Mª Bellido, también menciona el calificativo "chantaje".
Esta presunta propuesta del Gobierno es un chantaje a los ayuntamientos. Nos obliga a entregar nuestros ahorros para devolverlos a plazos, diciendo dónde y cómo podemos gastar. Rompen todo consenso logrado en @fempcomunica @Aglezterol https://t.co/RLupBtDJ5j vía @eldiarioes
— José Maria Bellido (@jmbellidoroche) July 15, 2020
Por su parte, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha aclarado a Montero que "lo que se pide desde el municipalismo no es un préstamo, no pedimos financiación sino permiso para usar nuestros ahorros, que se han formado a lo largo de los años gracias a los tributos e impuestos.
"El Gobierno nos pide que le demos todos nuestros ahorros para que ellos a su vez nos aporten solo el 35 por ciento y el resto nos lo devuelvan a lo largo de diez años desde 2022 y encima pudiéndolo gastar solo en lo que ellos quieren", ha sintetizado el alcalde, para quien la medida es "una especie de despotismo ilustrado acuñado por la señora Montero de 'todo para los ayuntamientos pero sin los ayuntamientos'".
"Es inaceptable. Incluso los alcaldes del PSOE que tengan dignidad rechazarán el documento. Están mandando a los ayuntamientos a la quiebra y para algunos como el mío, que está entre los más endeudados de España tras 16 años de Gobierno socialista, significa el rescate", señala también el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, tal y como recoge El Mundo.
El PP y Unidas Podemos también han mostrado su rechazo frontal al planteamiento de Hacienda, aunque reconocen que sólo conocen la propuesta por lo publicado en los medios de comunicación. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Abel Caballero, ha convocado este viernes a su Junta de Gobierno para abordar la propuesta del Gobierno.