El estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo ha tenido muchas y diversas consecuencias, una de ellas tiene que ver con la okupación ilegal de viviendas. Aunque resulte curioso, las segundas residencias se han visto afectadas por este fenómeno, especialmente en los lugares de costa. Aunque, por el momento, las cifras oficiales del Ministerio del Interior no detectan un gran auge, sí que se están conociendo cada vez más casos debido a las denuncias en los medios de comunicación.
Las cifras oficiales registran 1.695 denuncias en 2020 frente a las 1.149 registradas en el periodo entre el 14 de marzo y el 31 de mayo. Aunque el crecimiento es notable, lo será aun más cuando se conozcan los nuevos datos, ya que la movilidad completa por todo el territorio no se aprobó hasta el pasado 21 de junio. Por tanto, cuando se tengan los registros de junio y también de julio se podrá tener una visión todavía más clara del aumento de estos delitos. En 2018, según el Instituto Nacional de Estadística, se dictaron 6.028 sentencias relacionadas con la okupación y se calcula que 90.000 domicilios fueron okupados. Actualmente, la cifra ronda los 100.000.
Según La Información, Marbella, uno de los municipios más lujosos de España, está registrando un aumento notable de este grave fenómeno. El diario asegura que los agentes de la policía local están recibiendo avisos casi de forma diaria debido a que algunos vecinos han notado que en casas deshabitadas, por ser segundas residencias, han entrado nuevos inquilinos de forma ilegal. De igual manera, el programa de Antena 3 Espejo Público también reveló un nuevo caso de okupación en esta ciudad malagueña. La propietaria explica que dejó su domicilio por trabajo, ya que es médico, y a la vuelta se ha encontrado con que unos okupas entraron en su casa y estaban intentando empadronarse.
Crecimiento a pesar de la ley
En 2018 el Congreso de los Diputados aprobó una ley que permitía el desahucio exprés en 20 días. Sin embargo, pese a que la normativa está de parte de los propietarios, las estadísticas siguen demostrando un aumento en el número de denuncias y casas okupas. La ley, aunque brinda más protección al propietario, también conlleva un desembolso económico que es alto, ya que se debe contratar un abogado, iniciar trámites jurídicos, etc. De hecho, son cada vez más los seguros del hogar que ofrecen este tipo de coberturas.