El Gobierno de PSOE y Podemos subirá los impuestos, tal y como se preveía desde hace tiempo. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, confirmó el pasado jueves en una entrevista en La Sexta que es "inevitable" la aprobación de una nueva batería de aumentos fiscales, entre los que destacó el IRPF, el Impuesto de Sociedades y el de Patrimonio, así como impuestos especiales y medioambientales. Y ello sin contar las ya anunciadas tasas Tobin y Google, la equiparación fiscal del diésel con la gasolina o el nuevo impuesto a plásticos de un solo uso.
Y es que, tras el histórico aumento que registrará el déficit y la deuda en 2020 como consecuencia de la crisis del coronavirus, llega el momento de pagar la factura. Y todo apunta a que no será barata. De hecho, pese a que, por el momento, se desconoce el importe exacto de la subida fiscal que baraja el Gobierno, ya es posible adelantar una estimación inicial tomando como referencia el impacto presupuestario de la crisis.
Puesto que la deuda pública no deja de ser impuestos futuros, el aumento de los tributos es tan sólo una cuestión de tiempo. España registrará un endeudamiento próximo al 116% del PIB en 2020, según las últimas estimaciones de la Comisión Europea, unos 20 puntos porcentuales más que al cierre del pasado año. Nunca antes en la historia se había producido una subida de tal calibre.
Como resultado, el Tesoro tendrá que emitir un total de 297.000 millones de euros para poder hacer frente a estas nuevas necesidades, al tiempo que refinancia vencimientos. Y, dado que el déficit en 2020 rondará el 10% del PIB, la emisión neta de deuda se situará por encima de los 112.000 millones de euros, según Bruselas.
Partiendo de estas cifras, la pregunta clave es cuánta de esta nueva deuda se transformará en impuestos a corto y medio plazo. El think tank Civismo avanza un primer cálculo en su reciente informe sobre el Día de la Liberación Fiscal.
Para determinar ese mayor esfuerzo, cabe efectuar dos aproximaciones. La primera, analizando lo que ocurrió durante la pasada crisis. Así, el histórico aumento de la deuda, especialmente entre 2009 y 2012, se materializó en una primera subida de impuestos en 2010 y 2011, con el PSOE en el Gobierno, seguida de otra en 2012, del PP, que, hasta la fecha, fue la mayor de la democracia. En total, los contribuyentes tuvieron que abonar cerca de 22.000 millones de euros extra al año en plena recesión.
El segundo método consiste en aplicar el denominado principio de la equivalencia ricardiana, según el cual, bajo una serie de hipótesis determinadas, resulta indiferente financiar un aumento del gasto público vía impuestos en el presente o vía impuestos en el futuro (deuda).
Aplicando este modelo al caso español, el efecto directo de un incremento de la deuda en 1.000 millones de euros genera en el período siguiente una subida de impuestos de 150 millones. El aumento previsto de la deuda neta en 112.000 millones en 2020, por tanto, podría traducirse en una factura fiscal de unos 17.300 millones a corto plazo, de modo que cada español tendría que pagar en impuestos algo más de 360 euros extra al año.
Esto, entre otras cosas, significa destinar 5 días más de salario al cumplimiento de las obligaciones tributarias. Así pues, si los españoles trabajaron en 2020 una media de 178 días para pagar impuestos, la carga ascendería a un total de 183 jornadas en 2021, regresando pues a niveles de 2013-2014, cuando la factura tributaria alcanzó niveles récord.
Tal y como advierte dicho informe, "corremos el riesgo de que los recursos generados por las familias durante el confinamiento tengan que destinarse a pagar más impuestos en vez de contribuir mediante inversión a una salida rápida de la crisis del coronavirus". Además, a diferencia de lo que dice el Gobierno, este aumento no sólo lo pagarán los "ricos", sino el conjunto de los contribuyentes.