El Pleno del Tribunal Constitucional ha tumbado el aumento de los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades aprobado en septiembre de 2016. La medida fue desarrollada inicialmente por el gobierno de Mariano Rajoy y ha seguido en pie bajo gobierno de Pedro Sánchez, afectando a las empresas que facturan más de 10 millones de euros.
Al igual que las retenciones practicadas en el IRPF, los pagos fraccionados suponen un pago adelantado del Impuesto de Sociedades. Desde la modificación de 2016, las sociedades afectadas quedaron obligadas a entregar al fisco el 23% de su resultado contable, sin capacidad de ajustar a la baja dicho porcentaje por causa alguna. Este porcentaje sube al 25% en el caso de bancos y empresas de hidrocarburos.
Cuando se anunció esta medida, el gobierno de Mariano Rajoy anunció que su intención era recaudar 8.000 millones de euros más y así facilitar una mejora de las cifras de reducción del déficit. En cualquier caso, el efecto logrado solo habría sido coyuntural, puesto que el pago fraccionado es un adelanto de la liquidación anual.
El pago fraccionado se adoptó entre los años 2012 y 2014, con un tipo de referencia del 12%. La rebaja fiscal de 2015 lo eliminó, pero en 2016 se volvió a introducir, solo que esta vez con un tipo de referencia del 23%. Ahora, el TC se pronuncia sobre esta decisión e indica que el fisco ha vulnerado los límites del real decreto-ley al aprobar a través de dicha herramienta legislativa una medida fiscal que toca el artículo 31.1 de la Constitución, referido al "deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos".
El TC señala en su sentencia que el pago fraccionado afecta de forma sustancial a la cuantificación de la factura fiscal que enfrentan las empresas e incide en que, aunque las empresas afectadas son pocas en número, son las que soportan más de la mitad de la recaudación total derivada de este tributo.