Las gestorías y asesorías españolas siguen sin dar abasto con los ERTE. A pesar de que más de un millón de empleados ya ha regresado a sus puestos de trabajo —después de encontrarse inmersos dentro de este mecanismo en algún momento de la pandemia— todavía quedan más de 2 millones de personas esperando la llamada de sus empresas para reincorporarse.
Al haber menos trabajadores en ERTE, la lógica nos invitaría a pensar que los gestores han podido descargarse algo de trabajo, pero resulta que es todo lo contrario. El Gobierno ha prorrogado los ERTE en dos ocasiones durante la crisis del coronavirus, modificando requisitos y condiciones, lo que ha obligado a los profesionales a tener que aprenderse las nuevas hojas de ruta de un instrumento laboral muy poco habitual en el día a día de las oficinas… hasta ahora, que se ha convertido en el más frecuente. "Tenemos la misma cantidad de trabajo o incluso más. Cuando ya nos hemos aprendido un procedimiento, sacan otro. Es desesperante y genera una inseguridad jurídica tremenda", asegura a Libre Mercado el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Santiago.
La semana pasada, el Ejecutivo aprobó en un Consejo de Ministros extraordinario ampliar los ERTE derivados del coronavirus hasta el 30 de septiembre. Una de las principales novedades del acuerdo, que tanto le costó cerrar a Yolanda Díaz con patronal y sindicatos, fue que desaparecía la exoneración del 100% de las cuotas a las Seguridad Social de los trabajadores en ERTE para las empresas de menos de 50 empleados (el tamaño de la gran mayoría de las empresas del país). Que no hubiera cotizaciones no sólo era un gran alivio para las maltrechas cuentas de las empresas, también suponía un trámite menos para las gestoras.
Estos ERTE son un 'sudoku'
Antes de la pandemia, si una empresa aprobaba un ERTE, el Estado pagaba parte de su sueldo, pero el empresario tenía que seguir costeando las cotizaciones sociales. A raíz del coronavirus, el Gobierno decidió eximirles de esos impuestos, aunque, con la primera prórroga de los ERTE, ya determinó que, las empresas que fueran incorporando plantilla, tenían que empezar a pagar unas determinadas cotizaciones (no todas las que les corresponderían). "El cálculo de las exenciones lo tenemos que hacer nosotros y lidiar con los sistemas informáticos de la Seguridad Social. Ya no sabes si la exoneración es del 30% o del 40%… es un lío, una locura. En 30 años que llevo en la profesión no he visto nada igual", señala Santiago, que no se despega del BOE desde que se publicara el pasado sábado. "Las empresas no paran de llamarnos porque tienen muchas dudas", asegura.
Por ejemplo, a partir de ahora, si una empresa tiene a todos sus trabajadores en ERTE todavía y tiene menos de 50 empleados tendrán una exoneración "decreciente" en las cotizaciones del 70%, 60% y 35% en julio, agosto y septiembre, respectivamente. Para las empresas de 50 y más trabajadores, las exoneraciones pasarían a ser del 50%, 40% y 25%, en julio, agosto y septiembre, respectivamente.
En el caso de los ERTE parciales —los que ya han incorporado a algún empleado, pero mantienen a otros en casa— las cotizaciones también son diferentes respecto a las que había. Las empresas con menos de 50 trabajadores tendrán una exoneración del 60% en sus trabajadores activados en los meses de julio, agosto y septiembre y del 35% para los trabajadores que continúen suspendidos. Para las empresas de 50 o más trabajadores, las exoneraciones serán del 40% para los trabajadores activados y del 25% para los no activados.
"Está clarísimo que esto supone más burocracia para las gestorías. Estos ERTE son un sudoku que obliga a las empresas o a sus asesores a hacer casi un cuadrante por cada empleado y a mirar muy bien caso por caso", coincide el abogado y profesor de derecho laboral de la UOC, Víctor Canalda. También está de acuerdo en señalar la complejidad de los ERTE del Gobierno el abogado laboralista de Legálitas, Sergio Herrero. "Tenían que haber buscado un mecanismo más sencillo. A los ERTE que no se han pagado a tiempo y a los que se han pagado de más le estamos sumando otra problemática", avisa.
Adiós a los ERTE por fuerza mayor
La parte positiva para el bolsillo de las empresas es que la nueva norma contempla exenciones fiscales hasta septiembre en los llamados ETOP. Se trata de los ERTE que no están asociados directamente al virus y, por ende, al estado de alarma, sino que se justifican por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. En estos últimos meses, los ERTE más habituales han sido los de fuerza mayor, pero ahora, el Gobierno quiere favorecer un tránsito hacia el ETOP. Sus cotizaciones serán las mismas que las del ERTE parcial.
"Hasta ahora, veíamos los ETOP con cuentagotas, pero vamos a empezar a verlos más porque tienen la ventaja de que no tienen que recibir el visto bueno de la autoridad laboral y de que, si la empresa llega a un acuerdo con sus trabajadores, estos no se lo van impugnar luego. Sólo con comunicárselo a sus trabajadores, al SEPE y a la a la autoridad laboral (que no tiene que autorizarlo), se puede hacer un ETOP", explica Herrero. Eso sí, "para pasar de un ERTE por fuerza mayor a uno ETOP hay que reformularlo otra vez, aunque los ETOP tienen carácter retroactivo para no dejar a ningún trabajador en el limbo", añade. Además, hay que entregar a los empleados una memoria explicativa que recoja el motivo del ERTE. Otro añadido burocrático para las empresas.
"Ya no se pueden hacer ERTE nuevos por fuerza mayor porque el estado de alarma ha terminado, sólo se pueden prorrogar los que ya están. Los nuevos tendrán que ser ETOP o parciales. Solo en el caso de que haya rebrotes, y las empresas tengan que cerrar, volverá la fuerza mayor", recuerda Canalda.
Al igual que sucediera con los ERTE por covid, los ETOP actuales también se han agilizado, por ejemplo, reduciendo el periodo de consultas de 15 a 7 días. En el caso de los ETOP, la empresa está obligada a establecer un periodo de consultas con sindicatos y/o trabajadores.
200.000 sin cobrar
Ante toda esta maraña burocrática, las gestorías y asesorías cuentan con la ventaja de que ya disponen de los principales datos de clientes y trabajadores en sus archivos. Así, la respuesta ante los nuevos ERTE "es más ágil", apunta el presidente de su patronal. Aún así, la encuesta de los Gestores Administrativos indica que más de 200.000 trabajadores continúa todavía sin cobrar el subsidio correspondiente. "Tras más de tres meses desde que se solicitaron los ERTE no podemos entender que siga existiendo un número tan elevado de trabajadores sin cobrar. Nos preocupa que nos acostumbremos a escuchar las denuncias por parte de los trabajadores que no cobran, porque sin presión esta situación difícilmente se va a desatascar", señala Santiago. Los datos de los gestores o de los sindicatos del SEPE siempre han estado por encima de las cifras que ha venido dando el Gobierno sobre los afectados por ERTE que no cobraban. En Libre Mercado hemos recogido numerosos --y dramáticos-- testimonios de personas que han estado sin ingresar un sólo euro desde la declaración del estado de alarma.
Según dicha encuesta, si no se adoptan nuevas medidas, 52.000 empresas acogidas a un ERTE lo convertirán en un ERE antes de finalizar el año, lo que supondrá la pérdida de otros 300.000 puestos de trabajo. "Según nuestra encuesta, el 46% de las empresas en ERTE por fuerza mayor van a agotar el plazo que les otorgue el Gobierno para mantenerlo, viéndose afectado el 33% de los trabajadores incluidos en dichos ERTE", concluye el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos.