El Banco de España mantiene sus previsiones de una caída del PIB de entre el 9% y el 15,1% este año como consecuencia de la covid-19 y avisa de que la profundidad de la crisis probablemente provocará "daños persistentes" en el ya de por sí "modesto" crecimiento potencial de la economía española.
Así lo señala en su Informe Anual de 2019, publicado este martes por el organismo supervisor, en el que el gobernador del institución, Pablo Hernández de Cos, destaca que España ha reclamado con "urgencia" una estrategia de crecimiento "integral ambiciosa y sustentada en amplios consensos".
Hernández de Cos explica que España ha entrado en las últimas semanas en una segunda fase respecto al Covid en la que la economía "comienza a reactivarse gradualmente", si bien avisa de una incertidumbre "muy elevada" que afectará negativamente a las decisiones de consumo, inversión y a las transacciones económicas internacionales. Además, considera que para minimizar el riesgo de un rebrote de la enfermedad se exige el mantenimiento durante algún tiempo de determinadas limitaciones y medidas de seguridad sanitarias, y cree que se verán posibles cambios estructurales que podrían derivarse de la pandemia, como una "desglobalización".
Conforme a los indicadores más recientes, el organismo mantiene la previsión de una caída del PIB más intensa en el segundo trimestre, de entre el 16% y el 21,8%, superior al 5,2% del primer trimestre, con un retroceso "significativamente superior" a fases recesivas previas.
A pesar de los progresos en materia de superávit por cuenta corriente o el desapalancamiento de empresas y familias, el informe subraya que la economía presentaba "importantes fuentes de vulnerabilidad" a finales de 2019 que "están condicionando la respuesta a la crisis del Covid-19 y la magnitud de la actual recesión", como el desequilibrio de las cuentas públicas o el elevado paro.
Subida de impuestos
Por otro lado, el Banco de España asegura que la economía española tiene "margen para redefinir la cesta de impuestos" y apunta al IVA, como haría hace pocos días el Gobernador, Pablo Hernández de Cos. El informe dice que en España como consecuencia del mayor porcentaje de bienes de consumo tasados al tipo reducido o superreducido, la recaudación del IVA es demasiado baja respecto a Europa.
Asimismo, afirma que la imposición medioambiental, que incluye además de algunos impuestos especiales, como el de hidrocarburos o el de la electricidad, otros impuestos indirectos, como el de transporte, también se sitúa en España unos 0,8 puntos porcentuales por debajo del promedio de la Eurozona.
El organismo apunta también en su informe que un "elemento distintivo" de la fiscalidad española "susceptible de reconsideración" es el "elevado nivel" de beneficios fiscales, derivados de la presencia de "numerosas" exenciones, deducciones y tipos especiales reducidos, que generan con frecuencia "pérdidas importantes" de recaudación y "distorsionan" la eficiencia y la equidad del sistema impositivo.
En todo caso, el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, ha aclarado que "en ningún momento" se insta a subir impuestos "ahora mismo", ya que a corto plazo es "absolutamente esencial" mantener el impulso fiscal de apoyo a rentas, empresas y hogares más vulnerables, por lo que los cambios impositivos los proyectan una vez este "bien asentada" la recuperación.
Evitar deslocalizaciones
Sobre las denominadas tasas Google y Tobin, que se están tramitando en este momento en el Congreso, advierte de que el "alto grado de integración" internacional de la economía española y la posibilidad de que algunas bases imponibles puedan desplazarse "con una relativa facilidad", sugiere la conveniencia de alcanzar "un cierto grado de coordinación" con el resto de los países en la introducción de estos impuestos para evitar la aparición de "desventajas competitivas" y la "deslocalización de ciertas tareas".
Así, espera que las negociaciones en el seno de la OCDE sobre un nuevo impuesto digital deberían servir para fijar unas "condiciones comunes mínimas" para una eventual introducción ordenada de esta figura impositiva, al menos en el ámbito de las principales economías avanzadas, que se transpondrían después a la legislación española una vez se aprobaran.
Por el lado del gasto, ve conveniente incrementar el peso relativo de aquellas partidas relacionadas con la acumulación de capital humano y tecnológico, así como priorizar la inversión pública en innovación, al tiempo que apuesta por establecer un mapa claro de prioridades y mejorar la eficiencia del gasto público en todas sus rúbricas.
Por todo ello, el organismo advierte de que si las administraciones públicas no realizan ningún esfuerzo fiscal estructural en los diez próximos años, la ratio de deuda pública sobre el PIB permanecería, a finales de 2030, en niveles de entorno al 125% del PIB, lo que expondría a España a una situación de "vulnerabilidad crónica" y lastraría el crecimiento.
Más soluciones
En cambio, apunta que un escenario alternativo, en el que las administraciones adoptaran una política fiscal coherente con el cumplimiento de las exigencias del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento durante la próxima década, la ratio de deuda pública sobre el PIB podría reducirse hasta situarse por debajo del 100% a finales de 2030. Sus proyecciones apuntan a una ratio de deuda pública de entre el 114,5% del PIB y el 126,7% este año y entre el 111,7% y el 129% en 2021 y un déficit público de entre el 9,5% y el 14% este año y entre el 7,7% y el 9,1% el próximo.
Por ello, pide un "programa de consolidación fiscal plurianual", con reformas que aumenten la capacidad de crecimiento de la economía y permitan ampliar las bases impositivas, y que vinculen a todas las administraciones en torno a una definición "detallada" de los objetivos presupuestarios.
Además, debería incorporar un plan de respuesta temprana ante posibles desviaciones con respecto a los objetivos establecidos. Con una política fiscal acorde al Pacto de Estabilidad y con las reformas calcula que la ratio de deuda pública podría reducirse incluso al 90% del PIB en 2030.
A este respecto, Arce ha indicado que la reducción de déficit y deuda podría acometerse de forma gradual si se acomete con un plan de consolidación "creíble, transparente y comunicado con cierta prontitud".
Con un nivel de crecimiento del 1,7% España podría permitirse una reducción de la deuda "más gradual y menos agresivo en el uso de elementos fiscales". "Si creces más tienes bases impositivas más amplias y la digestión de la deuda sería menos costosa", ha apostillado, instando a acometer reformas para ganar crecimiento potencial, ya de por sí "modesto" antes de la crisis.
ICO, ERTE, IMV...
Además, el organismo que preside De Cos pide favorecer la formación de los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y permitir, "en algunos casos y bajo determinadas condiciones", compaginar el ERTE con la posibilidad de trabajar en otros sectores o empresas, todo con el objetivo de "no retrasar" la vuelta al mercado laboral de aquellos empleados de los sectores más afectados por la crisis actual.
En su opinión, no va a ser sencillo que aquellos trabajadores, fijos o temporales, que han perdido su empleo en alguno de los sectores más afectados por la crisis puedan recolocarse rápidamente en otros sectores cuya actividad pueda mostrar un mayor dinamismo en los próximos trimestres.
De Cos también aconseja estudiar la posibilidad de extender los avales públicos para los préstamos ICO a empresas por encima de los 100.000 millones de euros dispuestos.
Otra de las medidas del Gobierno de la que ha hablado el Bando de España es el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que cree, que aunque puede ser útil para reducir el nivel de pobreza extrema de colectivos con dificultades estructurales especiales, estima conveniente "vigilar estrechamente" la posibilidad de que este instrumento, al ser una transferencia permanente, pueda acabar provocando "algunos efectos indeseados".
En este sentido, estima necesario evaluar la efectividad de algunas de las medidas previstas en el IMV, como el mantenimiento temporal de al menos una parte de la cuantía subsidiada cuando el beneficiario encuentra trabajo.
En su último informe anual, la institución aboga por que el IMV se acompañe de un seguimiento "continuo y riguroso" de su funcionamiento, de su coste y del grado de consecución de los objetivos perseguidos.
Así, considera que hay que analizar si se solapa con otras ayudas ya dispuestas a escala central, regional y local, y precisar si los requisitos de elegibilidad establecidos en el diseño actual, como los relativos a la necesidad de estar registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal, excluyen de la ayuda a algunos colectivos vulnerables, o si otros requisitos "pueden recalibrarse" para proporcionar "una imagen más fiel del verdadero grado de necesidad de los beneficiarios".
Planes de pensiones privados
Por otro lado, ante la presión demográfica ve necesario introducir medidas adicionales para reforzar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones, sobre todo después de la decisión de revalorizar las pensiones con el IPC y de suspender la aplicación del factor de sostenibilidad.
Así, para asegurar la viabilidad del sistema público de pensiones, la institución reclama un debate "riguroso" que aborde el nivel de prestaciones que debe proveer el sistema y cómo movilizar los recursos suficientes para sufragarlas.
El Banco de España ve conveniente reforzar el vínculo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones recibidas, asegurando siempre un nivel de suficiencia para aquellos hogares con recursos más limitados, y recuerda que varios países, como Alemania, Suecia, Italia o Portugal, ya han establecido un vínculo entre el nivel de las prestaciones o la edad de jubilación y la esperanza de vida, "opciones que podría ser adecuado considerar en el caso español".
Asimismo, insta a valorar la conveniencia de fomentar el desarrollo de mecanismos de ahorro privado complementarios al sistema público y aboga por que las empresas impulsen el teletrabajo entre los trabajadores de mayor edad, cuando sea posible, a fin de facilitar la prolongación de la vida laboral, pues son estos trabajadores los que ven más atractivo y utilizan con mayor frecuencia el teletrabajo.