Esta semana nuestro país ha sufrido un nuevo revés económico. El FMI, al igual que ya lo hizo hace tan sólo unos días la OCDE, nos ha situado en el vagón de cola en términos de crecimiento económico para 2020. Concretamente, pronostica una caída del 12,5% del PIB en un escenario (cada vez más improbable) en el que no se dan rebrotes significativos y, por lo tanto, no es necesario volver a confinar a la población.
Para los seguidores de esta columna esto no debería ser nada nuevo. Lo advertimos el pasado 6 de abril (lean), cuando ya decíamos que el gobierno de España era tardía, insuficiente e incluso contraproducente. Nada ha cambiado. Es más: con el paso del tiempo las comparativas internacionales en términos de impulso económico se suceden, dejando a su paso un claro mensaje de falta de liderazgo y de incapacidad de actuación.
En las últimas semanas se han sucedido dos pruebas del estado de máxima alerta que vive nuestro país, también en términos económicos:
- La primera es el mensaje unívoco de los empresarios en la cumbre de CEOE. El clamor solicitando seguridad jurídica y estabilidad institucional ha sido tal que ha dejado de lado las normales (y justificadas) peticiones que suelen tener los empresarios, afectas a su negociado particular, en este tipo de foros. Estamos hablando de los elementos fundamentales de una economía de mercado, de pilares capaces de mover un mundo globalizado. Si seguimos por el camino del despropósito, pronto nos quedaremos fuera del mapa.
- La segunda es el documento que ha surgido de la Comisión de Reconstrucción formada en el seno del Congreso de los Diputados, cuyo principal titular ha sido que nuestro gobierno no ha incluido la "tasa a los ricos". Ni una sola reforma estructural, ni mucho menos en la dirección que han demandado los expertos que han visitado el Congreso. Un documento de mínimos que, fundamentalmente, viene a decir que con la aprobación de la tasa Google, la tasa Tobin y el impuesto a los envases de plástico de un solo uso, por el momento, es suficiente.
España requiere reformas de calado. Las deberíamos haber hecho en tiempos de bonanza económica, pero no ha sido así. Por lo tanto, es mejor tomar la iniciativa y establecer un rumbo claro antes de que necesitemos fondos con carácter de urgencia y nuestros acreedores (Europa) decidan por nosotros.
Estas son las que, a mi juicio, son más importantes y urgentes:
Reforma fiscal
España cada vez está más cerca de ser un infierno fiscal. Lo que los intervencionistas obvian (quién sabe si deliberadamente) cuando muestran nuestra menor capacidad de recaudación en términos comparativos con Europa es que nuestro sistema fiscal es un freno a la actividad económica. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo: es difícil que nuestro país, con un 14% de paro como teníamos en febrero, empresas mucho más pequeñas que la media europea y una economía que vive del sector público y de los estímulos monetarios pueda recaudar lo mismo que, por ejemplo, Alemania, cuya tasa de paro era del 3,1%.
Nuestro esfuerzo fiscal es muy alto. La diferencia entre el coste asumido por el empresario y el salario neto recibido por el trabajador (la denominada brecha fiscal) es superior al 39,5%, y subiendo. Este mismo dato para la media de la OCDE es del 36%, y bajando. En términos de factura empresarial, según la consultora PwC, pasa exactamente lo mismo: Pagan un 46,9% de sus beneficios en impuestos, notablemente por encima de la media.
Añadan ahora toda una colección de impuestos indirectos, los 70 impuestos propios y cedidos de las comunidades autónomas (entre ellos algunos tan injustos como el de sucesiones y donaciones o el de actos jurídicos documentados), y lo difícil que es hacer negocios en nuestro país.
Cuesta ver la recuperación de las más de 100.000 empresas destruidas durante la pandemia o de los niveles de inversión extranjera en España de 2019, ¿verdad?.
Necesitamos una reforma fiscal que ensanche las bases imponibles. Se hace urgente comprender que la recaudación es consecuencia, y no causa, de la actividad económica, y por eso debemos bajar tipos nominales, simplificar el sistema y adaptarlo a la nueva realidad. Sólo así España se reactivará y podremos recaudar más y de forma más equitativa.
Reforma de las pensiones
Nuestro sistema de pensiones es de los más generosos de Europa. Salimos de la anterior crisis con pequeños ajustes que, en plena vorágine electoral-populista se han echado atrás. La realidad, sin embargo, es que el déficit de la seguridad social en 2019 fue del 1,34%, su deuda ya es de más de 100.000 millones y el sistema es insostenible.
Se hace urgente conjugar las promesas realizadas a los pensionistas presentes y los que lo serán en un futuro no muy lejano con las que les podamos hacer a las futuras generaciones. 2019 fue el año con menor número de nacimientos desde 1941. Eso significa que el sistema actual es papel mojado, insostenible.
Se hace urgente avanzar, porque además hay consenso sobre ello, hacia sistemas como la mochila austríaca o incluso hacia un modelo de evolución hacia el sistema de capitalización que sea dinámico y tenga en cuenta la situación real de las distintas generaciones.
Si no, la guerra intergeneracional está servida. Lo que les demos ahora a nuestros mayores será a costa de los jóvenes y de las generaciones futuras. Ningún sistema de bienestar de ningún país puede sobrevivir con unas expectativas así.
Mejora de la competitividad
El gobierno de España, al parecer, ha hecho un grupo de 100 expertos económicos para trazar la "España de 2050". Entre ellos no había ningún premio Nobel (como en Francia), ni ningún empresario reputado, como en Italia.
Y esto es importante porque, por ejemplo, el documento italiano parte de una base muy clara: Las empresas son el motor de la recuperación. Son clave para mejorar la competitividad del país y permitirle competir en un mundo cada vez más globalizado.
España tiene pocas empresas y, comparándolas con los países de nuestro entorno, pequeñas. Si a esto añadimos un mercado laboral rígido, una fiscalidad elevada y una regulación autonómica alejada de la realidad empresarial, el resultado es un país con una productividad muy baja. Esto influye negativamente en la evolución de los salarios.
Un documento del Ministerio de Economía del 2017 hablaba de que una ley que garantice la unidad de mercado y elimine barreras burocráticas y administrativas innecesarias podría suponer un impulso del 1,6% del PIB y del 0,88% del empleo nacional. Algo que necesitamos más que nunca.
Mercado laboral
Al hilo de lo anterior, tener la capacidad de incentivar la productividad también en el mercado laboral es fundamental. Para ello, es imprescindible añadir flexibilidad a un modelo que, a pesar de que la reforma laboral lo dirigió por la buena dirección, continúa siendo rígido.
Es urgente simplificar los contratos, reducir la tributación al empleo y establecer una hoja de ruta para acabar con la dualidad en el mercado laboral de forma ordenada y consensuada.
Un país tan rico como España no se puede permitir ser líder europeo en términos de tasa de paro juvenil. 1 de cada 3 jóvenes que buscan empleo están en el paro, y eso supone una losa de cara a la política familiar y a construir un futuro próspero para nuestro país.
La meritocracia, la capacidad y la aportación de valor deben de ser los ejes sobre los que se construya la justicia social. Porque el empleo es la mejor política social con la que cuenta un gobierno. Y España, tras varios años de crecimiento económico, logró la misma tasa de paro que tienen en lo peor de la pandemia países como Estados Unidos. No nos lo podemos permitir.
Funcionamiento de los mercados
Es urgente acabar con los desequilibrios que arrastramos en nuestro modelo de país. Las continuas injerencias del poder político en las distintas instituciones económicas (la última ha sido el asalto a al CNMC) tienen que acabar. También, debemos repensar nuestra política energética pues somos uno de los países con mayores costes energéticos de toda Europa. El sector inmobiliario, el sector financiero, el sector de las telecomunicaciones y un largo etcétera son brillantes en bruto para explotar si permitimos una liberalización real y eliminamos cualquier atisbo intervencionista de nuestra región.
España es el país mejor conectado de Europa. Tenemos más conexiones de fibra óptica que Alemania, Italia, Francia y Reino Unido juntos. Deberíamos ser líderes en digitalización y robotización y, sin embargo, debido al excesivo intervencionismo y a muchas de las razones que he descrito en este artículo, no estamos donde nos corresponde.
Asuntos capitales como la innovación o la digitalización son consecuencia de un sector fuerte y con confianza en el futuro. Basar la política de nuestro país a un sector público hipertrofiado es cercenar nuestra capacidad de prosperar y vender nuestras libertades a unos burócratas que no tienen ningún incentivo para que a usted o a mí nos vaya bien.
Con esta tercera crisis en menos de 15 años España corre un riesgo real de perder una generación en términos de prosperidad y mejora. También, tenemos la oportunidad de recuperar el camino perdido. Debemos aprovecharla.