El Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 (GTMC) coordinado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) propone que haya una prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor hasta finales de septiembre y que se transformen de forma automática en ordinarios a partir de octubre en los sectores más afectados.
Según se recoge en el tercer informe del GTMC, donde se avanza una serie de propuestas para adaptar la normativa laboral a los retos a los que se enfrenta la economía española a corto, medio y largo plazo.
También aboga por que haya una revisión del esquema de exoneración de cuotas para mejorar los incentivos a la recuperación de la actividad, una mayor flexibilidad para afectar o desafectar trabajadores según evolucione la actividad de las empresas y la revisión de la exigencia de mantenimiento del empleo.
Por otro lado, se destaca la necesidad de reforzar las políticas activas de empleo y de adaptar la normativa laboral a las cambiantes necesidades de un mercado de trabajo en rápida transformación.
Para Fedea, en el proceso de reactivación la protección de los trabajadores debe compaginarse con el impulso a la reactivación de las empresas y "la necesaria reasignación del empleo desde las actividades que han experimentado caídas permanentes de demanda hacia los que tienen mayor potencial de crecimiento".
Esto, desde su punto de vista, requiere una combinación adecuada de prestaciones por desempleo, incentivos para la movilidad y políticas activas del mercado de trabajo, entre las que ganan relevancia el aumento de la formación ocupacional, la mejora de la intermediación laboral o los incentivos a la contratación.
En el corto plazo, cree que la prioridad es la prórroga de los ERTE y su adaptación al nuevo escenario que se abre a partir del fin del estado de alarma.
También considera imprescindible la prórroga de todas las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo, aunque piensa que el patrón de exoneraciones de las cuotas sociales debería modificarse para mejorar los incentivos a la reactivación de las empresas.
Con este fin, cree que debería eliminarse la diferencia entre ERTE completo y parcial, "que ahora desincentiva el reinicio de la actividad", y que las ayudas deberían redirigirse gradualmente desde la subvención de las horas no trabajadas a la de las horas trabajadas.
Por otro lado, Fedea dice que otra medida importante para promover la reactivación económica es dar flexibilidad a las empresas para afectar o desafectar a trabajadores según evolucione su actividad.
Además de la prórroga de los ERTE, el informe avanza un conjunto de propuestas para agilizar la transición hacia los ERTE ordinarios y fomentar la formación y la movilidad voluntaria de los trabajadores.
Destaca la propuesta de ofrecer mejores condiciones a las empresas que ofrecen formación a sus empleados mientras sigan en ERTE. Fedea también defiende la opción de permitir la compatibilidad, parcial y limitada en el tiempo, de la prestación y el salario en otra empresa para fomentar la salida voluntaria de trabajadores de empresas en dificultades.
No ve la prórroga de la cláusula de despido
Asimismo, en el documento se aboga por una revisión de la exigencia de mantenimiento del empleo y "no considera deseable una prórroga de la cláusula que prohíbe los despidos".
"En ambos casos, el objetivo es permitir que las empresas puedan efectuar despidos por causas justificadas, algo razonable dado el deterioro imprevisto de la situación económica que se ha producido en los últimos meses", resalta.
Respecto a las políticas activas de empleo, insta a aprobar una agenda de empleo que incluya un Plan de políticas activas adaptado al nuevo escenario de crisis y que facilite la transición hacia un nuevo modelo productivo.
Para Fedea, este plan debería centrarse en reforzar las acciones de empleo y formación, haciendo un máximo uso de los fondos europeos, o en diseñar un nuevo programa de incentivos a la contratación guiado por criterios de eficacia y eficiencia.
Además, cree que se debería impulsar la modernización funcional y tecnológica de las oficinas de empleo para mejorar los servicios de intermediación y la atención a los demandantes de empleo y que se apoye en la colaboración público-privada para facilitar la movilidad de los trabajadores afectados por la crisis.
Pero también pide fortalecer el sistema de formación para el empleo adoptando nuevos incentivos a la formación y los mecanismos para detectar las necesidades de competencias profesionales.
Modernización del mercado laboral
Según Fedea, algunos problemas endémicos del mercado laboral español, junto con el impacto de tendencias estructurales asociadas a los cambios tecnológicos "hacen necesaria una adaptación y modernización de la legislación laboral".
No obstante, aunque cree que no es el momento más oportuno para abordar esta adaptación, ve "conveniente tener en cuenta" que la crisis de la coronavirus acelerará algunas de las tendencias como la digitalización, el teletrabajo, las nuevas formas de empleo asociadas a las plataformas digitales, entre otras, y que hará más costosas las ineficiencias y desigualdades económicas.
Para resolver estas debilidades estructurales y acomodar las tendencias tecnológicas será necesario, según Fedea, aunque no suficiente, adaptar y modernizar el contexto institucional del merado de trabajo español.
A este respecto, pide que se preste especial atención a la ampliación de la cobertura y la profundización de la negociación colectiva, a la reducción de la dualidad contractual y a la cobertura de las nuevas formas de empleo con contratos que garanticen los derechos de los trabajadores.
En esta línea, también ve relevante la introducción de nuevos instrumentos que permitan aumentar la protección de los trabajadores en un contexto cambiante e incierto, incluyendo la constitución de cuentas individuales.