Ahora que la primera oleada del coronavirus parece estar llegando a su fin en la mayoría de los países ricos, empiezan a emerger los efectos económicos y fiscales que deja tras de sí la pandemia. A la histórica recesión que registrará el mundo en 2020, la mayor desde la II Guerra Mundial, se sumará una colosal factura fiscal en forma de déficit y deuda, cuya financiación corre el riesgo de llevarse por delante la solvencia de varios estados.
La prestigiosa consultora McKinsey estima que, a día de hoy, los gobiernos afectados acumularán un déficit de entre 25 y 30 billones de dólares hasta 2023, equivalente al 30% del PIB global, una cifra inédita en tiempos de paz. Este desequilibrio es fruto, por un lado, del fuerte aumento que registrará el gasto público como consecuencia de los estímulos fiscales puestos en marcha para tratar de combatir la crisis económica y, por otro, de la intensa reducción de los ingresos debido, igualmente, a la recesión.
Tan sólo los estímulos que han anunciado las potencias pertenecientes al G-20 suman cerca de 10 billones de dólares, tres veces más que el importe desembolsado para hacer frente a la crisis financiera de 2008 y 2009, mientras que la recaudación podría bajar entre 3 y 4 billones al cierre de 2020.
El mundo cerrará este año con un déficit de entre 9 y 11 billones de dólares, triplicando la cifra registrada en 2019, y, aunque descenderá de forma progresiva en los próximos ejercicios, la diferencia entre ingresos y gasto seguirá siendo sustancial. Y es que, tanto el PIB global como la recaudación podrían tardar dos o tres años en recuperar el nivel previo a la crisis del coronavirus.
Semejante déficit hará que la deuda pública de los países ricos crezca hasta una media del 120% del PIB en 2020, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), disparando con ello el riesgo de insolvencia. ¿Cómo apuntalar el equilibrio presupuestario para evitar la quiebra? Éste es uno de los grandes interrogantes que deja esta crisis y una de las cuestiones más importantes que empiezan a plantearse los diferentes gobiernos.
La consultora norteamericana calcula que para recuperar el equilibrio de las cuentas públicas por el lado del gasto sería necesario aplicar recortes del 25% a los presupuestos, mientras que, por el lado de los ingresos, supondría elevar la carga fiscal en un 50%. Lo más probable es que los estados apliquen una combinación de ambas medidas.
El reto que queda por delante es épico: gestionar un nivel de deuda récord e impulsar la recuperación económica. El "éxito" de esta gestión, según McKinsey, dará como resultado un "nuevo contrato social", pero el "fracaso" traería como como consecuencia una "depresión" no vista desde la década de 1930. "Hay mucho en juego y la necesidad de un liderazgo audaz y visionario en el sector público y privado nunca ha sido tan grande", concluye.