Para relanzar la economía tras el Coronavirus, comité de expertos. Primero fue Italia, luego Francia y esta semana hemos conocido que también España tendrá su grupo de sabios y su correspondiente informe. El País publicaba este martes que hasta 100 economistas de prestigio han acudido a la llamada de La Moncloa para elaborar un documento que contenga sus propuestas para modernizar la economía española y prepararla para las próximas décadas. La idea no tiene por qué ser mala, aunque tiene sus peligros… como dice aquella frase que se atribuye a Napoleón Bonaparte y que ya es casi un lugar común: "Si quieres que algo se haga, nombra un responsable; si quieres que se demore eternamente, crea una comisión".
Está claro que esto del comité de expertos tiene algo de moda. Parece que ningún país quiere quedarse atrás y todos los gobiernos apelan a lo mismo: buscar consensos, salir de la lucha política, pensar a largo plazo, unir al país, etc. En esta crisis del Coronavirus, la idea original se la podemos atribuir al primer ministro italiano, Giuseppe Conte, que convocó a un puñado de economistas y empresarios de primer nivel, encabezados por Vittorio Colao, exCEO de Vodafone, para que le ofreciesen sus consejos sobre cómo impulsar la economía del país tras la pandemia. Y tiene su lógica: para empezar, esa imagen tan atractiva de usar esta crisis, inesperada y muy dañina del Covid, casi como excusa para afrontar las reformas pendientes desde hace décadas. En este sentido, Italia es un ejemplo de manual de país paralizado, en el que se discute eternamente sobre reformas, todo el mundo parece estar de acuerdo en lo que hay que hacer, se mira constantemente a otros países como ejemplo (desde Irlanda a Corea)… y al final no se hace nada. ¿Les suena? Sí, Italia es el ejemplo perfecto, pero nosotros no estamos lejos.
Por eso, lo del comité de expertos suena tan bien. En primer lugar, porque introduce algo de aire fresco en el ambiente cada vez más cargado de la reyerta política: gente con prestigio, que se ofrecen a ayudar a su país sin esperar nada a cambio (los expertos no cobran, al menos en España) y que traen ideas nuevas fruto de su experiencia profesional. Además, se supone que estos expertos serán capaces de poner sobre la mesa esos asuntos incómodos y esas propuestas políticamente incorrectas o impopulares ante la opinión pública, pero necesarias para darle impulso a países (Francia, Italia, España) con problemas estructurales y que vienen de muy atrás. De nuevo, la teoría dice que hay que superar la dinámica política habitual (dominada por el cortoplacismo y el miedo a las siguientes elecciones) y pensar un poco más a largo plazo.
El problema es que aunque el planteamiento es atractivo y tiene buena pinta, luego no es tan fácil de aplicar en la práctica (aquello de "pasar de las musas al teatro"). Porque todo esto tiene sentido si se cumplen tres presupuestos: si los expertos lo son de verdad; si es verdad que los políticos harán caso a lo que los expertos propongan y no los usarán como excusa; y, quizás lo más importante, si la sociedad aceptará esas reformas impopulares de las que hablábamos (y que no se han aprobado hasta ahora, en buena medida, por el coste electoral que tendrían) sólo porque ahora las propongan unos cuantos "economistas de prestigio".
El formato
Aunque las miradas van dirigidas siempre a las propuestas, en estos asuntos el formato es clave: como bien saben muchos de los economistas que forman este comité, en demasiadas ocasiones el éxito de este tipo de iniciativas depende en buena medida de cómo se organicen en los temas prácticos (reuniones, dirección, coordinación, etc…). Así lo primero que hay que decir es que los 100 expertos del Gobierno no estarán todos juntos en un único comité, algo que sería muy poco operativo. Como han explicado a Libre Mercado miembros de estos grupos de trabajo, se les ha organizado por temas y especialidades.
El objetivo es que cada uno de esos grupos tenga preparado, para el otoño, un documento de unas 10-15 páginas (el documento final será mucho más largo, porque se sumarán los informes de cada grupo de trabajo). La idea es plantear un diagnóstico de los problemas que enfrenta la economía española y hacer propuestas para las mismas. Y sí, en las reuniones de los expertos participan también personas de Presidencia del Gobierno que actúan como facilitadores-coordinadores, pero las fuentes consultadas aseguran que, hasta el momento, no se han metido en el contenido y en las discusiones de fondo.
¿Y quiénes son estos expertos? En una lista tan larga, hay de todo. Tampoco se ha dado a conocer la nómina completa ni el lugar que ocupa cada uno en cada comité. El nombre más conocido de entre los publicados es el de Toni Roldán, el que fuera responsable económico de Ciudadanos y que dimitió del partido naranja tras la negativa de Albert Rivera a buscar un pacto con Pedro Sánchez tras las elecciones de abril de 2019. A partir de ahí, muchos economistas que han tenido presencia en el debate público español en los últimos años: José Antonio Herce (pensiones), Rafael Domenech (empleo, macro, gasto público), Antonio Cabrales (educación y empleo), Florentino Felgueroso (empleo), Sara de la Rica (empleo, política social) y un larguísimo etcétera. Varios, quizás los más conocidos para el gran público, han escrito con asiduidad en Nada es Gratis, el blog de Economía que en su momento lanzó Fedea en 2009 (con la idea, precisamente, de promover el debate público sobre propuestas interesantes para la economía española a medio plazo), aunque ya hace años que no existe vinculación entre este organismo y el blog, que funciona de forma independiente. Con lo que hemos conocido hasta ahora (porque, como decimos, no se ha publicado todavía el listado de los 100), el enfoque escogido por el Gobierno parece más académico que el del grupo italiano (con más empresarios) o el que ha formado, con un propósito similar, la Comunidad de Madrid (también con más figuras que llegan desde el mundo de la empresa).
La práctica
Hasta aquí, la teoría, en la que casi siempre todo encaja: expertos de prestigio, reformas a largo plazo, salir de la refriega política cotidiana… El problema es la práctica, que no siempre es tan bonita.
Para empezar, habría que tener la lista completa de esos expertos. Y ver si realmente todos lo son y si representan un conjunto plural de opiniones. Es cierto que buena parte de los nombres conocidos son economistas de prestigio y algunos no especialmente cercanos a las tesis del Gobierno (sobre todo, a la parte más radical del mismo). Pero en esto, como en muchas otras cuestiones, la clave muchas veces está precisamente en los extremos: en un grupo de diez economistas que tienen que publicar un documento de mínimos acordado por consenso, lo que finalmente se apruebe puede que no refleje para nada la opinión media (si podemos llamarlo así), porque un solo miembro del grupo que bloquee aquello que no le guste puede acabar imponiéndose. Y ese contenido mínimo puede llegar a ser tan mínimo que no diga nada o, peor, que sea la opinión del bloqueador (o lo que éste acepta y no veta).
La segunda pregunta es cómo encajará este comité de expertos con el resto de los comités que se están formando. Hemos hablado del de Madrid y podríamos citar las iniciativas de la CEOE y las que plantean otros organismos. Y todavía más importancia tendrán las recomendaciones de esa Comisión del Congreso para la Reconstrucción Social y Económica que lleva semanas reuniéndose bajo la Presidencia de Patxi López. ¿Serán compatibles las propuestas de unos y otros? ¿Y si unos dicen "A" y los otros "B"? Lo normal es que ganen los diputados (que para eso son los que votan), lo que dejaría en una posición muy desairada a los economistas de Moncloa.
Esta sobreabundancia de comisiones es en sí mismo un peligro, porque al final lo que llegará a la opinión pública será un torrente de titulares, recomendaciones, propuestas, etc… La idea de una especie de libro blanco con medidas para las próximas décadas no es mala; pero, si se hace, tiene que ser realmente uno, claro y conciso, que se conozca y discuta por parte de la sociedad. Si es uno entre muchos, buena parte de su potencial para impulsar ese debate se pierde en buena parte.
Por supuesto, un peligro para estos grupos de expertos es que no les hagan ni caso o, todavía peor, que les usen como excusa para hacer lo contrario de lo que propusieron. En España, tenemos experiencia reciente. Así, en 2013-14, en el peor momento de la anterior crisis, el Gobierno del PP reunión a dos grupos de economistas a los que encargó sendas propuestas de reforma de las pensiones y del sistema fiscal. En el primer caso, Víctor Pérez-Díaz presidió un comité de expertos que provenían de ámbitos muy diversos (había personas muy cercanas a los sindicatos y al PSOE en aquel grupo), que planteó ideas muy interesantes y que, esta vez sí, se plasmaron en leyes que recogían sus propuestas principales. La reforma de las pensiones del PP de aquel año 2013 no era un calco de lo que pidieron los expertos, pero se parecía bastante. ¿Y dónde está aquella reforma, aquellas propuestas y aquel esfuerzo? Pues durmiendo el sueño de los justos: o se han derogado o se han pospuesto las dos grandes herramientas (Factor de Sostenibilidad e Índice de Revalorización de las Pensiones) que iban a equilibrar las cuentas de la Seguridad Social.
En el caso de la reforma fiscal y el comité presidido por Manuel Lagares, la cosa fue todavía más grave. Desde que se conoció el documento quedó claro que el Gobierno no tenía ni la más mínima intención de hacer ningún caso a lo que le pedían aquellos expertos a los que había convocado. Meses y meses de trabajo para nada. O peor que para nada: para escoger algo de las propuestas pero que perdía todo su sentido si no se aplicaba en conjunto con el resto.
Este punto es muy importante e ilustra el principal problema de estos comités. Lo explicaremos con un ejemplo muy cercano a la realidad de aquel documento y aquella reforma fiscal que quedó en nada:
- Un comité de expertos propone una reforma fiscal para, sin elevar la recaudación, hacer más eficiente y justo el sistema
- Plantean un decálogo de medidas, que incluyen rebajas de algunos impuestos (IRPF, Sociedades) y subidas de otros (IVA, impuestos especiales)
- Las medidas tienen sentido si se aplican de forma conjunta. No sube la presión fiscal, aunque sí reorganizas el sistema tributario
- El Gobierno de turno decide que no quiere hacer aquello que le piden… pero que sí le interesa coger un poco. Y anuncia una subida del IVA, sin bajar nada a cambio.
- Y explica que lo hace "porque se lo han recomendado los expertos". Y lo que queda es una subida de impuestos que los expertos no habían propuesto, pero parece que es su culpa.
Los políticos tienen una enorme tentación a usar estos comités como excusa, escogiendo aquello que quieren o necesitan aprobar e ignorando el resto. Pero normalmente esas propuestas sólo tienen sentido de forma global. Si sólo aplicas una o dos, el resultado final puede ser peor, incluso, que no hacer nada. Esto es como si un mecánico te recomienda cambiar el motor, las suspensiones, los neumáticos y los frenos para que tu coche sea más veloz; y le haces caso en lo primero (y le pones el motor de un Ferrari) pero no en lo demás: sí, técnicamente has aplicado alguno de los consejos del experto… pero, en la práctica, al haber dejado otras propuestas sin aplicar, las posibilidades de que te estrelles se han disparado.
Eso sí, en el caso español, al menos en el momento actual, hay un último factor a tener en cuenta: la presión del déficit (y la necesidad de afrontar fuertes ajustes en el Presupuesto) y la vigilancia de Bruselas. En este sentido, para el Gobierno sí es interesante tener a alguien a quien señalar por las medidas impopulares: "Me las ha impuesto la troika", "Me lo recomendaron los experto", "Aunque ahora no lo parezca, serán eficaces a medio plazo"… La pregunta es si la sociedad española aceptará esos argumentos o si creerá en lo que esos expertos le pidan. También es verdad que éste puede ser simplemente otro elemento para el debate público: muchas veces necesitamos tiempo para ir haciéndonos a la idea de que son necesarios cambios que al principio no queremos reconocer. Dicen que lo que se le ha pedido a este comité es un esquema para preparar la España de 2040-2050. Parece que queda mucho, pero pensemos en lo cerca que queda el año 2000 o en lo poco que se ha hecho, en términos de reformas desde entonces. Los mismos retos que teníamos en el cambio de siglo siguen presentes. Habrá que ver si dentro de 20 años, hay que convocar a otros cien expertos para que nos recuerden lo que seguimos sin hacer.