Colapso en el Servicio Público de Empleo Estatal. Los funcionarios están trabajando en jornadas maratonianas, que van de lunes a domingo, 12 horas diarias y en las que no tienen tiempo ni de mirarse al espejo. Así lo ha comunicado Manuel Galdeano, coordinador nacional de CSIF en el SEPE.
Desde que se decretara el estado de alarma el 14 de marzo, la demanda masiva de solicitudes de prestaciones estatales ha provocado que lleguen de golpe hasta 8 millones de demandantes a las puertas del SEPE. Con España en pausa y el parón económico provocado por la crisis del coronavirus, el desbordamiento continúa en las oficinas del organismo público. Los funcionarios están al borde de un ataque de nervios debido a la alta presión a la que están siendo sometidos.
"No estamos gestionando solo los famosos ERTE, a su vez, tramitamos otras miles de ayudas como pueden ser los subsidios de los fijos discontinuos, la prestación por desempleo al colectivo de la cultura, el subsidio extraordinario para el colectivo de empleados del hogar y las prestaciones para trabajadores temporales, entre otras muchas. Somos 6.000 funcionarios a los que le han llegado de una vez 8 millones de demandantes. NO damos abasto. Si antes de la pandemia ya sufríamos escasez de personal por la reducción de los trabajadores, ahora es inabarcable el volumen de documentos. De ahí el retraso en las tramitaciones, porque aún con los funcionarios sin librar conseguimos dar salida a millones de expedientes", señala Galdeano.
Fracaso en "la ayuda" a los funcionarios
Casi es un grito de auxilio, pero el Gobierno hace caso omiso y no responde a las peticiones del sindicato CSIF y, cuando lo hace, no sirve de nada. La contratación de la empresa pública TRACSA, anunciada la ministra de Trabajo de Podemos Yolanda Díaz, para que pudiera hacer frente a parte de la carga de trabajo de los funcionarios del SEPE, no está resultando efectiva, tal y como afirma el Coordinador Nacional de CSIF en el SEPE.
"Supuestamente los ingenieros iban encargarse de desarrollar una aplicación informática para que se pudiera gestionar de forma telemática las prestaciones al colectivo de desempleados del servicio doméstico. La cuestión es que desde el 4 de mayo hasta ahora no sabemos nada de esa aplicación. No está lista y tampoco los beneficiarios han podido llegar a tramitar las solicitudes, por lo que están sin cobrar", aclara Galdeano.
Tampoco los interinos, un total de 820 incorporados por el Gobierno para aliviar el trabajo de los funcionarios, están trabajando con la eficiencia exigida en este organismo público. "No están preparados puesto que vienen de otras áreas laborales y no podemos enseñarles porque llevaría muchísimo tiempo. No es culpa de ellos, es una mala gestión del Gobierno. Necesitamos personal cualificado porque las tareas que desarrollamos no son nada sencillas. Esto debería haberse hecho con anterioridad. Es una demanda histórica el aumento de la plantilla para hacer frente a tan sobredimensionada demanda de prestaciones en España, pero no se nos ha hecho caso y ahora estamos como estamos", critica Galdeano.
Montero deja vendidos a los funcionarios
Al estrés que están padeciendo se suman las declaraciones confusas y que no se corresponden con la realidad que relata el Gobierno. En sus declaraciones públicas, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, garantiza siempre que el cobro y la gestión de las prestaciones "están solucionadas en el 99% de los casos". Una respuesta que provoca la ira de aquellos miles de demandantes que ven que no han percibido ni un euro y siguen sin cobrar después de tres meses.
"Esas declaraciones del Gobierno hacen un gran daño porque faltan a la verdad y después la gente llega, como es normal, enfadada preguntándonos por qué no han cobrado aún si el Gobierno dice que "no hay ningún problema". Tenemos que dar la cara y nos echan la culpa a nosotros, cuando el problema real está en que el Gobierno no dice la verdad de la situación", lamenta el delegado sindical del SEPE.
Propaganda versus realidad
Igualmente, el Gobierno a la hora de informar públicamente sobre los requisitos para percibir las prestaciones, también incurre en errores o cuenta verdades a medias. Esto ha dado lugar a verdaderos enfrentamientos de los demandantes contra los funcionarios del SEPE. Los trabajadores públicos se ven en la tesitura de explicar que lo que ha dicho el Gobierno no corresponde con las condiciones exigidas para cobrar la prestación. Dicho sea de otro modo, la letra pequeña es lo que no revela el Ejecutivo de Sánchez, incurriendo así en pura propaganda política.
El Gobierno estaría dejando vendidos a los funcionarios a los que abandona a su suerte, sin más remedio que el de aplicar la paciencia para exponer a los beneficiarios que lo que ha dicho la ministra no es del todo cierto.
Por estas razones, la tensión ha aumentado tanto que ya ha surgido un movimiento independiente dentro del SEPE y llaman a las movilizaciones y a la huelga, en vista de que Pedro Sánchez les ha dado la espalda por completo.
Por su parte, el CSIF se mantiene al margen de este movimiento que llama a la huelga, pero insiste en que el SEPE está al límite. Los funcionarios, con una media de edad de 59 y 60 años, con la vuelta al trabajo presencial temen por el clima que se respira entre los demandantes. Por este motivo, solicitan al Gobierno a que, de forma inminente, contrate personal de seguridad y vigilancia y ordene refuerzos policiales. Aunque, por ahora, esta última reclamación al Gobierno tampoco ha sido escuchada ni tan siquiera por Yolanda Díaz, la ministra de Podemos, una exsindicalista de extrema izquierda que ha presumido siempre de luchar por el bienestar de los trabajadores.