El Gobierno ha aprobado regar a las CCAA con 16.000 millones de euros para atajar la crisis del coronavirus. Lo han bautizado como Fondo covid-19 y el Ejecutivo de Sánchez lo aprobó ayer martes en el Consejo de Ministros. "El objetivo de este fondo es garantizar que las CCAA cuenten con los recursos necesarios para seguir prestando servicios públicos esenciales de calidad", asegura el Gobierno, que también presume de haber realizado "la mayor transferencia de recursos del Gobierno central a las CCAA al margen del sistema de financiación".
Se trata de un fondo no reembolsable, es decir, que las comunidades no tendrán que devolver, ni les generará más deuda ni intereses. De esta forma, la Administración central asume todo el coste de este nuevo fondo. "El Gobierno se endeuda para que las CCAA puedan seguir pagando", sacaba pecho ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Se endeuda sí, con el dinero del contribuyente.
El Ministerio de Hacienda lleva semanas hablando con las autonomías para elaborar el millonario fondo, que "se basa en las estimaciones del impacto de la pandemia en los gastos sanitarios y sociales, así como en la caída de los ingresos propios por la menor actividad", según el departamento de Montero. A principios de mayo, la ministra explicó a los consejeros de Hacienda de las Comunidades Autónomas a qué partidas tenían que destinar esos 16.000 millones (las regiones no pueden elegir). El reparto era el siguiente:
- 10.000 millones para atender gasto sanitario.
- 5.000 millones por la minoración de ingresos por la caída de la actividad económicas.
- 1.000 millones para atender gasto social.
Curiosamente, un mes después, Hacienda decidió cambiar los criterios de reparto fulminando la partida destinada al gasto social. Y es lo que se aprobó ayer:
- 9.000 millones para atender el gasto sanitario: se dividirán en dos tramos. el primero, de 6.000 millones, se abonará en julio y en su reparto tendrá en cuenta la incidencia del virus en los territorios de manera que computarán los ingresos UCI (30%); los pacientes hospitalizados (25%); las PCR totales realizadas (10%), así como la población protegida equivalente (35%). Las variables sanitarias serán las registradas hasta el 30 de abril. El segundo tramo asciende a 3.000 millones y se abonará en noviembre. Los criterios de reparto se basarán en los ingresos UCI (25%); los pacientes hospitalizados (20%); las pruebas PCR totales realizadas (10%); y en la población protegida equivalente (45%). Las variables sanitarias serán las notificadas a 31 de octubre, lo que permitirá contemplar el impacto de la pandemia en los próximos meses.
- 2.000 millones para Educación: se abonarán en septiembre, mes del inicio del curso escolar. Esta partida se repartirá conforme a la población de 0 a 16 años (80%) y a la población de 17 a 24 años (20%).
- 5.000 millones por la minoración de ingresos por la caída de la actividad económicas. El reparto de 4.200 millones será en un 60% en función del peso relativo de los derechos reconocidos medios de los ejercicios 2017, 2018 y 2019 por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte y los tributos sobre el juego, excluidos los pagos efectuados por la AEAT a cada comunidad en los ejercicios indicados en relación con el Impuesto sobre actividades de juego. El 40% restante se repartirá en función de la población ajustada definida en el sistema de financiación autonómica. Este cuarto tramo reserva 800 millones que se distribuirán de acuerdo a criterios asociados al impacto presupuestario en el ámbito del transporte público.
¿El Gobierno absorberá las rentas de las CCAA?
¿Por qué el Gobierno ha decidido impedir que las autonomías destinen un euro de su Fondo covid-19 a las partidas sociales? es una llamativa incógnita. La aprobación del Ingreso Mínimo Vital, que se ha producido justo en mitad del cambio de criterio, podría estar detrás. Según los cálculos del propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, las regiones gastan unos 1.500 millones de euros al año en sus correspondientes rentas mínimas autonómicas, que benefician a unas 300.000 personas. Ahora, el Gobierno va a gastar 3.000 millones en un subsidio para 800.000 hogares, y aunque la norma dice que ambas pagas son complementarias, en muchos casos, los beneficiarios van a coincidir, lo que permitirá a las regiones reducir sus respectivas ayudas y destinar ese dinero a otros menesteres.
¿Quiere el Ejecutivo intentar absorber todas las rentas mínimas autonómicas con esta jugada? ¿Considera que esos 1.500 millones que gastan actualmente las CCAA en sus rentas quedan liberados por el IMV (o, al menos, parte de ellos) y, por eso, no les ha querido proporcionar un ingreso extra para costearlas? En el siguiente enlace, están los detalles de cada una de las rentas mínimas de las CCAA.
Fuentes autonómicas lo tienen claro. "El Gobierno ha determinado suprimir los 1.000 millones iniciales para servicios sociales con un destino finalista y de un único pago, por una compensación de 1.500 millones para las comunidades autónomas por el Ingreso Mínimo Vital, un gasto estatal estructural que nace para quedarse", aseguran. Las mismas fuentes confirman que las comunidades autónomas han remitido al Ministerio de Seguridad Social los listados de los beneficiarios de sus propias pagas "y se estima que los primeros 250.000 hogares que reciban el IMV provengan de dichos listados regionales de rentas mínimas". Aunque bien es cierto que el Gobierno también está cruzando millones de datos entre la Seguridad Social y la AEAT para detectar a los beneficiarios, la coordinación con las CCAA existe.
Las recientes declaraciones de José Luis Escrivá, el creador del subsidio, van también en esa línea. Aunque deja en manos de las CCAA recortar o no sus rentas mínimas, recientemente, el técnico explicaba que el IMV "liberará recursos a las comunidades autónomas, lo que les permitirá focalizar y reajustar los gastos" que destinaban hasta ahora a sus rentas. Fuentes autonómicas aseguran que hasta la propia secretaria de estado de Hacienda, Inés Bardón, les trasladó que una ventaja del IMV es que podrían reducir sus rentas mínimas de inserción autonómica y eso les generaría nuevos ahorros.
De hecho, el Ingreso Mínimo Vital contempla en la Disposición Transitoria Primera, en su punto 10, que "el INSS podrá, hasta el 31 de diciembre de 2020, reconocer la prestación de IMV a aquellas personas beneficiarias de alguna de las distintas rentas de inserción o básicas establecidas por las CCAA, cuando estas consideren que podrían acreditar los requisitos para acceder a la prestación". El Ingreso Mínimo Vital ya ha arrancado, y no tardando mucho, veremos si las regiones comienzan a despedirse de sus rentas de inserción. Algo lógico, por otro lado, ante las maltrechas cuentas de las CCAA y que eliminaría duplicidades.