El Partido Socialista presentó el pasado 24 de abril, en pleno estado de alarma, una proposición no de ley enfocada a la eliminación paulatina del dinero en efectivo planteando la desaparición definitiva en el futuro. Concretamente, la propuesta solicitaba abrir un debate en el Congreso de los Diputados sobre "la eliminación gradual de los pagos en efectivo, con el objetivo de su desaparición definitiva". En este sentido, el PSOE también propuso la creación de sellos de excelencia para las empresas que estuvieran al día en el pago de impuestos y, de esta manera, reconocer su contribución con la administración.
Sin embargo, el PSOE no contaba con que esta iniciativa para poner fin al dinero en efectivo violaba los principios del Tratado de la Unión Europea. Esto significa que, este tipo de medidas, al ser el euro la moneda común, deben tomarse en el marco europeo y ser aprobadas tanto por Bruselas como por el Banco Central Europeo. Es decir, que la intentona del grupo socialista se ha quedado en nada y ha chocado de bruces con la realidad.
Según El País, la Comisión Europea ya informó en 2010 de lo siguiente: "La norma debería ser la aceptación de los billetes y monedas en euros como medio de pago en las transacciones minoristas... La denegación de esta forma de pago solo debería ser posible si se basa en razones relacionadas con el principio de buena fe, como que el minorista (comercio, tienda...) no tiene ningún cambio disponible".
Lo que quiere el PSOE
La intención del PSOE, más que acabar con el efectivo por el coronavirus, es poner coto a la economía sumergida y aumentar la recaudación. Por eso, buscan limitar el uso de billetes e ir reduciendo gradualmente el límite de los pagos en efectivo. De hecho, el Ministerio de Economía está considerando realizar una reforma para 2020 o 2021 mediante la cual se reducirá el limite de pago en efectivo entre individuos de los 2.500 euros actuales a los 1.000 euros.
Precisamente, sobre esta limitación del pago a 1.000 euros se pronunció en febrero de 2019 el propio Banco Central Europeo, quien consideró que esta medida era "desproporcionada, a la luz del impacto potencialmente adverso que tendría en el sistema de pago en efectivo. De hecho, este límite dificulta el establecimiento de transacciones legítimas y pone en peligro el concepto de moneda de curso legal consagrado en el Tratado".