Al día siguiente de que el Ingreso Mínimo Vital aunara un amplio consenso de todo el arco parlamentario, sin recibir ningún voto en contra, tras la abstención a última hora de Vox, el pleno del Congreso ponía de manifiesto este jueves el abismo que hay entre Gobierno y oposición en materia fiscal. Ocurría durante el debate de las tres enmiendas a la totalidad al nuevo impuesto a las transacciones financieras, presentadas por PP, Vox y Ciudadanos, que denunciaban un "sablazo a las familias españolas".
En esos términos se manifestaba el diputado popular Miguel Ángel Castellón, quien argumentaba que "aunque el tributo se liquide a los intermediarios de las operaciones de adquisición de acciones, a nadie se nos escapa que los costes operativos nuevos que van a tener estos intermediarios los van a repercutir directa e inmediatamente sobre los poseedores de acciones, los millones de accionistas que tienen las empresas cotizadas españolas".
En la misma línea se manifestaba Ruben Manso, de Vox, quien señalaba a los "pequeños ahorradores" como los más perjudicados por la nueva tasa, ya que, matizaba, no sólo hay que contar el porcentaje de su dinero que tienen directamente en títulos de compañías cotizadas, sino también los que tienen en "seguros y fondos de pensiones" o en "fondos de inversión" todo ello, concluía, "materializado en acciones". En lenguaje más llano, la diputada de Ciudadanos Carmen Martinez apuntaba a que pagarían "los de siempre" dado que, aseveraba, "lo que ocurre es que los intermediados financieros lo volcarán en comisiones de mantenimiento de cuenta o de otro tipo".
Previamente, durante su defensa desde la tribuna de oradores del proyecto de Ley, la ministra de Hacienda, María Jesus Montero, lanzaba una diatriba contras las tres enmiendas, cuya similitud subraya y atribuía a "un frente del NO al que el partido de Vox ha arrastrado al PP" frente, decía, a quienes como el Gobierno y sus socios "defendemos una fiscalidad justa, moderna, progresiva, sin privilegios y que por tanto respete el interés general de la nación española y no solo unos intereses concretos defendidos por unos pocos".
Para la titular de Hacienda, no hay muchas familias que "estén preocupadas por invertir en bolsa" una afirmación que basaba en que el 11% de las mismas son poseedoras de acciones y el 30% de ellas, afirmaba, "se encuentra en el percentil más rico del país". Por ello, Montero hablaba de una "modesta reforma tributaria".
Las enmiendas eran rechazadas por 196 votos en contra y 152 a favor, por lo que la normativa para aplicar el impuesto seguirá su trámite parlamentario, pudiendo ser enmendada pero ya solo parcialmente. El nuevo impuesto gravaría con un 0,2% las operaciones de acciones de empresas españolas con capitalización superior a los 1.000 millones de euros.