El Ministerio de Hacienda se prepara para desarrollar el mapa de gestión catastral, una herramienta compartida por varias administraciones para disponer a tiempo casi real de toda la información masiva acerca de las alteraciones en la configuración de las viviendas, en su titularidad y en las licencias de obras concedidas por los ayuntamientos. Esto supone que el catastro contará con información actualizada de todas las reformas de viviendas que se han en España y también de las que estén en proyecto. Un control y gestión de datos masivo como nunca antes se había visto.
Según señalan desde La Información, el objetivo que persigue la administración con esto es tener un conocimiento permanente de la realidad inmobiliaria de nuestro país. Lo que supone en la práctica es que se acorte el periodo de tiempo entre la realización de una reforma y su efecto en el valor catastral del inmueble. En definitiva, esto lo que hará será aumentar la recaudación del Estado más rápidamente.
Para el desarrollo de esta herramienta de gestión de datos tan masiva, el catastro cuenta con la ayuda de los registros de la propiedad, las notarías y los ayuntamientos. Con todos estos datos, la administración logrará crear ese mapa de gestión catastral, que también agilizará los procesos burocráticos a la hora de compartir información entre las partes implicadas. Con todo ello, cuando esté listo y lanzado Hacienda tendrá un registro exhaustivo y muy detallista sobre todas las reformas en proceso y las concedidas para su ejecución.
La idea de crear esta herramienta surgió cuando Cristóbal Montoro llegó al Ministerio de Hacienda y comenzó a revisar el catastro. Tras un procedimiento extraordinario de regularización catastral, el fisco descubrió un gran número de irregularidades que suponía que la recaudación del Estado se viera afectada. Por ejemplo, afloraron más de 100.000 piscinas sin declarar, viviendas clandestinas, reformas no declaradas y un largo etcétera de errores que se detectaron tras utilizar drones y más de 1.500 funcionarios del catastro. Tras el estudio, Montoro descubrió más de 2 millones de irregularidades que permitieron aumentar los ingresos del Estado en 125 millones de euros por el IBI.