Cada vez hay más españoles cobrando una prestación estatal, lo que engorda cada vez más la factura que tienen que asumir las arcas públicas para sufragarlas. A primera hora de esta mañana, el Gobierno publicaba los datos del paro registrado en mayo, y de la letra pequeña de sus informes podía extraerse una preocupante conclusión: la dependencia del Estado se está agravando a través de todo tipo de subsidios.
Así, entre los desempleados oficiales y los que están en situación de ERTE, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tuvo que costear 5.988.572 prestaciones en el quinto mes del año, de las que 791.921 eran nuevas. El monto total de estas pagas ascendió a la friolera de 5.121 millones de euros, sólo en ese mes, un nuevo récord, siendo "la nómina más alta" nunca vista en el SEPE, tal y como presumió el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, en la rueda de prensa posterior tras la publicación de los datos. Una vez más, el número 2 de Yolanda Díaz volvió a vanagloriarse del "elevado incremento de personas protegidas" por su Gobierno, en lugar de considerar un fracaso una debacle laboral sostenida gracias al dinero de los contribuyentes.
En plena crisis del coronavirus, la manera de contabilizar los ERTE es la que ha salvado al Gobierno de la hecatombe en las cifras de empleo. Como la estadística no considera desempleadas a las personas afectadas por este instrumento laboral —aunque estén en casa sin trabajar y cobrando una prestación del paro—, oficialmente, nuestro país todavía no ha sobrepasado la barrera de los 4 millones de parados de la que despidió en 2016.
El peor mayo de la historia
Así, mayo terminó el mes con 3.857.776 desempleados, 778.285 más que hace un año, lo que supone un incremento insólito del 25,27% en la tasa interanual, y 26.573 parados más que en abril, cuando la actividad del país estaba en plena parálisis. En los meses de marzo y abril, la pérdida de empleos mensuales multiplicó las cifras actuales, debido al cerrojazo de la economía. Sin embargo, en mayo ya se registra la vuelta a la actividad de las diferentes fases de la desescalada.
Aún así, nunca antes un mes de mayo en España habría sido tan desastroso. Tradicionalmente, mayo es un buen mes en términos de empleo (de los mejores del año) por el arranque de la campaña veraniega, pero este ha sido el peor de la historia. En la siguiente tabla puede observarse que todos los meses de mayo el paro se ha reducido sistemáticamente. Ni en 2008, cuando la crisis económica arrasaba con el mercado laboral, un mes de mayo perdía tantos empleos. Entonces, el paro subía sólo en 15.000 personas.
Respecto a la afiliación, mayo inyecta cierto respiro a la sangría de la destrucción de empleo, aunque era previsible, debido a la apertura de un gran número de negocios que permanecieron cerrados a cal y canto durante la mitad de marzo y abril, como los bares y restaurantes. Así, el número de personas afiliadas a la Seguridad Social en el último día de mayo fue de 18.584.176, lo que supone que el sistema registró un aumento de 187.814 afiliados mensuales. Como era de esperar tras la desescalada, este dato contrasta con el retroceso de 49.074 afiliados que se produjo durante abril y el de 833.979 de marzo. Desde el inicio de la pandemia se han perdido 760.000 ocupados.
Casi 7 millones de personas sin trabajar
Cabe destacar que del total de afiliados, 2.998.970 personas estaban en una situación de suspensión total o parcial por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). De ellos, 2.616.553 se encontraban en situación de ERTE por fuerza mayor, que es la causa que se relaciona con el coronavirus. Desde finales de abril, 457.909 personas han dejado de estar en situación de ERTE por fuerza mayor, pero de esa cifra, 70.094 han pasado a un ERTE de otro tipo.
Por tanto, sí sumamos los 3 millones de afectados por un ERTE a los 3,8 millones de parados oficiales, vemos que en mayo hubo casi 7 millones de personas en España que estuvo sin trabajar, lo que refleja la magnitud de la crisis a la que nos enfrentamos. Considerando que los ERTE técnicamente no son parados porque siguen teniendo una vinculación con la empresa, tampoco hay que olvidar que pueden serlo si la economía no se recupera.
870.000 parados sin cobrar
Pero a pesar de los golpes de pecho del Gobierno, las cifras también revelan la imposibilidad del sector público de proporcionar un subsidio a cada ciudadano sin excepción, tal y como ha tenido que reconocer Pérez Rey pese a sus fuegos de artificio habituales. Y es que el Gobierno social-comunista que "no quiere dejar a nadie atrás" mantiene a cerca de un millón de personas (868.174) en situación de desempleo y sin cobrar la prestación.
Es el resultado de una simple resta. Si en España el Gobierno reconoce que entre parados oficiales y afectados por ERTE suman casi 7 millones (6.856.746) de desempleados (oficiales + oficiosos) y el volumen total de personas recibiendo una prestación por desempleo roza los 6 millones (5.988.572), quiere decir que hay 868.174 personas en España que no cobran prestación.
En otras ruedas de prensa, la respuesta a esta cuestión del secretario de estado Joaquín Pérez Rey fue que "para eso está el ingreso mínimo". Hoy, después de darle muchas vueltas a la cifra ha terminado reconociendo que esa cifra existe pero que se trata de personas que ya "no tienen derecho a cobrar la prestación, bien porque no cumplen con los criterios, o porque la han agotado".
A otros de los que también ha dejado atrás el Gobierno ha sido a la cantidad afectados por un ERTE que han estado más de dos meses sin ingresar la prestación. Desde la declaración del estado de alarma, el Ejecutivo socialista ha tenido muchas reticencias a dar la cifra de las personas que no habían cobrado, y cuando la ha dado, siempre ha sido más baja que otras fuentes. La última es que sólo el 2% de los ERTE está sin cobrar. Lejos de entonar el mea culpa por la mala gestión de los ERTE, Joaquín Pérez ha cargado la responsabilidad de los que no han cobrado en "errores en el DNI o en el número de cuenta" de los perceptores, que parece ser que el Gobierno no ha sido capaz de subsanar todavía. Es curioso que, el pasado sábado, Trabajo haya formalizado un contrato de más de 100.000 euros con Tecnologías y Servicios Agrarios (Tragsatec) para realizar tareas de apoyo en la tramitación de los ERTE. Casi tres meses después de la declaración del estado de alarma y con personas sin cobrar todavía, el departamento de Yolanda Díaz ha decidido a tomar medidas.
Siguen eufóricos
Las ruedas de prensa de los secretarios de Estado de Trabajo y Seguridad social, tradicionalmente anodinas y repetitivas (antes corría a cargo de un solo secretario de estado que aglutinaba las dos carteras, Trabajo y Seguridad Social), se están convirtiendo en cita imprescindible para abordar las dramáticas cifras de paro en España. La gestión del Gobierno de la crisis sanitaria ha destrozado el sistema productivo en sectores clave como el turismo y la hostelería, dejando un reguero de parados a su paso y cientos de miles de empresas en situación crítica que postergarán su decisión de cierre al próximo año, merced a la última modificación de la legislación concursal.
Pese a todo, tanto Joaquín Pérez Rey como Israel Arroyo, estaban hoy muy contentos con los datos de este martes. Para ambos, los datos de mayo indican "una recuperación" que, para Arroyo, es "incluso más intensa de la que esperábamos hace dos meses", cuando se pronosticaba en mayo y junio una fuerte recuperación en "V" que no se ha producido.
Si Joaquín Pérez Rey estaba eufórico el mes pasado por superar los cinco millones de personas cobrando una prestación por desempleo, ahora que ya se acerca a seis, el motivo de alegría es mayor, pese a que esto esconde una realidad terrible detrás y es que el número de personas que vive del estado, entre funcionarios, parados, pensionistas y otros subsidiados supera ya al de personas que trabajan en el sector privado.
Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, considera que el número de personas que han salido de los ERTE, unido a los cerca de 100.000 puestos de trabajo creados de media en mayo –fruto de la reapertura económica y del fin de medidas de confinamiento en muchos territorios españoles– indican que estamos iniciando la recuperación del mercado laboral.
Lástima que detrás de esa euforia se esconde una dramática realidad: cerca de 7 millones de personas sin trabajo, un número indeterminado de autónomos que han tenido que cesar su actividad (y que Arroyo se ha confesado incapaz de cifrar), cerca de 900.000 personas sin trabajo que no cobran prestación y un balance de los últimos dos meses y medio de cerca de cinco millones de puestos de trabajo que han tenido que cesar su actividad.