El Gobierno de la nación vuelve a equivocarse. Primero, no tomó las medidas de prevención mínimas necesarias en enero para proteger a los grupos de riesgo. Tampoco se aprovisionó de material sanitario en grandes cantidades para tener test con los que hacer pruebas masivas a la población llegado el momento, para poder aislar a los contagiados y evitar la propagación exponencial, protegiendo a los grupos de riesgo, y poder contar con equipos apropiados para los sanitarios. Eso llevó a que, tras empecinarse en no hacer prácticamente nada hasta que no se celebrase la manifestación del ocho de marzo, el contagio se expandiese ya como una mancha de aceite. Cuántos infectados se producirían en dicha manifestación, que infectarían a otras personas después en sus centros de LAStrabajo, transporte público y familias. Cuántas muertes podrían haberse evitado. Y cuánto menor habría sido el perjuicio para la economía, pues las medidas no tendrían que haber sido tan duras, ni en duración ni en intensidad y el tejido productivo habría sufrido mucho menos y, con él, estarían muchos menos empleos en peligro, pudiéndose recobrar, además, de manera más rápida e intensa. Investigadores de Fedea han calculado que se habrían producido un 62,3% menos de contagios. Si con los datos del ministerio de Sanidad hay una tasa de mortalidad del 11,37% (fallecidos entre contagiados), entonces se puede calcular de manera certera, a partir del estudio de Fedea, que podríamos tener 16.896 fallecidos menos de haber sido diligente el Gobierno. Cuántas vidas podrían haberse salvado, probablemente; cuanto dolor y ruina podrían haberse evitado de haber sido el Gobierno más diligente y previsor en lugar de guiarse por motivos políticos para que se celebrase dicha manifestación.
Posteriormente, tras su retraso en adoptar medidas preventivas, se apresuraron a decretar el cierre de la mayor parte de la economía -y durante dos semanas, de casi toda- con el consiguiente perjuicio a cientos de miles de empresas y a millones de trabajadores. Según las estadísticas de la Seguridad Social, más de 120.000 empresarios se dieron de baja en marzo, casi 950.000 empleos se perdieron hasta el treinta de abril y 3,4 millones más de españoles están afectados por un ERTE, es decir, técnicamente no se les considera desempleados, pues la relación laboral se suspende, no finaliza, pero no trabajan y no tienen ingresos laborales en la inmensa mayoría de los casos, con el riesgo de que gran parte de esos cuatro millones se conviertan en parados definitivos si se siguen aplicando las medidas económicas gubernamentales.
Después, anunciaron medidas económicas de liquidez para las empresas, pero se quedaron en eso, en un anuncio que se traduce, en realidad, en un empaquetamiento de avales por quintas partes en lugar de garantizar liquidez ilimitada a las empresas a las que han obligado a cerrar desde el sector público. El Gobierno debería darse cuenta de que si las empresas resisten, el empleo se recuperará a buen ritmo, pero si no lo hacen podremos tardar años en recobrar el nivel de actividad, prosperidad y empleo anteriores a esta crisis.
Y ahora, tras un debate intenso entre lo que propugnaba Iglesias y lo que quería proponer Escrivá, deciden impulsar una renta mínima, que constituye un elemento perjudicial para la economía y para los ciudadanos.
La medida queda lejos de la que quería Pablo Iglesias, que era, poco más o menos, llegar a subvencionar con 1.000 euros al mes a cerca de dos o tres millones de personas, y tampoco es tal y como la AIReF, cuando la presidía Escrivá, proponía. Queda limitada ahora a una horquilla entre 462 y 1.015 euros; el beneficiario es el hogar, no el individuo -en eso, sí que sigue la pauta de la AIReF-; y servirá para completar el ingreso de las familias hasta ese mínimo, habiendo hasta catorce clases de familias en lo concerniente a las ayudas que pueden recibir. Es decir, no se recibirán 462 euros en la banda baja, sino la diferencia que exista entre los 462 euros y lo que ingrese ese hogar.
Todo ello, reduce el gasto inicial a 3.000 millones de euros al año, que es verdad que es una cifra más baja que los 17.000 millones de euros que se desprendía de la estimación de la AIReF para unas 800.000 familias, que crecía hasta ese importe si llegaba al millón, como siempre dijo el Gobierno, que ahora deja a los hogares beneficiarios en 850.000. Y también es cierto que se exigirá el requisito de estar en búsqueda de empleo para poder acceder a la misma, con el intento de evitar abusos, pero sigue siendo contraproducente.
Había otras alternativas
Es obvio que no se puede dejar a la intemperie a las personas que se encuentren en una extrema necesidad, pero el establecer este ingreso mínimo vital no es la mejor manera de atender ese problema. Puede articularse algún subsidio de desempleo, como ya se hizo en el pasado con la prestación de 400 euros para quienes agotasen el plazo máximo del subsidio de desempleo, o eliminar el cómputo de consumo del período de prestación empleado a lo largo del presente año como consecuencia del coronavirus, o incluso aplicar la idea de Friedman de un impuesto negativo sobre la renta, pero no generar un subsidio permanente.
En primer lugar, porque sustituye cualquier incentivo al trabajo para muchas personas, pues pese a que se exija estar en búsqueda de empleo, es muy complicado demostrar que una persona no lo hace, habida cuenta de lo mal que funcionan los servicios de empleo públicos cuando se trata de encontrarle a alguien un puesto de trabajo. Y pese a que se prevé que no pierda la prestación un beneficiario que encuentre un puesto de trabajo, deberá estar muy tasado el espacio temporal para no caer en la picaresca.
En segundo lugar, porque puede convertirse en una suerte de votos cautivos a cambio del mencionado subsidio, recordando a los tiempos del caciquismo de la restauración, pero de manera disimulada y bajo el celofán del "escudo social" que no cesan de repetir en el Gobierno.
La Seguridad Social, al límite
Y en tercer lugar, porque presiona el gasto de manera exponencial, nos lleva a un déficit y deuda que pueden ser insostenibles y podría anticipar el colapso del sistema público de pensiones, pues introducir esta bomba de relojería en las cuentas de la Seguridad Social es una locura. El sistema acumula ya una deuda de más de 55.000 millones de euros a cierre de 2019, con un incremento de la misma a razón de entre 12.000 millones y 14.000 millones de euros anuales, con un incremento de casi 30.000 millones de deuda desde el último trimestre completo de Gobierno del PP. Así, con Sánchez la deuda de la Seguridad Social se ha incrementado en 27.661 millones, mayor el incremento en 298 millones que la deuda que tenía la Seguridad Social en el ITR-2018. Es más, con los nuevos préstamos adicionales solicitados en 2020, que suman 45.000 millones de euros, en endeudamiento se elevará exponencialmente en cuanto se publiquen dichos datos.
Si el sistema es ya deficitario y con semejante crecimiento de deuda, cómo va a soportar este coste añadido, en un contexto de grave crisis -que implicará caída de cotizantes, que ya ha empezado con el primer millón de afiliados perdido- y un aumento de pensionistas muy importante por jubilación de las cohortes más numerosas del baby boom.
Sin embargo, el Gobierno ha decidido implantar esta medida que agravará mucho la delicada situación de la economía española. Aunque el coste de la medida se haya reducido respecto a los primeros borradores (donde se movía entre 11.000 millones y 17.000 millones de euros), sigue suponiendo un coste no asumible para España, por lo estructural de la medida.
Eso significaría que a los alrededor de 14.000 millones anuales de incremento de deuda de la Seguridad Social de un año a otro -incrementada este año, por las circunstancias excepcionales que vivimos en otros 30.000 millones adicionales-, habría que sumarles otros 3.000 millones más. De esa manera, sólo por la evolución deficitaria del sistema, sin aplicar la renta mínima, la deuda de la Seguridad Social puede acabar en 2020 en casi 100.000 millones de euros-. Si, además, se aplicase la renta mínima, sobrepasaría los 100.000 millones de euros (contando sólo con siete meses de aplicación de dicha renta).
Ese coste de 3.000 millones de euros es mayor que el montante que Sánchez ha dejado en el Fondo de Reserva de la seguridad Social, con 2.150 millones de euros a cierre de 2019.
De esta manera, lo primero que pondrá en riesgo esta medida son las pensiones, pues incorporará una tensión extrema a las cuentas de la Seguridad Social. Si el sistema público de pensiones necesita ser reformado para garantizar su viabilidad, es del todo suicida desestabilizarlo más con esta pesada carga. Lejos queda cuando Aznar, que fue quien creó el Fondo de Reserva, lo dejase con 15.182,04 millones de euros en marzo de 2004. Ahora bien, si esos euros los transformamos en euros de diciembre de 2019, para hacerlos comparables en el tiempo con el importe del fondo a cierre de 2019, al aplicar la variación del índice de precios desde entonces (que ha crecido en ese período un 31,99%), la cifra que dejó Aznar en euros de diciembre de 2019 es de 20.038 millones de euros frente a los 2.150 millones -y descendiendo- a los que ha caído el fondo con Sánchez. Es cierto que como no es sostenible el sistema sin reformas, mientras no se reforme seguirá acumulando deuda y disminuyendo dicho fondo, pero nada ha hecho Sánchez para impulsar la reforma, al concentrarse en otros temas que, además, han aumentado el gasto. La renta mínima lo tensará todavía más.
En definitiva, es un camino equivocado el que ha elegido el Gobierno con la aprobación renta mínima permanente frente a otras alternativas más eficientes y que garantizarían, igualmente, el auxilio de las personas que se encuentran en una situación complicada, pero parece que el Gobierno está más por la labor de administrar la miseria de una sociedad subvencionada que por impulsar la prosperidad de una sociedad dinámica.