Toda decisión en materia económica de un gobierno necesita un tiempo para desplegar su impacto. Además, los continuos anuncios y declaraciones de los gobernantes van moldeando la confianza y las expectativas de quienes tienen que tomar las decisiones de inversión.
Desde que llegó a La Moncloa, las decisiones de Pedro Sánchez han ido en una dirección clara: incrementar los costes de producción (diésel, tasa Google, tasa Tobin, etc.) y, en especial, los costes laborales (el salario mínimo subió un 30% en dos años, bases máximas de cotización, etc.).
Esas decisiones se tomaron cuando la productividad laboral media crecía débilmente. Como es natural, al haber hecho lo opuesto de lo que se necesitaba, la productividad comenzó a descender. La productividad acumula siete trimestres consecutivos en descenso, algo que no ocurría desde 2006 (en aquella época, la caída de la productividad se financiaba con deuda, hasta que la burbuja estalló).
Que la productividad caiga significa que hace falta más gente para producir lo mismo, algo propio de una empresa en crisis. Ese coste extra podría compensarse con menores impuestos, por ejemplo. Pero ocurre lo contrario: el coste laboral total por trabajador, una vez descontada la inflación, lleva dos trimestres creciendo 1,5% interanual, que es la mayor subida en diez años.
Si consideramos al mismo tiempo la productividad y los costes laborales tenemos el coste laboral por unidad (CLU) producida. Como ambos componentes aumentan, el CLU también. En el cuarto trimestre de 2019, el CLU se incrementó 1,9% interanual, el mayor aumento en 15 años.
Ahora hablemos de las expectativas y la confianza. El discurso contrario a los empresarios se ha agudizado desde la entrada del comunismo en el gobierno de España. Desde hace meses, miembros del gobierno hablan continuamente de derogar por completo la reforma laboral, de aumentar mucho más los impuestos, de nacionalizar empresas "estratégicas" y de crear un gran banco público, entre otras cosas.
El gobierno aceleró el aumento del gasto público (antes de la pandemia ya crecía al mayor ritmo en nueve años) y no cumplió la meta de déficit fiscal en 2018 ni en 2019. La misma persona que como cabeza de la AIReF defendía la sostenibilidad de las cuentas públicas, ahora, como ministro de Seguridad Social, accede a implementar una renta básica que añadirá unos 4.000 millones de euros a un déficit fiscal que superará largamente los 100.000 millones este año (además de significar un paso adelante en la agenda bolivariana; aunque el Gobierno hable de 3.000 millones, el coste de la renta mínima sería mayor, pues lo han calculado con los datos de 2019 y no con los de 2020, que serán peores).
Todos estos son ejemplos de por qué, ya al final del año pasado, la confianza entre los consumidores era la menor en seis años y tanto en la industria como en los servicios era la más baja en cinco años.
Si tenemos en cuenta todo lo anterior (vamos mal e iremos a peor), no nos puede sorprender que Nissan haya decidido cerrar su fábrica de Cataluña. Más allá de los problemas particulares de la empresa y el sector, España ha perdido atractivo para la inversión. Ese es el verdadero problema.
Por eso, en lugar de pelear porque esa empresa revierta su decisión, gobierno y sindicatos deberían centrarse en evitar que otras sigan el mismo camino. ¿Cómo? Haciendo lo contrario de lo que han hecho hasta ahora. Si España fuera un lugar acogedor para las empresas y una multinacional decidiera irse, surgirían otras inversiones que crearían los empleos necesarios para reabsorber a los parados. Hoy, la realidad es exactamente la opuesta. Por eso la conclusión lógica es que Nissan no será la última en irse.
Diego Barceló Larran es director de Barceló & asociados (@diebarcelo)