850.000 hogares en los que viven 2,3 millones de personas. 5.538 euros al año para los adultos que vivan solos. 3.000 millones al año de coste para las arcas públicas…
A estas alturas, probablemente la mayoría de los españoles están al tanto de las grandes cifras del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Aunque sólo han pasado unos meses de Gobierno, ésta será, salvo que Pedro Sánchez se saque un conejo inesperado de la chistera, la medida estrella de la legislatura. Se ha notado en el previo (desde las luchas entre ministerios y vicepresidencia por anotarse el tanto y por marcar el ritmo de los anuncios) y se notará en los meses que están por venir (con las dos partes del Gobierno intentando que se les reconozca la autoría y sacar tajada electoral).
Estamos en política y todo esto es lógico. Desde un punto de vista publicitario, es evidente que la medida es un gran éxito para el Gobierno. Y, además, no hay más que ver la reacción de la oposición para saber que estamos ante una prestación que ha venido para quedarse.
Por una parte, porque es cierto, como ha recordado el propio José Luis Escrivá desde sus tiempos al frente de la AIReF, que en España los programas de rentas mínimas tenían graves problemas de diseño y eficacia. Por cierto, un inciso: el estudio completo de la AIReF sobre este tema deja claro que, a pesar de lo que podría pensarse escuchando a algunos miembros del Gobierno en los últimos días, este IMV no es una novedad absoluta ni España es un país que hubiese decidido dar la espalda a las familias en situación de extrema pobreza. Es lógico que desde el Ejecutivo quieran vender la medida, pero las rentas de inserción de las comunidades tenían el mismo objetivo que el IMV. Otra cosa es si lo estaban haciendo bien (no lo parece), si había grandes diferencias entre regiones (sí, las había) y si la ayuda llegaba a todos los que lo necesitaban (de nuevo, otro aspecto en el que hay mucho que mejorar).
¿Y cuáles eran esos problemas de eficiencia, alcance o equidad de los actuales programas de rentas mínimas? Pues unos cuantos. Y los organismos internacionales, también los europeos, hace años que nos advertían que por ahí teníamos un agujero que hay que cerrar (otra cuestión es si el IMV lo conseguirá).
Una de las primeras palabras que viene a la cabeza cuando hablamos de estas cuestiones es "desigualdad". Y sí, es cierto que España es uno de los países ricos de Europa con una mayor desigualdad de ingresos (aunque no de patrimonio). Lo que no es cierto es que esto se deba a que tengamos unos cuantos millonarios que se están quedando con todo. En realidad, en España el porcentaje de personas de rentas altas es relativamente bajo comparado con el de nuestros vecinos (y las rentas de estos ricos son menores que las rentas de los ricos franceses o alemanes). La desigualdad en España, aunque parece políticamente incorrecto decirlo, es más alta que en otros países europeos porque hay una gran diferencia entre los hogares más pobres y las clases medias. Ésa era la obsesión de Escrivá en la AIReF y lo que intenta solucionar con este ingreso, que el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cree que ayudará a "erradicar la pobreza extrema".
De hecho, en el diseño del IMV se percibe que el objetivo de la medida es que la renta llegue realmente a los hogares a los que va dirigida. Porque aquí hay otra cuestión de esas que los expertos conocen desde hace años, pero no sale demasiado en los medios (de nuevo, la corrección política y no decirle al lector tipo lo que no quiere escuchar): los programas de redistribución en España han fallado hasta ahora no porque los ricos se hayan escapado de los mismos o no hayan pagado lo que el Gobierno de turno ha decidido que les tocaba. En realidad, como puede verse en el gráfico de la derecha (clic para ampliar) en España lo que pierden los hogares de rentas altas por las medidas redistributivas (impuestos y prestaciones) está más o menos al nivel de los países del norte de Europa; la diferencia con estos países se encuentra en los hogares pobres (que en España también ganan con este tipo de políticas, pero menos que en otros lugares) y, sobre todo, en los hogares de clase media (que en España salen más beneficiados que en otros países en este juego de sumas y restas) [El gráfico está tomado del estudio Income Redistribution Through Taxes and Transfers across OECD Countries, vía Ángel Martínez Jorge].
Por cierto, en este punto es muy importante el papel de las pensiones y el hecho de que las medidas de redistribución y gasto social han estado muy centradas en las últimas dos décadas en España en los mayores de 65 años, mientras han olvidado, al menos en términos relativos a las familias y los jóvenes. Esta es otra cuestión polémica y un debate con muchas aristas pero, como ya hemos apuntado en otras ocasiones en Libre Mercado, el presupuesto no deja de ser una suma de decisiones políticas en el que muchos colectivos tratan de arrimar el ascua a su sardina.
Por último, sobre la desigualdad una cuestión relevante y que lo será todavía más en el desarrollo del IMV y en su puesta en marcha: el mercado laboral. De nuevo, a pesar de lo que podría pensarse leyendo la prensa, no es cierto que la desigualdad explotase durante los gobiernos del PP y se desplomase con los del PSOE. En realidad, si uno mira las series del Índice Gini que registra Eurostat pasa casi al contrario: la desigualdad se dispara de 2008 a 2013-4 y, a partir de ahí, comienza a descender. La clave en nuestro país es el mercado laboral: en los años con incremento del desempleo suben también (y más que en otros países) los índices de desigualdad y al revés, cuando se generan puestos de trabajo, caen los indicadores de desigualdad y pobreza. Y decimos que esto es importante porque cualquier medida que tenga estos objetivos tiene que ir acompañada de mejoras en el mercado laboral. Si no, su efectividad será mucho más reducida. O por decirlo de otra manera: lo normal, para dos países con exactamente el mismo esquema de rentas mínimas pero mercados laborales muy diferentes, es que los resultados no tengan nada que ver. Por eso, mirar a IMV de forma aislada, sin tener en cuenta lo que se haga con la legislación laboral, no tiene mucho sentido.
Los riesgos
Todo esto es muy importante a la hora de analizar los grandes riesgos que se intuyen detrás de este nuevo IMV. De algunos de ellos se está hablando bastante. De otros, no tanto (otra vez, la corrección política y los temas tabú).
El primer peligro, el más claro y que todo el mundo destaca, es que el programa se convierta en una trampa de la pobreza: familias que se acostumbran a vivir del IMV y no buscan un empleo, bien por miedo a perder el ingreso o porque no les sale rentable. Es cierto que el diseño de la medida intentará evitar este peligro. Como se explicaba en la presentación del Ministerio, (1) en los hogares que no trabajan, el cabeza de familia deberá inscribirse como demandante de empleo y, si encuentra uno, parte de su salario quedará exento del cálculo de la prestación; (2) si el que pide la prestación tiene un empleo (con ingresos muy bajos que le facultan para ser beneficiario de la misma), "por cada euro de salario adicional que gane un beneficiario, su IMV se reducirá en una cantidad inferior".
La pregunta es si esto será suficiente. Como explica José Ignacio Conde-Ruiz en Nada es Gratis, la pregunta es doble o triple: qué incentivos tiene alguien que gane 800-900 euros al mes para seguir trabajando si el IMV le garantiza 1.000 euros al mes (por ejemplo, si forma parte de un hogar de los que tienen derecho a 12.184 euros al año –cuadro con los ingresos por hogar a la derecha, clic para ampliar–). O qué incentivos tiene a aceptar un empleo si éste le va a suponer 100-150-200 euros al mes más. Es cierto que estas cantidades pueden ser muy importantes para los hogares de rentas bajas, pero no lo es menos que un trabajo implica gastos y otro tipo de problemas (desde el cuidado de los niños mientras el padre-madre está trabajando) que quizás no merece la pena afrontar por un pequeño incremento de la renta.
Y, por supuesto, está el tema siempre polémico de la economía sumergida. En ocasiones se ha exagerado este problema, pero no cabe duda de que en determinados sectores (servicio doméstico, agrícola, parte del servicios…) y en algunas regiones, es bastante frecuente. Por supuesto, en su mayor parte esa economía en B no tiene que ver con ricos que guardan sus fortunas en paraísos fiscales: el grueso de esta actividad oculta se centra en ocupaciones de bajo valor y cualificación, y en las regiones más pobres. Un ejemplo típico sería el de una empleada doméstica que, si cobra en negro, tiene derecho a percibir el IMV mientras mantiene su empleo, doblando así sus ingresos: ¿qué hará? ¿cómo se perseguirá esto? Ahí es donde el IMV supone un (mal) incentivo y uno de los puntos en los que las medidas para contrarrestarlo tendrán que ser más eficaces.
Por ahora, lo que sabemos es que no habrá obligación de aceptar las ofertas de trabajo que reciban los perceptores. Como explicaba este sábado Beatriz García en Libre Mercado: "Los hogares que no trabajen se deberán inscribir como demandantes de empleo y seguirán 'itinerarios de búsqueda', pero su participación en entrevistas de trabajo o el envío de currículums no será imprescindible para recibir el subsidio".
Hablando de incentivos, otra cuestión muy importante es la que tiene que ver con el incentivo de la ayuda en función del tipo de familia. Eso sí, mientras que el tema del empleo sí está muy presente en el debate, sobre esto otro apenas se dice nada (esa corrección política de la que hablábamos). Imaginemos una pareja de adultos con dos niños: si están casados o declaran que viven juntos, recibirán 10.523 euros al año; si cada uno declara que vive separado con uno de los hijos, recibirán 8.418 euros al año por hogar (6.500 euros más en total). En España y en Europa esto se trata mucho menos, pero en EEUU hace años que es una de las cuestiones que más preocupación genera entre los economistas y sociólogos. La caída en el número de matrimonios y el porcentaje de hijos de madres solteras está teniendo unos efectos terribles en los menores y no sólo por el incremento de los hogares monoparentales (que también), sino porque las parejas casadas con hijos tienen muchas más posibilidades de permanecer juntas (y de criar a sus hijos de forma conjunta) al cabo de unos años que aquellas parejas con hijos no casadas con un nivel de estudios-ingresos similar. Aquí, por ejemplo, una cita de un artículo de Yanet Yellen y George Akerlof (dos economistas más bien en el centro-izquierda del espectro, Yellen fue nombrada presidenta de la Reserva Federal por Barack Obama): "Si alguna lección de política pública hemos aprendido en los últimos 25 años, es que para los niños que crecen en hogares monoparentales las posibilidades de estar en una situación de pobreza son enormes". Pues bien, a pesar de esa evidencia, las políticas públicas se siguen diseñando sin tener en cuenta este hecho: no hay nada más radioactivo a nivel político ahora mismo que decir algo parecido a lo apuntado en este párrafo o insinuar que, ya que la principal preocupación son los niños pobres y sus condiciones de vida (una preocupación muy lógica) quizás no estaría de más fijarse en aquello que todos los estudios coinciden que hace su vida más complicada (vivir en un hogar con un solo adulto) o fijarse en el indicador que mejores resultados ofrece en las estadísticas (vivir con sus dos padres y que estos estén casados). El IMV también ignora este hecho por completo. De hecho, casi podría decirse que parece diseñado para empeorar las cosas al respecto.
De Bruselas a las CCAA
Por último, dos cuestiones más que también tiene su relevancia. La primera es cómo encajará esta ayuda con los ingresos de inserción que ya están presentes en algunas comunidades autónomas. Durante las semanas previas a su aprobación, parecía que el IMV serviría de complemento a estas ayudas: es decir, si un hogar recibía 500€ de su región, lo que haría el IMV es poner el resto hasta el mínimo fijado por el Estado. Finalmente, parece que no será así. Sí se tendrán en cuenta otras rentar que perciban los hogares, pero no las que cobren de las autonomías como rentas mínimas. Esto tiene dos derivadas: por una parte, puede empujar a las regiones a reducir sus programas actuales y confiar en el Estado para la asistencia a los hogares de menos ingresos. O al contrario, si las regiones (o algunas de ellas) mantienen sus programas y el IMV no los complementa, sino que se suma a los mismos, lo que podemos tener es una situación en la que los ingresos de aquellos que reciban estas rentas podrían ser relativamente superiores a los previstos en el IMV (lo que tendría todavía más efecto en lo apuntado antes para el mercado de trabajo).
Pero si la negociación con las regiones se prevé interesante, no lo será menos la que tenga lugar en Bruselas. Aquí el Gobierno tiene un argumento de peso a su favor: desde hace años, en casi todos los informes sobre la economía española y sobre su política social se hace hincapié en la importancia de mejorar los programas de ayudas para que lleguen a los que realmente lo necesitan. En la Comisión tienen claro que ahí el Estado del Bienestar español tenía un problema que debía solucionar.
En cualquier caso, incluso así, el IMV sigue siendo una nueva partida del Presupuesto que ascenderá al menos a 3.000 millones. Ése es el cálculo del Ministerio y, en estas semanas, se antoja optimista. Y al final España sigue teniendo un enorme problema de déficit y habrá que explicar de dónde saldrá ese dinero, qué otras partidas se recortarán o qué ingresos subirán.
Además, en este punto de las negociaciones con Bruselas será muy importante la cuestión del mercado laboral. Ingresos mínimos hay en muchos sitios pero, como hemos apuntado, una de las claves más importantes para su funcionamiento reside en su relación con el mercado laboral: si éste es dinámico y ofrece oportunidades a los trabajadores peor formados, la renta mínima puede suponer una ayuda para pasar por un momento de dificultad e, incluso, reincorporarse a la vida activa con más garantías. Pero si el mercado laboral no funciona o no ofrece oportunidades a los trabajadores menos cualificados, esa misma renta mínima puede convertirse en la excusa para no salir de esa situación: se transforma en esa trampa de la pobreza de la que hablábamos antes. Las pretensiones del Gobierno respecto de la reforma laboral o la subida del salario mínimo no ayudan especialmente en este punto: en realidad, lo más probable es que compliquen ese acceso al mercado laboral. En Bruselas, ninguna de las dos cosas gusta especialmente, algo que también tendrá su importancia en los próximos meses.
¿Cómo funcionará el IMV? ¿Servirá, como asegura Escrivá, para erradicar la pobreza extrema? ¿Se convertirá en una trampa para sus perceptores? ¿Ayudará a incorporarse al mercado laboral o servirá como freno? ¿Incentivará la economía sumergida? El ministro ha asegurado que podrá los datos a disposición de los investigadores para que analicen el impacto de la medida: una propuesta de transparencia que es, en sí misma, importante y no muy habitual en España. Eso sí, como siempre que se ponen en marcha estos programas, no deberíamos ignorar algo que es fundamental, pero que en demasiadas ocasiones olvidamos: el éxito de estas ayudas debería medirse por la cantidad de personas que dejan de necesitarlas. Que crezca el número de potenciales beneficiarios no es un logro, es un fracaso.