El Gobierno "deja atrás" a millones de españoles pese a las promesas de Sánchez e Iglesias

"No vamos a dejar a nadie atrás". Esta es una de las muchas promesas que lanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, poco después de decretar el estado de alarma el pasado 14 de marzo, aprovechando que ese mismo día anunciaba la movilización de hasta 200.000 millones de euros para hacer frente a las consecuencias de la crisis del coronavirus.

Sin embargo, apenas han pasado dos meses desde aquellas palabras y la realidad es muy diferente. Para empezar porque, a pesar de haber impuesto uno de los confinamientos más duros y estrictos del mundo, España, por desgracia, encabeza el ranking global de fallecidos por cada millón de habitantes, tan sólo superado por Bélgica —que contabiliza también los casos no confirmados con síntomas compatibles—, al tiempo que sufrirá una de las mayores caídas del PIB en 2020, superior al 10%.

El Gobierno de PSOE y Podemos, por tanto, ha fracasado estrepitosamente en el objetivo de salvar vidas, pero también en el de salvar la economía. Ni una cosa ni otra, tal y como ejemplifica el economista Luis Huete en el siguiente gráfico.

Más de 1,1 millones de empleos destruidos

Pero es que, por si fuera poco, son millones los españoles que se han visto abandonados debido a la mala gestión del Gobierno, empezando por los parados. España ha destruido cerca de 900.000 puestos de trabajo en marzo y abril que, sumados a los 250.000 que se han dejado de crear en estos meses, arrojan en total más de 1,1 millones de empleos perdidos como consecuencia de la crisis del coronavirus.

La tasa de paro, como consecuencia, podría cerrar el ejercicio por encima del 20%. Otros países afectados por la pandemia registrarán, igualmente, un aumento sustancial del desempleo, pero la diferencia radica en la elevada tasa española y el riesgo de que ésta pueda convertirse en estructural y, por tanto, permanente.

La escasa posibilidad de reconversión que presentan buena parte de los trabajadores golpeados por esta crisis, especialmente en hostelería y comercio, debido a su escasa formación y la alta temporalidad de sus contratos, y, sobre todo, el plan del Gobierno para derogar la reforma laboral de 2012, con la rigidez que ello supondría, complica de forma sustancial la recuperación del empleo a corto y medio plazo, condenando a muchos a una larga travesía en el paro.

900.000 afectados por ERTE sin cobrar

Asimismo, el confinamiento decretado por el Gobierno a mediados de marzo ha provocado que cerca de 3,4 millones de trabajadores se hayan tenido que acoger a una suspensión temporal de empleo (ERTE), casi el 20% de los afiliados a la Seguridad Social a 30 de abril.

"Estas cifras equivalen a todas las personas que se encontraron en situación de ERTE por suspensión de contrato desde enero de 1992 hasta enero de 2020, es decir, casi 28 años", según advierte Fedea. Aunque el mayor problema, en este caso, es que más de 900.000 trabajadores en ERTE todavía no han cobrado la correspondiente prestación del Estado, siendo muchos los que no ingresan un euro desde marzo, tal y como denuncian los gestores administrativos.

Autónomos sin prestaciones ni devolución fiscal

A este particular drama se suman, por otro lado, cerca de 1,4 millones de autónomos que, según las últimas estimaciones del Gobierno, se han acogido al cese de actividad tras el cierre de sus negocios o el desplome de la facturación. Muchos, sin embargo, no podrán acreditar en marzo la caída de ingresos del 75% que exige la normativa, ya que el cierre afectó a la segunda quincena, de modo que se verán obligados a devolver la prestación recibida por el cese de actividad correspondiente a ese mes, tal y como denuncia la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

A todo ello su suman las reticencias que ha mostrado Hacienda a la hora de retrasar la liquidación de impuestos e incluso el retraso injustificado que están sufriendo miles de autónomos que, trabajando también como asalariados, todavía no han ingresado el exceso de cotizaciones sociales abonadas en 2019.

La Seguridad Social está obligada por ley a devolver a los autónomos en pluriactividad el 50% del excedente de cotización sobre la base máxima, cuyo pago se tenía que haber producido antes del 1 de mayo, pero se escuda en el estado de alarma para no liquidar la deuda pendiente, con el consiguiente perjuicio a estos contribuyentes. El Gobierno devolvió el año pasado unos 26 millones de euros a cerca de 25.000 autónomos en pluriactividad.

Cierre de 100.000 empresas

Y, por último, la crisis se ha llevado por delante más de 100.000 empresas en apenas dos meses, lo cual constituye una pésima noticia tanto para los trabajadores como para la estructura productiva del país, de cuya buena marcha depende el crecimiento económico y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El Gobierno prometió hasta 100.000 millones de euros en avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para garantizar la liquidez necesaria a las empresas afectadas para evitar su quiebra, pero, hasta el momento, apenas ha movilizado la mitad, unos 46.000 millones. Aunque el cierre de las plantas de Nissan y Alcoa anunciadas el pasado jueves nada tienen que ver con la crisis del coronavirus, el ambiente hostil que transmite este Gobierno hacia el mundo empresarial no sólo no ayuda en nada a la recuperación económica, sino que la dificulta aún más.

Prueba de ello es que las quejas por parte de las patronales han sido constantes durante las últimas semanas, hasta el punto de protagonizar un choque frontal con la CEOE por la derogación unilateral de la reforma laboral, pero también con los agricultores, después de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, les acusara de "esclavitud laboral", o el propio sector turístico, tras los desprecios vertidos por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, al tildarlo de "precario, estacional y con bajo valor añadido", pese a ser el principal motor económico del país.