Informes, recomendaciones, previsiones, anexos… El Semestre Europeo es el paraíso de la burocracia bruselense. Enormes cantidades de documentación, toda ella muy bien estructurada y accesible. No especialmente atractiva para el gran público; el diseño de los documentos tiene ese punto anticuado que parece transmitir que allí lo que se busca es la eficacia y el contenido, no el gráfico resultón. Y, por supuesto, lo más importante, con la inflexible continuidad de una maquinaria imparable: cada año, pase lo que pase, se siguen los calendarios previstos y las publicaciones van apareciendo en la web de la Comisión.
Al ciudadano europeo medio, todo esto le pilla de lejos. De hecho, la sucesión de titulares es tal que resulta complicado situarse. Todo suena a un poco ya sabido. Cada pocos meses, llega una remesa de noticias que dicen que la Comisión calcula que España crecerá tanto o tendrá tal déficit, de análisis que escrutan el lenguaje técnico para saber si en Bruselas están más o menos contentos con cada país, y de propuestas sobre las eternas reformas estructurales que no hemos hecho. Al final, el resumen que sacan incluso los más informados suele ser del tipo: "Le han dado otro toque al Gobierno por el déficit y siguen ahí con la matraca de las pensiones".
Este año, además, la crisis del coronavirus lo ha complicado todo un poco más. Del 26 de febrero, cuando se publicaban los informes detallados por país, al pasado miércoles 20 de mayo, cuando se anunciaban las "recomendaciones" de la Comisión, han pasado mucho más que tres meses. Resulta rarísimo leer documentación que remite a tablas o cifras con previsiones pre-covid.
Sin embargo, también tiene una ventaja: permite sustraerse un poco al ruido del momento. Porque las noticias de esta semana apuntaban un cambio en las comunicaciones desde Bruselas: ahora la prioridad deja de ser el déficit o la deuda; al menos a corto plazo. Lo urgente, en estos momentos, es la recuperación y la Comisión pide a los estados miembros que refuercen sus sistemas sanitarios, faciliten liquidez al tejido productivo y actúen como red de seguridad para el sector privado. Y es cierto que el objetivo actual es intentar que la crisis sea algo menos dura y que durante unos meses casi nadie mirará una décima más o menos de déficit (aunque también es verdad que la Comisión le pide a nuestro país que "cuando las condiciones económicas lo permitan, debe perseguir políticas para conseguir posiciones fiscales prudentes en el medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda").
En este sentido, podría parecer que la crisis supone en cierta medida un balón de oxígeno para el Gobierno, que se quitará de la chepa, por unos meses, a los halcones de Bruselas, obsesionados con cuadrar las cuentas. En realidad, lo que ocurre es casi lo contrario, porque el impacto en la economía española es de tal magnitud que nuestro país necesitará (de hecho, el proceso ya está en marcha) de la ayuda y el aval de sus socios. Y ahí, la lectura conjunta de los documentos de febrero-abril-mayo sí deja algunos apuntes muy interesantes (y preocupantes). En el lado del análisis, la crisis golpeará en algunos de los puntos donde la economía española es más débil: sobre todo es preocupante el impacto en la financiación desde el exterior para un país que sigue estando fuertemente endeudado. En cuanto a la política, llama la atención la falta de cumplimiento por nuestra parte de las recomendaciones. Año tras año, España ignora olímpicamente las peticiones de los tecnócratas comunitarios. Es un juego un tanto cansino de repetitivo, en el que uno dice siempre lo mismo sabiendo que será ignorado y el otro pone cara de contrición sabiendo que el otro sabe que no hará lo que promete.
El problema es que, en esta ocasión, España necesita de sus socios algo más. Ahora no vale con que miren hacia otro lado. Tienen que implicarse y rascarse el bolsillo. Y eso ya es más complicado, sobre todo cuando uno observa el nulo efecto de las anteriores advertencias. Lo ocurrido con el lío de la derogación de la reforma laboral y el enfrentamiento entre Nadia Calviño y Pablo Iglesias es sólo un episodio más, aunque muy significativo: mientras el Gobierno negocia (suplica, casi) la asistencia y la ayuda comunitaria, anuncia que laminará la reforma que más gusta en Bruselas, una de las pocas cuestiones en las que hay consenso en que España ha hecho bien las cosas. España se la está jugando en estas semanas y lo está haciendo con muy malas cartas en su mano.
Cuatro claves
Las siguientes son cuatro claves que explican el peligro en que se encuentra nuestra economía y el delicado juego en el se ha embarcado nuestro Gobierno. Ahora que todo el mundo habla de "solidaridad" y de poner recursos a disposición de los estados, puede parecer que el órdago le saldrá bien. Pero, cuidado, seguimos estando muy cerca del precipicio y cualquier paso en falso puede ser fatal.
- Vulnerables. La Posición de Inversión Internacional Neta (PIIN) de España es preocupante. Incluso aunque se ha reducido desde los máximos de 2008-09, sigue en el entorno del 80% del PIB (con una deuda bruta con el exterior de cerca del 180% del PIB). Esto quiere decir que seguimos dependiendo en buena parte de los inversores extranjeros y en un nivel muy superior al de otros países. Es cierto que la Comisión apunta que "la composición de los pasivos exteriores de España en términos de instrumentos y vencimiento mitiga algunas de las vulnerabilidades" (esto es así porque ha crecido la inversión directa –en capital-, que ha ganado peso frente a la deuda). Además, "la mayor parte de la deuda exterior tiene vencimientos a un año o más (aproximadamente el 76 % de la deuda exterior pública y privada) y el vencimiento medio ha venido aumentando en los últimos años, lo cual ha reducido aún más los riesgos".
Como, por otro lado, España ha mantenido superávits por cuenta corriente en los últimos ejercicios, durante un tiempo nos hemos olvidado de este punto. Pero no deberíamos: de los grandes países de la UE, España es con mucha diferencia el que mantiene una PIIN negativa más elevada. Y sí, aunque el sector privado se ha desapalancado con fuerza desde la última crisis, sigue estando muy endeudado en comparativa con el de otros países. Y el sector público ha pasado de ese 35-36% con el que llegó a la última crisis al 97-98% actual. La PIIN es uno de sus indicadores muy técnicos a los que nadie hace demasiado caso cuando las cosas marchan con normalidad, pero que se vuelve una preocupación enorme en momentos de contracción del crédito y, sobre todo, incertidumbre sobre una economía.
- Incumplidores. Sobre esto se ha hablado tanto que todo lo que se diga suena a ya conocido. Pero si uno mira los últimos datos y lo ocurrido en esta primavera de 2020, se sigue sorprendiendo.
Tras más de siete años de crecimiento continuado, España mantiene el déficit público más elevado de la Eurozona junto a Francia. Y no es sólo cuestión de la cifra, sino del recorrido, las promesas y los incumplimientos:
- El primer objetivo de déficit al que se comprometió España para 2019 fue del 1,3% del PIB
- Cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno a mediados de 2018, una de las primeras cosas que hizo fue decirle a Bruselas que por ahí no pasaba y que quería medio punto más de margen para aquel año 2018 y para 2019. Bien, nuevo objetivo: 1,8% del PIB.
- A lo largo de 2019, cada vez quedaba más claro que España tampoco cumpliría con esa cifra del 1,8% y el Gobierno pidió margen hasta el 2%. Eso sí, prometía una y otra vez que cumpliríamos esta nueva meta: de hecho, en noviembre del año pasado, ésta seguía siendo la versión oficial.
- Pues bien, en marzo de 2020, tras el cierre del ejercicio, el Gobierno reconoció que en realidad el déficit ascendió al 2,6%. Pero ni siquiera aquí terminó la opereta del déficit español. Unas semanas después, Eurostat rectificaba las cifras españolas y situaba el déficit público de 2019 en el 2,82% del PIB. ¡Desde el 1,3% con el que comenzamos!
Desde la óptica de nuestros socios europeos, el principal problema de las cuentas públicas españolas no es el 115-120% de deuda sobre el PIB con el que acabaremos este año si se cumplen las previsiones de los organismos internacionales. El principal problema es de credibilidad. Y no tenemos ninguna.
- Pasotas. En el siguiente link se encuentra el documento de la Comisión "Informe sobre España 2020. Evaluación de los avances en lo que respecta a las reformas estructurales y la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, y resultados de los exámenes exhaustivos conforme al Reglamento". Es de febrero, es decir, pre-covid, por lo que no le afecta lo ocurrido en las últimas semanas.
En la página 113 puede encontrarse el cuadro general que resume los logros españoles respecto de las Recomendaciones Específicas por País (REP) incluidas en anteriores documentos de la Comisión. Están divididas en cuatro grandes capítulos (Gasto público, Empleo y política social, Inversión e innovación, Unidad de mercado) que, a su vez, se subdividen en más de 20 puntos. En cada uno de ellos, la Comisión va anotando los progresos con una escala de cinco puntos: "Ningún avance" – "Avances limitados" – "Algunos avances" – "Avances sustanciales" – "Aplicadas plenamente".
No hay que engañarse con el lenguaje diplomático comunitario. "Ningún avance" en ocasiones implica retrocesos (por ejemplo, es lo que dice para las pensiones, aunque el propio texto reconoce que las medidas adoptadas generarán más déficit). Y "avances limitados" o "algunos avances" en realidad apenas sugieren mínimos cambios o, más a menudo, meras declaraciones de intenciones del estado miembro. En los cuatro grandes apartados, la nota es "Avances limitados": la calificación mínima que da la Comisión salvo enfrentamiento abierto entre el Gobierno del país y Bruselas. En realidad, España no alcanza el nivel "Avances sustanciales" ni una sola vez, ni en los cuatro grandes capítulos ni en ninguno de los subepígrafes: 0 de 27. Ése es el nivel de pasotismo del Gobierno español en lo que respecta a las recomendaciones de sus socios (sí, los mismos socios a los que pide "solidaridad").
- Desafiantes. De hecho, lo ocurrido esta semana nos dice que en algunos aspectos no es que España no logre "avances", es que retrocede. Nos hemos declarado en abierta rebeldía con Bruselas. Parecería como si les estuviéramos desafiando. Y en condiciones normales, es una opción muy respetable: cada país puede decidir que no sigue las recomendaciones de la UE por la razón que sea. Pero las nuestras no son condiciones normales, porque España quiere que sea esa misma UE la que le avale o financie. No parece que despreciar sus consejos sea lo más adecuado.
Porque, además, no hablamos de temas menores. En los documentos de Bruselas destacan dos grandes problemas de nuestra economía: mercado laboral y equilibrio de las cuentas públicas. Y en las dos cuestiones, sus recomendaciones son muy claras: en el primer punto, lo que piden es profundizar las reformas, hacer más flexible la contratación y eliminar las barreras entre fijos y temporales reduciendo las cargas de los primeros. En lo que hace referencia al déficit, más que un objetivo a corto plazo, lo que quiere la Comisión es una senda de consolidación creíble a medio-largo plazo. ¿Y qué es lo que ha hecho el Gobierno hasta ahora en estos apartados? Anunciar que va a derogar la reforma laboral que tanto gusta en Bruselas (y que está pidiendo que vayamos más allá) y derogar la reforma de las pensiones de 2013 que imponía una senda de sostenibilidad en la principal partida de gasto público. Esto va más allá de no hacerles caso, es que directamente les estamos retando.
Como muestra, un botón: la subida del SMI, una de las medidas más queridas y publicitadas del Gobierno. Esto es lo que dice la Comisión al respecto:
El salario mínimo seguirá aumentando en 2020, aunque todavía no se ha cuantificado el impacto que ha tenido en el empleo la subida de 2019. Cuando el aumento del salario mínimo entró en vigor, en enero de 2019, el empleo seguía creciendo con fuerza. Desde entonces se ha ralentizado el crecimiento del empleo, si bien, sobre la base de la información disponible, es difícil evaluar en este momento la parte de la ralentización que puede atribuirse al incremento del salario mínimo. Sin embargo, los datos de la afiliación a la Seguridad Social indican que es probable que se haya visto afectado el empleo de algunos grupos en sectores específicos (por ejemplo, los trabajadores domésticos, la agricultura). En enero de 2020, el Gobierno, tras pactar con los interlocutores sociales, volvió a incrementar el salario mínimo en un 5,6% (hasta 950€ en 14 pagas). Se calcula que ello supone que el salario mínimo alcanzará aproximadamente el 60% de la mediana de los ingresos mensuales brutos de un trabajador a tiempo completo en 2020. En 2018, solo tres Estados miembros, todos con tasas de desempleo mucho más bajas, tenían un salario mínimo por encima de este umbral.
La Comisión recrimina al Gobierno decretar la subida del 2020 sin saber cuáles fueron los efectos de la de 2019 y apunta un dato interesante: somos uno de los países con un SMI relativo al salario mediano más elevado… incluso aunque tenemos una tasa de paro, sobre todo entre jóvenes, parados de larga duración y trabajadores no cualificados mucho más elevada que nuestros socios. Y ni siquiera es uno de los puntos en los que el informe es más crítico con la política de los últimos años.
Los dos planes
En las previsiones económicas de la propia Comisión se incluyen algunos datos muy preocupantes. Son ese desplome de la actividad cercano al 10% del PIB para este año, con un déficit superior incluso a ese 10% y una deuda que se va por encima del 115%. Y no es el organismo más pesimista: hay informes que anticipan una caída del PIB e incremento del déficit superiores. Europa nos advierte de lo que se nos viene encima. Y hasta ahora ha mantenido abiertas muchas opciones. Nunca antes se habían puesto encima de la mesa tantos mecanismos de ayuda y con tan pocas contraprestaciones.
En estos momentos, hay dos grandes opciones: el plan franco-alemán de 500.000 millones en transferencias presupuestarias directas (no préstamos) y el contra-plan de los llamados "frugales" (Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca) que piden un fondo temporal, a través de préstamos y sin mutualización de deuda. Parece evidente con qué bando se alineará el Gobierno español y cuáles son sus objetivos. Lo que no está tan claro es que sus acciones estén ayudando demasiado a lograr el resultado que pretende.