Los asesores fiscales tiemblan ante el último proyecto de ley del Gobierno. Fue el pasado martes —en el anterior Consejo de Ministros— cuando el Ejecutivo socialista decidió modificar la Ley General Tributaria para trasponer la Directiva europea conocida como DAC 6. Esta norma "establece la obligación por parte de los intermediarios fiscales de declarar las operaciones que puedan considerarse como planificación fiscal agresiva y que se produzcan en el ámbito internacional", explicó el departamento que dirige María Jesús Montero en un comunicado.
Cualquier asesor, abogado o gestor que preste un servicio a un contribuyente en España es considerado un intermediado fiscal, y con esta nueva norma, Hacienda pretende convertirles en una especie de confidentes o detectives. Pero los profesionales ni siquiera tienen clara cuál es la información que deben desvelar. "La fiscalidad agresiva es un concepto jurídico indeterminado", declara el ex director general de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo, a Libre Mercado, que además, asegura que, en sus 40 años de profesión, "es la primera vez que me encuentro con ese concepto en una norma jurídica. Solo lo había oído en charlas de café".
Los indicios de planificación fiscal agresiva, según Hacienda, "están tasados en la propia Directiva e incluye, entre otros: la remuneración del intermediario en función del ahorro fiscal obtenido a través del mecanismo de planificación, la adquisición de empresas en pérdidas para aprovechar las mismas fiscalmente o situaciones en donde pagos efectuados son gasto deducible para el pagador, pero no se gravan o se gravan de forma limitada en el perceptor existiendo vinculación entre pagador y perceptor".
El experto asegura que estos ejemplos "son para echarse a temblar. Es muy habitual que los asesores cobren en función del ahorro fiscal al cliente, y con esto, quieren penalizar que se produzca ese ahorro y la economía de opción", que es la que permite a un contribuyente acogerse a la normativa tributaria más beneficiosa, por supuesto, de manera legal.
Para Jarabo, obligar a los asesores a informar sobre la planificación fiscal de sus clientes "contraviene nuestra profesión, el secreto profesional —bajo la que se ampara— y deja indefensos a los clientes, que no tendrán motivos para contratar nuestros servicios". Según lo aprobado por el Gobierno, estos profesionales estarán "obligados" a presentar una declaración con la información sobre los secretos de los contribuyentes ante la Agencia Tributaria. "Cuando se apruebe la ley", el experto cree que "nos facilitarán un modelo" para rellenar. Entre los datos que le exigirían a los asesores están: "la identificación de las partes, el resumen de la operación, el valor de la misma o la fecha de realización". En definitiva, todos los detalles.
¿Evitará la salida de capitales?
En principio, puede parecer extraño que Gobierno haya elegido este momento para aprobar una medida que nada tiene que ver con el coronavirus. Al ser una Directiva europea, que entra en vigor el 1 de julio, tendría que haberla traspuesto a finales de 2019, y no lo hizo. Eso sí, si tenemos en cuenta el tipo de información que quiere controlar el fisco, pueden ir cuadrando los motivos. Y es que, de lo que quiere estar al tanto Hacienda es de los "mecanismos transfronterizos (operaciones, negocios jurídicos, esquemas, acuerdos) que realicen las partes en dos Estados miembros de la UE o un Estado miembro y un tercer Estado". Este punto hace referencia al dinero que se traslade de un país a otro, lo que a Jarabo le parece "sospechoso" y que puede estar relacionado con un creciente interés de Hacienda por evitar que el dinero salga de nuestro país. "Es sospechoso que lo hagan cuando Podemos está metiendo prisa con el impuesto a los ricos", señala.
A día de hoy, Jarabo es socio de Ruiz-Jarabo Asociados, y confirma que entre los contribuyentes con los que trata "hay mucho miedo" a que se produzca una subida masiva de impuestos. "Se junta tener a Podemos en el Gobierno con la debacle económica, que va a provocar una necesidad real de evitar que las arcas del Estado se queden vacías", apunta. El ex director general de la Agencia Tributaria reconoce que ha vivido "algún momento de pánico" de algún cliente, "aunque yo creo que no está justificado, no por falta de ganas de Podemos, sino porque el PSOE no se va a atrever a tocar ciertas partidas". A la pregunta de si alguno de sus clientes ha trasladado su patrimonio fuera de España en las últimas semanas, la respuesta es "sí".
Preguntado por este periódico hace varias semanas sobre si la Agencia Tributaria (AEAT) ha observado salidas de capitales de España hacia países como Luxemburgo o Suiza, como han publicado varios medios, el director general de la AEAT, Jesús Gascón, negó disponer de esa información. "Controlamos a pleno rendimiento la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, con intercambios de información con otros países", se limitó a declarar.
Hay que tener en cuenta que en la UE hay libertad de movimientos de capitales y que, por ejemplo, trasladar el dinero a una cuenta en el extranjero u otras operaciones transfronterizas son completamente legales. Así lo reconoce Hacienda: "La obligación de declaración de un mecanismo transfronterizo no implica necesariamente que sea defraudatorio o elusivo, sino únicamente que en él concurren determinados indicios de planificación fiscal". Aun así, Hacienda no quiere perderse ni uno de esos movimientos.
Multas si no hay 'chivatazo'
María Jesús Montero justifica la aprobación de esta medida en plena crisis de la covid-19 en que "una situación de emergencia como la provocada por la pandemia es muy necesario avanzar en medidas que hacen al sistema fiscal más justo y le permiten cumplir su función redistributiva y de garante del Estado de bienestar". El Gobierno considera "que la trasposición de esta Directiva comunitaria es un paso más en la lucha contra el fraude y la elusión fiscal. Supone una herramienta de intercambio de información muy útil para evitar estas prácticas ilegales o abusivas que erosionan el sistema tributario", señalan.
Las declaraciones se presentarán ante la Agencia Tributaria, que remitirá los datos a la Comisión Europea. Allí se clasificarán en un directorio gestionado por la institución comunitaria y será accesible a los Estados miembros a efectos del intercambio de la información.
Con esta normativa Hacienda elimina de un plumazo el secreto profesional de los asesores fiscales y les obliga a revelar los movimientos de sus clientes. "Se limita el secreto profesional a aquellos intermediarios que prestan un asesoramiento neutral con el único objetivo de evaluar la adecuación del mecanismo a la normativa aplicable, y sin procurar ni facilitar la implantación de esa planificación fiscal", señala Hacienda, que con ese asesoramiento neutral se refiere al banco o al contable. "Es una locura, yo tengo clientes famosos con los que he firmado un contrato de confidencialidad, simplemente, para evitar que se conozcan sus asuntos personales en la prensa del corazón, ¿ahora les tengo que delatar en base a mí apreciación?", se pregunta Jarabo.
De no hacerlo, la factura puede hundir el negocio de cualquier gestoría o asesoría porque la ley también incluye un régimen sancionador "por la falta de presentación, presentación inexacta o incompleta de las declaraciones". Así, con carácter general, Hacienda amenaza con multas de 2.000 euros por dato o conjunto de datos "omitido o inexacto con un mínimo de 4.000 euros".