Sin una explicación, ni una disculpa, ni una pequeña aclaración sobre por qué del cambio de criterio, ni siquiera algún detalle sobre cómo se aplicará la medida. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, anunciaba este domingo algo sobre lo que se especulaba en las últimas semanas: "Será obligatorio el uso de mascarillas en todos los lugares públicos".
Y hasta ahora no se hablaba más del tema porque el propio Gobierno lo había negado por activa y por pasiva. Bueno, no sólo había negado que se fuera a poner en marcha la medida, es que incluso lo había desaconsejado y había señalado a aquellos que habían aconsejado el uso de las mascarillas.
Como en otros muchos aspectos de esta crisis del coronavirus, la cronología y la hemeroteca dejan en muy mal lugar al Gobierno, al ministro de Sanidad, a Fernando Simón y a sus expertos (sean estos quienes sean):
** 25-26 de febrero – "Ningún sentido": ya hace casi tres meses, en las ciudades españolas comenzaba a verse a personas con mascarillas. Pocas, todavía era algo relativamente infrecuente, pero su número iba creciendo. Y en algunas comunidades (por ejemplo, entre los inmigrantes de origen asiático) su uso estaba muy extendido.
Pues bien, en aquellos días preguntaron a Fernando Simón y Salvador Illa por su uso. Y la respuesta tanto del director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias como del ministro de Sanidad fue en la misma línea. El primero dijo que no tenía "ningún sentido" que las personas sanas usasen mascarillas. Por su parte, Illa pedía "no caer en alarmismos" y desaconsejaba "ir con mascarillas por la calle" (las declaraciones de ambos, en el vídeo que Libertad Digital TV publicaba hace unos días "Ocho minutos de infamia que deberían hacer caer al Gobierno del 8-M").
** Mes de marzo – "Si estás sano, no las uses": durante todo el mes de marzo, incluso tras la declaración del estado de alarma, el mensaje siguió siendo el mismo. El Gobierno desaconsejaba su uso a las personas sanas y sólo las recomendaba a pacientes enfermos o con sintomatología.
De hecho, se sucedían las declaraciones (de miembros del Gobierno, periodistas, cargos públicos) en las que casi se mofaban de los ciudadanos que las usaban. Los siguientes tuits, del Ministerio de Sanidad abarcan desde la última semana de febrero a la última de marzo. Como puede verse, el día 24 de ese mes, cuando ya habían pasado diez días de estado de alarma y confinamiento, la cuenta oficial del Ministerio le decía a los españoles: "Si estás sano, no es necesario mascarilla".
Ése era el mantra y se repetía a todas horas, junto con una serie de argumentos que nos alertaban de la "falsa sensación de seguridad" de llevarlas, nos decían que podían ser "peligrosas" si se usaban mal y nos aseguraban que "no protegen" a los que están sanos...
** 1-9 de abril - Ni sí, ni no… sino todo lo contrario: la sorpresa llegaba el día 3 de abril, cuando Pedro Sánchez visitaba una fábrica de ventiladores con guantes y mascarillas (aunque hacía un uso inadecuado de esta última, quitándosela y poniéndosela sin seguir las instrucciones al respecto).
Como el Gobierno había dicho que no eran necesarias ni recomendables para las personas sanas, surgían todo tipo de especulaciones: ¿estaba enfermo el presidente del Gobierno? ¿O es que creía que para la población general eran de aplicación unas normas y protocolos que eran diferentes a los que debía aplicarse él mismo?
En la rueda de prensa posterior al siguiente Consejo de Ministros, los periodistas preguntaban al respecto a la portavoz: ¿había cambiado de criterio el Gobierno? ¿Era recomendable o no el uso de las mascarillas? Su respuesta fue enigmática. Montero dijo que "sería especular" aclarar a los ciudadanos si debían o no debían usar mascarillas. Casi un mes después de declarado el estado de alarma, este hecho, clave para los miles de españoles que cada día tenían que salir a la calle a trabajar o comprar, no tenía respuesta desde el Gobierno.
** 10 de abril - Ahora sí, son "aconsejables": el día 10 de abril llegaba el siguiente cambio de criterio. El Gobierno comenzaba a recomendar el uso de mascarillas para los viajeros de transporte público y anunciaba que las repartiría en estaciones de autobús y metro.
En los días siguientes, iba un paso más allá y comenzaba a recomendarlas para la población en general. Y el 29 de abril, Fernando Simón decía en la Cadena Ser que el uso no era obligatorio, pero sí había una "recomendación fuerte" al respecto.
** 1-15 de Mayo - El cambio de criterio con las mascarillas de la CAM: mientras el Gobierno central se enredaba en cambios de criterios y explicaciones liosas sobre las mascarillas, algunos ejecutivos autonómicos comenzaban a actuar por su cuenta. El caso más conocido es el de la Comunidad de Madrid. Allí, el equipo de Isabel Díaz Ayuso anunciaba a principios de mayo que pondría a disposición de todos los madrileños una mascarilla FFP2 reutilizables. Y Fernando Simón, en la rueda de prensa diaria que ofrece para comentar la evolución de la epidemia les daba su bendición: "Es una buena medida para las personas sanas", aseguraba el 8 de mayo.
El problema es que esto era un tanto (y muy importante) a favor de Isabel Díaz Ayuso. Y el Gobierno no podía permitírselo. Por eso, unos días después el Ministerio de Consumo emitía un comunicado en el que aseguraba que este tipo de mascarillas sólo están recomendadas para profesionales y colectivos vulnerables bajo prescripción médica. En ese momento, llegaba la enésima pirueta gubernamental: el mismo Fernando Simón que el día 8 decía que era muy buena idea, cambiaba de opinión de forma repentina y el día 15 afirmaba que las FFP2 "no están recomendadas para la población en general".
** 4 de mayo – Obligatorias en el transporte público: una Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) establecía la obligatoriedad del uso de mascarillas que cubran nariz y boca "a todos los usuarios de los servicios de transporte público y colectivo, tanto terrestre, como autobús, taxi, VTC y ferrocarril, como al transporte aéreo y marítimo" a partir del 4 de mayo.
** 17 de mayo – "Obligatorias", ¿o no?: el último capítulo de la serie llegaba este 17 de mayo, cuando María Jesús Montero aseguraba que el Gobierno regulará la "obligatoriedad" de su uso en espacios públicos. Por ahora, no está claro si esto incluye los paseos o sólo espacios públicos cerrados. Tampoco qué pasará con las terrazas de los bares y restaurantes abiertos (en los que parece complicado consumir con mascarilla) ni si el uso será obligatorio sea cual sea la fase en la que se encuentre cada región.
Pero es que, en este punto, es el propio Simón el que parece que no tiene claro si la obligatoriedad debería ser tal. El pasado miércoles, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias recordó que siguen siendo "altamente recomendables", pero también mostró sus dudas acerca de la obligatoriedad (hay que recordar que Simón fue el que dijo hace unas semanas que pasear solo nunca había supuesto un riesgo de contagio para nadie) y alertó sobre las numerosas excepciones que puede haber: niños, personas con otras patologías… "Si se decide al final que sea obligatorio (su uso) se tendría que valorar muy bien cómo se explicitan las excepciones de uso", afirmó.
Dos meses perdidos
Hasta aquí el caos, las informaciones contradictorias, los desmentidos… Podría parecer simplemente un problema de falta de coordinación o comunicación. Pero va más allá.
En primer lugar, cabría preguntarse sobre el porqué de estos dos meses perdidos. La principal excusa del Gobierno en la gestión de la crisis del coronavirus, ese "no podía saberse", aquí no encaja. No estamos hablando de si tenían que haberse tomado medidas el 5-8-11 de marzo. De lo que hablamos es de informaciones contradictorias y de desaconsejar al público el uso de un elemento de protección tan relevante para el ciudadano medio como la mascarilla hasta un mes después de decretado el estado de alarma.
Quizás en aquel momento no podía hacerse obligatorio por una pura cuestión de falta de mascarillas para toda la población, pero no habría habido ningún problema en recomendar su uso y ofrecer información sobre el producto. Porque, si en estos dos meses el uso de mascarillas se hubiera aconsejado desde el principio, los fabricantes y proveedores habrían tenido más información e incentivos para ponerse a producir (menos riesgo de desabastecimiento, menores precios,...) y los ciudadanos llevarían ya varias semanas de experiencia (aprendiendo a ponérselas, a distinguir las diferentes calidades, a saber en qué lugares son más y menos útiles, etc…), con todos los efectos positivos que eso tiene. Por cierto, que también han brillado por su ausencia los consejos sobre todo este tipo de cuestiones básicas y que pueden parecer anecdóticas, pero que son claves en la eficacia de estas herramientas de higiene.
En los países más afectados por anteriores pandemias, sobre todo China, Corea o Japón, el uso de mascarillas se generalizó desde las primeras semanas del año. Probablemente es lógico que, en Europa, la población fuera más reticente en un inicio o que hubiera dudas sobre la efectividad de la medida. También es verdad que los expertos de aquellos países hace mucho tiempo que avisaban de que sus ciudadanos no se ponían las mascarillas por afición (como en ocasiones parecía leyendo ciertos comentarios en la prensa europea), sino porque habían aprendido lo importante que podía llegar a ser esta medida.
Además, incluso si se acepta (y es mucho aceptar) la hipótesis de que no estaba claro si era recomendable o no su uso, cabe preguntarse qué había que hacer mientras se estudiaba el tema. Porque mientras el Gobierno y sus expertos se planteaban la necesidad o no de su obligatoriedad, no se perdía demasiado por recomendar de forma generalizada su uso y, al mismo tiempo, informar sobre los tipos y formas de utilización. Eran las típicas medidas de muy bajo coste, pero un posible impacto muy elevado en la transmisión de la enfermedad (riesgo asimétrico).
De nuevo, el Gobierno reaccionó tarde y mal no sólo por no saber medir los riesgos, sino también por no ponderar costes y probabilidades: recomendar el uso de mascarillas, si finalmente se demuestra inútil, tiene un coste bajo; pero los beneficios de adelantar unas semanas la medida pueden ser muy altos. Porque, además, en este tipo de epidemias de crecimiento exponencial, una reducción pequeña en la tasa de transmisión y en el número de nuevos contagios puede suponer una enorme diferencia en el número final de contagiados (como explican esos modelos, como el que publicaba Fedea hace unas semanas, que apuntan que sólo con haber tomados las medidas de distanciamiento social unos días antes, España podría haber evitado un elevado porcentaje de muertes y contagios).
Cuando ya era evidente que buena parte de la población temía quedarse sin mascarillas (sobre todo aquellos que, en marzo, hicieron caso a la versión oficial de que no las iban a necesitar), el Gobierno decidió intervenir en el mercado de estos productos con el famoso precio máximo de 0,96€ para las mascarillas quirúrgicas que tanta polémica, con problemas puntuales de desabastecimiento, generó en los primeros días de aplicación de la medida. Desde entonces, parece que la situación se ha tranquilizado e incluso en la mayoría de los supermercados es fácil encontrar estos elementos de protección. En realidad, se trata de un proceso que ya estaba en marcha cuando se aprobó la medida (el mercado se ajustaba a toda velocidad para ofrecer un bien del que se había disparado la demanda) pero que también está afectado por todo este vaivén de declaraciones y normas cambiantes. Por eso, lo primero que hay que aclarar es que lo que se vende en la mayoría de las tiendas ahora mismo son, sobre todo, mascarillas higiénicas, y no tanto las quirúrgicas, que son las afectadas por el precio máximo.
También en este punto, sobre calidades, tipos, protección o uso de las diferentes clases de mascarillas hay numerosas dudas y poca claridad desde el Gobierno. Por una parte, es cierto que el precio máximo impuesto en este caso por Consumo es lo suficientemente elevado como para que no afecte demasiado al mercado de mascarillas más básicas (pero es que, salvo en momentos puntuales y en algunas zonas concretas, el precio de estas mascarillas básicas ha permanecido por debajo de ese nivel; y cuando ha subido ha sido en parte también por esa desinformación que acaba generando pánico al desabastecimiento). Al mismo tiempo, no es menos cierto que, al imponer un precio máximo a un bien y amenazar con intervenirlo, lo normal es que se produzcan distorsiones en el sector afectado: sobre todo, la retirada de algunos proveedores e intermediarios del mercado y el desplazamiento hacia las versiones más baratas de ese bien con precio tasado, puesto que no sale rentable buscar un incremento de calidad sin saber si se podrá el incremento correspondiente en los costes vía precio.
Parece claro que las mascarillas han llegado para quedarse en nuestras vidas, al menos en el corto plazo. No sabemos si tendremos que llevarlas durante meses o simplemente las necesitaremos durante unas pocas semanas más. El Gobierno ahora dice que serán obligatorias, aunque no hay detalles sobre cómo se aplicará la medida o si tendremos que llevarlas cada vez que salgamos de casa. A lo mejor en unos días llega una nueva versión (otra más). Viendo los antecedentes, probablemente no pillaría a casi nadie por sorpresa.