Podemos arranca la maquinaria de su impuesto a las grandes fortunas. El partido de Pablo Iglesias aprovechará la Comisión del Congreso sobre la reconstrucción económica por la crisis del coronavirus para intentar sacar adelante un tributo que lleva planteando más de un año. Se trata de un impuesto sobre la riqueza, que vendría a sustituir al actual Impuesto de Patrimonio y con el que ha calculado que podría recaudar hasta el 1% del PIB, unos 11.000 millones de euros.
Su plan consiste en gravar a los contribuyentes con un patrimonio que supere el millón de euros, dejando exenta únicamente la vivienda habitual hasta 400.000 euros. El impuesto será progresivo y se establecerá en los 4 tramos siguientes:
- 2% para patrimonios netos a partir de 1.000.000 de euros.
- 2,5% para los de más de 10.000.000 de euros.
- 3% a partir de 50.000.000.
- 3,5% a partir de 100.000.000.
Para justificar su aprobación en plena pandemia, Pablo Iglesias lo ha bautizado como tasa de reconstrucción, aunque sus características son las mismas que figuran en el programa económico de Podemos. Según las estimaciones del partido, "la mayor parte del impuesto" recaerá "sobre los 1.000 patrimonios más altos del país". Esta cifra está muy por debajo de las 202.437 personas que declararon por el Impuesto de Patrimonio en 2017 (últimos datos disponibles), con una media de 3 millones de euros. De esa cuantía, 53.000 personas en España declararon un patrimonio de más de 1,5 millones de euros.
Aún así, para cumplir con sus objetivos y recaudar esos ambiciosos 11.000 millones de euros, el Estado tendría que cobrarle a cada acaudalado contribuyente la friolera de 11 millones de euros de media, y esto sería imposible. Primero, porque en España no llegan a los 700 los contribuyentes que disponen de patrimonios de más de 30 millones de euros, y segundo, porque los afectados utilizarán todas las herramientas de las que disponen para evitar el sablazo.
Centralización del impuesto
Pero con su aprobación, Podemos no sólo estaría intentando aumentar los ingresos de las arcas del Estado, la formación morada se estaría haciendo con el control de un impuesto totalmente cedido a las CCAA. "Este impuesto sustituirá al actual Impuesto sobre el Patrimonio, que es inoperativo, y no podrá bonificarse por parte de las comunidades autónomas", explican ellos mismos.
Así, con esta medida, lo que Podemos pretende es fulminar de un plumazo una competencia autonómica clave a nivel fiscal. La Ley de financiación de las CCAA le ha otorgado a las regiones la capacidad de decidir sobre el mínimo exento del Impuesto de Patrimonio, sobre el tipo de gravamen o sobre sus deducciones o bonificaciones, pero con la tasa de reconstrucción de Iglesias, sería el Estado el que determinaría qué impuestos sobre la riqueza se pagan.
Patrimonio grava todos los bienes y derechos económicos de las persona físicas, y aunque son las regiones las que eligen qué fiscalidad establecer, el impuesto tiene las siguientes particularidades a nivel estatal, según recoge el REAF en su último informe sobre fiscalizad autonómica:
- Hay una exención de 300.000 euros para la vivienda habitual del contribuyente.
- Hay un mínimo exento de 700.000 euros, aunque algunas CCAA lo tienen por debajo, como Aragón (400.000 euros), Cataluña y Extremadura (500.000 euros) y la Comunidad Valenciana (600.000 euros).
- Hay una obligación de presentar la declaración para los sujetos pasivos cuya cuota tributaria resulte a ingresar o, no saliendo a ingresar, si el valor de los bienes y derechos supera los 2.000.000 euros.
- Se establece las siguientes tarifas, salvo que la comunidad regule otra:
En la Comunidad de Madrid no se paga
La Comunidad de Madrid es la única región española que tiene bonificado al 100% este impuesto, por lo que nadie este territorio tiene que pagar nada por Patrimonio desde 2008. La ineficacia, las distorsiones y las duplicidades que generaba este impuesto llevaron al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a suprimirlo en 2008 a nivel estatal, pero en 2011, en plena crisis económica, el mismo Ejecutivo decidió recuperarlo.
Así, si el impuesto a las grandes fortunas de Iglesias prospera, serán los contribuyentes madrileños los más perjudicados por su puesta en marcha. En 2017, hubo 18.132 declarantes por este tributo en la región, con más de 9 millones de euros de media. En este sentido, la Rioja también destaca porque aplica una bonificación del 75% a Patrimonio.
En el siguiente cuadro, se puede ver cómo grava cada región el Patrimonio de sus habitantes (excluidos los 300.000 euros exentos de la vivienda habitual y sin que el contribuyente tenga ningún tipo de discapacidad). Por ejemplo, para un patrimonio de 800.000 euros (que puede representar a una segunda residencia) en Aragón la fiscalidad es de 1.164 euros, en la Rioja de 50 euros, mientras que en Madrid no se pagaría nada.
Para un patrimonio de 4 millones de euros, los madrileños tampoco tendrían fiscalidad, mientras que los extremeños tendrían que pagar a Hacienda 59.919 euros. En el caso de los patrimonios de más de 15 millones de euros, la mayoría de las regiones tienen impuestos de más de 200.000 euros, siendo Extremadura la que más grava con 418.155 euros.
Solo falta convencer al PSOE
La propuesta de Podemos está encima de la mesa, así como las dudas de su efectividad recaudatoria. Además, tampoco parece gustar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ya se ha pronunciado varias veces en las últimas semanas en contra de aprobar nuevos impuestos, por lo que estaríamos ante otra discusión en el seno del Ejecutivo. Montero sería más partidaria de subir Sucesiones o Patrimonio en las regiones que tienen baja fiscalidad, en lugar de crear una nueva figura fiscal. En 2017, las regiones recaudaron 1.111 millones de euros por Patrimonio, por lo que la propuesta de Podemos supondría multiplicar por 10 la recaudación, lo que resultaría bastante inverosímil.
Preguntado por las diferencias con el PSOE en este campo, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, se aventuró a asegurar que gravar más a las grandes fortunas es uno de los "consensos amplios" de la sociedad porque "más de la mitad de los españoles estarían a favor de un impuesto a la riqueza". Echenique aprovechó también para dirigirse a Madrid, señalando que el actual Impuesto de Patrimonio "permite que haya comunidades, como la de Madrid, que se erijan en una suerte de paraísos fiscales interiores y hagan dumping fiscal a las demás, bonificando este impuesto". Ahora, solo falta convencer al PSOE.