Podemos sigue avanzando en su agenda ideológica ante la crisis de la covid-19. La formación que lidera el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, después de tener bastante ultimado su "Ingreso Mínimo Vital" que negocia desde hace semanas con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, apunta ahora a uno de sus reclamos estrella: el llamado "impuesto a los ricos" o a las grandes fortunas.
Según fuentes de la formación, la propuesta por la que darán la batalla en el Consejo de Ministros aspira a recaudar hasta 11.000 millones de euros, un 1% del Producto Interior Bruto (PIB), gravando a quienes, excluida una vivienda habitual por valor de 400.000 euros, tengan patrimonios superiores al millón de euros.
El nuevo impuesto, que sustituiría al actual de Patrimonio, tendría cuatro tramos.
- 2% para patrimonios netos a partir de 1.000.000 de euros.
- 2,5% a partir de 10.000.000 de euros.
- 3% a partir de 50.000.000.
- 3,5% a partir de 100.000.000.
Además, los de Iglesias aspiran a blindarlo a nivel estatal ya que, según consta en el borrador que manejan, "no podría ser bonificado por las autonomías" como ocurre ahora con el impuesto de Patrimonio o el de Sucesiones, singularmente en la Comunidad de Madrid.
Podemos justifica la necesidad de crear ese impuesto a las grandes fortunas en que "el aumento de la desigualdad de la renta que se produjo durante la década anterior en España se tradujo también en una fuerte concentración de la riqueza. El 1% de la población con mayor patrimonio acapara una cuarta parte de la riqueza del país, mientras que el 20% más pobre solo posee el 0,1% de la riqueza" señala el borrador de la propuesta.
Además, los de Iglesias afirman que sería un impuesto a imagen y semejanza del que se quiere implantar en otras latitudes: "Tanto en Estados Unidos como en Europa, ya antes de la crisis del COVID-19, se estaban haciendo propuestas para establecer nuevos impuestos progresivos sobre los mayores patrimonios, como una forma de reducir la desigualdad y para obtener recursos que permitan financiar las inversiones necesarias para hacer frente al cambio climático. En ambos casos, se pretende recaudar con ellos un 1% del PIB" afirman fuentes conocedoras de la propuesta.