El pasado jueves por la noche el gobierno español daba los últimos toques a los dos documentos estratégicos que Bruselas exige cada primavera a cada país miembro. Por un lado, Moncloa ultimaba los flecos del Plan Nacional de Reformas para 2020. Por otro lado, el Ejecutivo preparaba el Plan de Estabilidad para 2020-2021.
Como avanzó Libre Mercado, los asuntos centrales de la documentación remitida a Bruselas tienen que ver con el escenario de referencia que plantea la Administración Sánchez en los dos frentes que más preocupan a la Comisión Europea: la caída del PIB y el aumento el déficit. Sin embargo, una segunda lectura del Plan Nacional de Reformas y, especialmente, del Plan de Estabilidad revela otras cuestiones preocupantes que anticipan un panorama macroeconómico y fiscal de lo más sombrío.
De todas ellas, quizá hay tres que resultan especialmente delicadas. La primera tiene que ver con el aumento del gasto consignado a los asalariados públicos, que se prepara para experimentar un fortísimo aumento en pleno hundimiento de los ingresos tributarios. La segunda está ligada al monto reservado por el Ejecutivo para abonar los intereses de la deuda pública, que apenas sube a pesar de que las obligaciones del Tesoro van a subir del 95% al 115% del PIB. La tercera está vinculada con el repunte del peso del Estado, que va a situarse entre los niveles más altos de la Unión Europea.
Asalariados públicos
De acuerdo con las directrices remitidas a Bruselas, el monto total dedicado a pagar a los empleados públicos va a experimentar una subida del 6% a lo largo del curso 2020, hasta situarse en el entorno de los 142.500 millones de euros. Esta cifra supone el 12% del PIB estimado para el presente curso, que rondará los 1,122 billones.
No hay que olvidar que a lo largo de las últimas semanas se ha hablado con insistencia sobre la posibilidad de que los sueldos de los asalariados públicos experimenten algún tipo de ajuste orientado a reducir el enorme déficit planteado para el conjunto del año. Sin embargo, el gabinete de PSOE y Podemos se dispone ahora a aumentar la plantilla de trabajadores contratados por el Estado y, en paralelo, se compromete a apuntalar una subida del 2,3% en estas retribuciones un 2,3%.
Intereses de la deuda
En 2018, los intereses de la deuda pública ascendían a 26.157 millones de euros. Un año después, en 2019, estas obligaciones se redujeron levemente, hasta situarse en 25.143 millones. Ambas cifras fueron equivalentes al 2,2% y al 2% del PIB de cada ejercicio. Durante los dos años evaluados, el peso de la deuda bajó del 97,6% al 95,5% del PIB.
No obstante, aunque en 2020 se espera que las obligaciones del Tesoro pasen a superar el 115% del PIB, el gobierno cree que sus costes de financiación van a experimentar "un ligero repunte del 2%", hasta llegar a los 29.019 millones, cifra equivalente al 2,6% del PIB. Dicho aumento parece, de entrada, demasiado pequeño si tenemos en cuenta que el déficit para 2020 será el mayor de la última década, lo que a priori debería generar un encarecimiento más acusado en la refinanciación de los bonos de deuda, salvo quizá en el caso de que el gobierno de Pedro Sánchez solicite finalmente el "rescate".
Tamaño del Estado
El gobierno de Mariano Rajoy optó por moderar el ritmo de aumento del gasto público para que el repunte de los ingresos fiscales permitiese ajustar las cuentas y reducir el déficit. Entre 2012 y 2017, esta estrategia sirvió para reducir el peso del Estado desde el 48,7% hasta el 41,2% del PIB. Sin embargo, ese camino se ha revertido desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del gobierno.
Así, en 2018 y 2019 se produjo un aumento del gasto público más acelerado que elevó los desembolsos de las arcas públicas hasta un ratio equivalente al 41,9% del PIB. No obstante, la combinación presupuestaria que el gobierno ha llevado a Bruselas plantea que el peso del Estado se disparará en 2020, hasta alcanzar el 51,5% del PIB.