Por mucho que la izquierda haya vilipendiado el concepto de "austeridad" con insistente vehemencia, la esencia del vocablo sigue siendo tan razonable como comprensible para el grueso de los ciudadanos. Como norma general, ser "austero" implica vivir dentro de tus posibilidades, evitando gastar más de lo que ingresas de forma continuada, con la meta última de evitar situaciones de insostenibilidad financiera que lo único que hacen es empobrecernos a corto, medio o largo plazo.
A título individual, este ha sido el comportamiento que han exhibido las familias y las empresas españolas a lo largo de los doce últimos años. Hace escasos meses, Libre Mercado explicó que los pasivos del sector privado ya están por debajo del promedio europeo. Los hogares han aminorado sus obligaciones en 205.000 millones, mientras que las empresas han hecho lo propio por un monto de 370.000 millones.
No se puede decir lo mismo de las Administraciones Públicas. Desde 2008, todos los ejercicios presupuestarios se han cerrado en números rojos. El déficit acumulado durante la última década alcanza los 780.000 millones de euros, un monto equivalente a que los gobiernos gasten ¡cada día! 215 millones más de lo que ingresan.
Como es lógico, el estallido de la Gran Recesión provocó un descenso de la recaudación que obligó al Tesoro a aumentar sus emisiones de deuda para cubrir las necesidades de gasto provocadas por la crisis. Sin embargo, esta solución de corto plazo no solo no se rectificó con un programa de consolidación que volviese a equilibrar el presupuesto, sino que se terminó convirtiendo en la característica de los años que siguieron. Solo así se explica que, a pesar de que la recaudación ha tocado máximos históricos y de que la economía creció con fuerza desde finales de 2013 hasta comienzos de 2020, las cuentas públicas del Reino han seguido situándose entre las menos aseadas de Europa.
Los Ayuntamientos, frente a las CCAA y el gobierno
Hay, eso sí, una capa de las Administraciones Públicas donde el manejo sí ha registrado un cambio a mejor regido por una estrategia de austeridad sostenida: las corporaciones locales. Según los datos del Banco de España, la deuda de los Ayuntamientos subió de 29.000 a 44.000 millones entre 2008 y 2012, pero cayó al entorno de los 22.000 millones en 2019: prácticamente la mitad. La clave para este importante ajuste fue la aprobación de la Regla de Gasto que, amparada por la reforma del artículo 135 de la Constitución, ha evitado que los gobiernos municipales gasten más de lo que ingresan.
Durante el mismo periodo en el que los gestores locales cumplían con estas obligaciones de desapalancamiento y generaban superávits sostenidos, sus homólogos regionales elevaban la deuda autonómica de forma sostenida. Si en 2008 tenían pasivos en circulación valorados en 75.000 millones de euros, en 2019 ya superaban los 295.000 millones: cuatro veces más. La falta de cumplimiento de la Regla de Gasto, imputable tanto a los responsables regionales como a los supervisores nacionales, permitió este fuerte aumento de los pasivos, que no ha sido uniforme (Madrid no llega al 15%, mientras que la Comunidad Valenciana supera el 40%) pero sí generalizado.
En clave nacional, el bagaje en materia de estabilidad presupuestaria arroja cierta variabilidad dependiendo del periodo analizado. El déficit se disparó con Rodríguez Zapatero, bajó con Mariano Rajoy y ha vuelto a crecer con Pedro Sánchez. Sin embargo, cuando se estudia el total de deuda negociada por la Administración Central, vemos que ha subido de 369.000 a 1.061.239 millones de euros entre 2008 y 2019: casi tres veces más.
¿Qué hubiese pasado si, tal y como indica la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la Regla de Gasto hubiese sido aplicada a rajatabla por el gobierno central y los gabinetes autonómicos? En esencia, que la deuda pública total acumulada dentro del Protocolo de Déficit Excesivo se situaría ahora en el entorno de los 720.000 millones de euros, a razón de 530.000 millones en la Administración central, 148.000 en las comunidades autónomas, 22.000 millones en los Ayuntamientos y 20.000 millones en la Seguridad Social (*).
Este desapalancamiento habría inducido un efecto favorable en el crecimiento, que habría sido incluso más intenso en el periodo de recuperación (BBVA apunta que el exceso de deuda ha reducido el PIB en un 5%). Sin embargo, incluso si se ignora ese impacto tan positivo en los niveles de actividad y se toma como referencia el PIB de 2019, que recoge el peso negativo de la deuda descontrolada, encontramos que la aplicación rigurosa y generalizada de la Regla de Gasto podría haber dejado los pasivos de las Administraciones en el entorno del 60% del PIB, en línea con las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
De igual modo, dando por bueno el Plan de Estabilidad 2020-2021 que el gobierno de España ha enviado a Bruselas, esto significaría que el impacto de la covid-19 dejaría la deuda esperada para 2020 en el 80% del PIB, frente al 115% que estima Moncloa.
(*) Nota: Los pasivos de la Seguridad Social sumaban 55.000 millones a finales de 2019. Sin embargo, esta cifra es mucho mayor de la que se habría dado sin el incumplimiento de una norma equivalente a la Regla de Gasto: el llamado factor de sostenibilidad, que aseguraba un aumento de las pensiones acorde a los ingresos del sistema. Si esta regla se hubiese cumplido en los últimos años, la deuda del sistema se habría mantenido en el entorno de los 20.000 millones.