Desde que la pandemia del coronavirus empezó a extenderse por España, las grandes cifras manejadas por la prensa salmón han tocado dos aspectos centrales: la evolución de contagiados y fallecidos, por un lado, y las previsiones de desempeño macroeconómico, por otro. Sin embargo, poco se ha hablado hasta ahora del coste fiscal asociado a las medidas de contención de la covid-19.
Vale la pena plantear esta cuestión, puesto que el Tesoro enfrenta un escenario fiscal muy sombrío, con previsiones que apuntan a un déficit público comprendido entre el 7% y el 11% del PIB. Ante semejante panorama, ¿qué parte del descuadre se podrá explicar por el coste de las medidas extraordinarias que han tenido que adoptarse para atender a los contagiados?
La primera región que tocó este tema fue la Comunidad de Madrid. El pasado 29 de marzo, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso reconoció que la financiación de la emergencia sanitaria requerirá un aumento del gasto valorado en 1.000 millones de euros. Esta cifra abarcaría la compra de materiales, la contratación de personal o el despliegue de infraestructuras específicas de tratamiento, como el hospital de campaña de IFEMA o los distintos hoteles medicalizados que están funcionando en la región.
Por su parte, en Cataluña acaban de aprobarse los Presupuestos autonómicos de 2020, que han salido adelante con el voto favorable de JxCat y ERC y la abstención de ERC. Según la Generalidad, el incremento del gasto público asociado a la atención de la pandemia ascenderá a 1.800 millones de euros.
Teniendo en cuenta que Madrid y Cataluña suman alrededor del 50% de los contagiados, podría estimarse que el gasto público vinculado al conjunto de las comunidades autónomas y asociado a la covid-19 terminaría situándose en el entorno de los 3.000 millones de euros. A esta cifra habría que sumarle las compras de material sanitario desarrolladas por el gobierno central y canalizadas por el ministerio de Sanidad.
Otras estimaciones
A finales de marzo, los gobiernos autonómicos de Castilla-La Mancha y Extremadura apuntaron que sus estimaciones de aumento del gasto sanitario oscilaban entre los 300 y los 500 millones de euros. Por su parte, la Junta de Andalucía también divulgó una cifra similar de impacto presupuestario. No obstante, estos cálculos podrían haber quedado desfasados.
En Murcia, el gobierno autonómico ha desmentido que tenga previsto recortar el gasto sanitario y ha reconocido que el gasto extra motivado hasta ahora por la covid-19 se sitúa en el entorno de los 15 millones de euros semanales.