La grave crisis sanitaria provocada por el brote del coronavirus ha llevado a la economía española a una situación límite. Las cifras que maneja el Banco de España son esclarecedoras: el desplome del PIB puede llegar al 13%, el desempleo se disparará y el déficit público se moverá entre el 7% y el 11% del PIB.
Una de las consecuencias que se derivan de esta situación es un preocupante aumento en el número de personas que viven del dinero público. En total, hay 19.924.007 millones de ciudadanos en estas circunstancias, bien sea a través de la percepción de una pensión o debido al pago de las ayudas que se están aprobando o que ya estaban en vigor antes de la crisis.
Pensionistas
Las cifras de afiliación publicadas por la Seguridad Social para el pasado mes de marzo muestran que España tiene 8.896.412 pensionistas. Esta cifra ha experimentado una reducción de 8.400 beneficiarios que rompe con la tendencia histórica y podría reflejar, al menos en parte, el aumento de la mortalidad asociado a la covid-19. El ratio de afiliados/pensionistas ha caído a 2,2, su nivel más bajo en más de veinte años, lo que ahonda la preocupación por la crisis de una Seguridad Social que cerró 2019 con un déficit de casi 17.000 millones. La pensión media supera los 1.000 euros, siendo de 1.155 euros en el caso de los jubilados y de 1.380 entre los nuevos receptores.
Desempleo anterior al coronavirus
Aunque la reforma laboral de 2012 permitió reducir la tasa de paro de manera intensa entre los años 2013 y 2018, el ritmo de creación de empleo empezó a mostrar signos de agotamiento en 2019, coincidiendo con la aprobación de medidas como el control de horarios o la subida del 22% en el salario mínimo. El último dato de paro divulgado por el ministerio de Trabajo antes del estallido de la pandemia apunta que España tenía en febrero un total de 3.246.047 parados, de los cuales 2.002.295 percibían una prestación. De media, esta ayuda ronda los 925 euros, lo que supone un 7% más que en 2019.
Desempleo posterior al coronavirus
A raíz del estallido de la crisis sanitaria, el mercado de trabajo ha experimentado un fuerte aumento del desempleo que se concentra especialmente entre los ocupados con contrato temporal. Las cifras para el pasado mes de marzo elevan a 834.000 el número de personas que han perdido su empleo por esta vía.
Trabajadores de baja por la enfermedad
La rúbrica referida al número de desempleados que han solicitado una baja laboral asociada a la covid-19 también supone un aumento en el gasto público. El gobierno había concedido el pasado 25 de marzo un total de 130.000 bajas de incapacidad temporal asociadas a la pandemia. Esta cifra podría indicar que el número total de infectados sería mucho mayor, puesto que los test realizados hasta dicha jornada solo habían detectado unos 50.000 positivos.
Trabajadores afectados por ERTE
La aprobación de Expedientes de Regulación de Empleo se ha convertido en el salvavidas que podría evitar una crisis aún mayor en el mercado de trabajo. Aunque a comienzos de la legislatura el gobierno parecía escorarse hacia una posible derogación de dicho mecanismo en el marco de su "contrarreforma laboral", la pandemia ha revertido dicha revisión. El pasado 15 de abril, el gobierno reconoció que hay 3.889.000 trabajadores en esta situación, una cifra que supone el 16% de la población activa. Desde hace un mes, este colectivo espera percibir una ayuda que, de momento, no llega a la cuenta corriente y cuyo pago podría retrasarse incluso hasta mayo.
Autónomos "pillados" por la covid-19
La caída de la actividad también ha abocado a muchos autónomos a una situación límite. Se han presentado ya 1.016.670 solicitudes para acceder a la ayuda extraordinaria por cese de actividad, concedida a quienes pierdan el 75% de la facturación con respecto a la media mensual del anterior semestre. El gobierno ya ha dado luz verde al pago de 919.000 prestaciones de este tipo.
Empleados públicos
La Encuesta de Población Activa correspondiente al cuarto trimestre del año estima que hay 3.253.300 personas empleadas por el sector público. Esta cifra incluye a los trabajadores de la Administración central, autonómica, provincial y local, así como a los asalariados vinculados a empresas públicas.
Total
En total, estas cifras suman un total de 19.924.007 personas que, bien por su situación previa, bien por la crisis sanitaria, deben sus ingresos a ayudas, prestaciones o programas de gasto dependientes del Estado. Por comparación, el número de trabajadores que están ocupados en el sector privado y que mantienen su empleo intacto asciende a 10.711.030 personas (cifra que se alcanza tomando como referencia los 19 millones de afiliados a la Seguridad Social que reportó el gobierno a comienzos de abril y restando a dicha cifra el número de empleados públicos, autónomos que perciben la prestación por cese de actividad, asalariados afectados por ERTE y ocupados de baja por la covid-19).
Esta cifra puede verse agravada con la aprobación de la renta mínima vital, un programa en el que se espera al menos un millón de hogares y que dejaría la rúbrica final en el entorno de los 21 millones de personas dependientes, de una u otra manera, de las ayudas y el gasto que desembolsa el Estado.