El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley, con más de 30 medidas económicas, entre las que se incluye prorrogar durante dos meses el carácter preferente del teletrabajo, así como exención del pago de IVA para el suministro de material sanitario a instituciones públicas o la bajada al 4% del de libros y prensa en formato electrónico.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha anunciado algunos de los detalles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Estas son:
- Prestaciones por desempleo: la norma contempla además el acceso a las prestaciones por desempleo a los trabajadores cuyos contratos se extinguieron, estando en periodo de prueba, a partir del 9 de marzo, y a quienes voluntariamente, desde el 1 de marzo, extinguieron su contrato de trabajo por contar con otra oferta laboral en firme que finalmente decayó. "Se completa así el derecho de acceso a las prestaciones por desempleo de un conjunto de trabajadores que habían quedado excluidos de los Reales-Decreto leyes anteriores", ha destacado Calviño.
- ERTE en actividades esenciales: el Gobierno ha modificado la regulación de los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTEs) por fuerza mayor para que puedan acceder a ellos aquellas empresas que pertenecen a sectores esenciales pero cuyos ingresos se han visto mermados por la restricción de la movilidad. Ahora se les permitirá presentar un ERTE para incluir a trabajadores no indispensables para su actividad esencial.
- Teletrabajo y horarios: el Ejecutivo se plantea prorrogar dos meses el carácter preferente del trabajo a distancia, "que ha sido tremendamente eficaz", según Calviño. Debido a la pandemia, el Gobierno estableció el 17 de marzo el carácter preferente del teletrabajo cuando se pudiera desarrollar de esa forma. También han prolongado el derecho de los trabajadores de adaptación del horario y reducción de la jornada. Este último artículo permite a los trabajadores adaptar o reducir su jornada laboral para el cuidado de personas a su cargo (hasta segundo grado), siendo posible una reducción del 100% de la jornada (en ese caso sin sueldo), sin que puedan ser sancionados o despedidos por ello.
- IVA: exención del pago de IVA para el suministro de material sanitario a instituciones públicas y la bajada al 4% del de libros y prensa en formato electrónico. La reducción a cero del IVA del suministro de material sanitario de productores nacionales a entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios permitirá ahorrar más de 1.000 millones de euros. Calviño ha detallado que esta bajada del IVA está en línea con la reducción de los aranceles por parte de la Unión Europea y tiene objetivo de garantizar la igualdad de trato entre productores nacionales y extranjeros. Asimismo, se ha incluido en el real decreto-ley la reducción del IVA de libros, revistas y periódicos electrónicos, que hasta ahora era del 21%, para adaptarlos a la tributación de aquellos de papel, que es del 4%.
- Autónomos: los trabajadores autónomos podrán realizar el cálculo del pago fraccionado del IRPF y el ingreso a cuenta del régimen simplificado del IVA con el método de estimación objetiva, lo que permitirá que durante el periodo afectado por el estado de alarma se ajuste su pago a los ingresos reales. Además, se establece una reducción en el pago fraccionado del IRPF y el IVA, pudiéndose descontar en cada trimestre los días del estado de alarma, y las empresas podrán adaptar sus liquidaciones de ingresos a cuenta a la previsión de ingresos estimada para 2020.
- Financiación y pago de impuestos: se fija la posibilidad de supeditar el pago de deudas tributarias del Impuesto de Sociedades a la obtención de la financiación a través de las líneas de avales del ICO. En total, Calviño ha indicado que las nuevas medidas fiscales permitirán liberar más de 1.100 millones en liquidez para las empresas, sobre todo a autónomos y pymes.
- Más créditos: se amplían los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para cubrir no solo los créditos canalizados por el sistema bancario, sino también los del sistema de financiación basado en pagarés del mercado alternativo de renta fija, prácticamente suspendido por la situación de emergencia sanitaria y al que habitualmente recurren las empresas españolas para obtener financiación. De igual forma, ha habilitado al Consorcio de Compensación de Seguros para que actúe como reasegurador de riesgos de seguro de crédito, un elemento que el Gobierno considera que es un refuerzo adicional de seguridad y que dará continuidad a todas las operaciones comerciales.Por otro lado, el Ejecutivo ha decidido flexibilizar el uso del fondo de promoción y educación de las cooperativas para que pueda ser utilizado en la lucha contra la pandemia del coronavirus.
- Alquileres para pymes y autónomos: el arrendatario de un contrato de alquiler para uso distinto del de vivienda o de industria podrá solicitar del arrendador, cuando éste sea una empresa o entidad pública de vivienda, o un gran tenedor, es decir los titulares de más de 10 inmuebles urbanos, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley, la concesión de una moratoria en el pago de la renta de alquiler que se aplicará de manera automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con el impacto provocado por el coronavirus, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses. En caso de que el local comercial sea propiedad de otro tipo de arrendador, como particulares, se facilita el uso de la fianza como mecanismo de pago, debiéndose ésta reponer en el plazo de un año.
- Seguridad Social: rebaja de cotizaciones para determinados trabajadores agrarios que tengan periodos de inactividad este año, así como una simplificación del procedimiento para aplazar las deudas de la Seguridad Social.
- Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE): el Consejo de Ministros ha acordado habilitar al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a conceder aplazamientos para el pago de los préstamos concedidos a particulares, comunidades de vecinos y empresas través de sus programas de ayudas, con los que -entre otras actuaciones- se financia a comunidades de vecinos para la rehabilitación energética de su edificio o a empresas para la implantación de instalaciones térmicas renovables.