El Gobierno de la nación nos lleva derechos a la ruina económica. Primero, no tomó las medidas de prevención mínimas necesarias en enero para proteger a los grupos de riesgo, aprovisionarse de material sanitario en grandes cantidades para tener test con los que hacer pruebas masivas a la población llegado el momento, para poder aislar a los contagiados y evitar la propagación exponencial, protegiendo a los grupos de riesgo, y poder contar con equipos apropiados para los sanitarios. Eso llevó a que, tras empecinarse en no hacer prácticamente nada hasta que no se celebrase la manifestación del ocho de marzo, el contagio se expandiese ya como una mancha de aceite. Cuántos infectados se producirían en dicha manifestación, que infectarían a otras personas después en sus centros de trabajo, transporte público y familias. Cuántas muertes podrían haberse evitado. Y cuánto menor habría sido el perjuicio para la economía, pues las medidas no tendrían que haber sido tan duras, ni en duración ni en intensidad y el tejido productivo habría sufrido mucho menos y, con él, estarían muchos menos empleos en peligro, pudiéndose recobrar, además, de manera más rápida e intensa. Investigadores de Fedea han calculado que se habrían producido un 62,3% menos de contagios. Si con los datos del ministerio de Sanidad hay una tasa de mortalidad del 10,36% (fallecidos entre contagiados), entonces se puede calcular de manera certera, a partir del estudio de Fedea, que podríamos tener 12.133 fallecidos menos de haber sido diligente el Gobierno. Cuántas vidas podrían haberse salvado, probablemente; cuanto dolor y ruina podrían haberse evitado de haber sido el Gobierno más diligente y previsor en lugar de guiarse por motivos políticos para que se celebrase dicha manifestación.
Posteriormente, tras su retraso en adoptar medidas preventivas, se apresuraron a decretar el cierre de la mayor parte de la economía -y durante dos semanas, de casi toda- con el consiguiente perjuicio a cientos de miles de empresas y a millones de trabajadores. Según las estadísticas de la Seguridad Social, más de 120.000 empresarios se dieron de baja en marzo, 900.000 empleos se perdieron y cuatro millones más de españoles están afectados por un ERTE, es decir, técnicamente no se les considera desempleados, pues la relación laboral se suspende, no finaliza, pero no trabajan y no tienen ingresos laborales en la inmensa mayoría de los casos, con el riesgo de que gran parte de esos cuatro millones se conviertan en parados definitivos si se siguen aplicando las medidas económicas gubernamentales.
Después, anunciaron medidas económicas de liquidez para las empresas, pero se quedaron en eso, en un anuncio que se traduce, en realidad, en un empaquetamiento de avales por quintas partes en lugar de garantizar liquidez ilimitada a las empresas a las que han obligado a cerrar desde el sector público. El Gobierno debería darse cuenta de que si las empresas resisten, el empleo se recuperará a buen ritmo, pero si no lo hacen podremos tardar años en recobrar el nivel de actividad, prosperidad y empleo anteriores a esta crisis.
Y ahora, en un disparate más, deciden impulsar una renta mínima por cuyos derechos de autor se pelean Iglesias y Escrivá, pero que tienen el mismo objetivo: sacar adelante un subsidio perpetuo que condenará a muchos españoles a vivir del Estado al eliminarles, con ello, la capacidad e incentivo para valerse por sí mismos. Esta medida es muy peligrosa por varios motivos.
En primer lugar, porque sustituye cualquier incentivo al trabajo para muchas personas -por mucho que Escrivá diga que al permitir compatibilizarla con un empleo eso no sucederá; claro que se desincentivará el trabajo-.
En segundo lugar, porque puede convertirse en una suerte de votos cautivos a cambio del mencionado subsidio, recordando a los tiempos del caciquismo de la restauración, pero de manera disimulada y bajo el celofán del "escudo social" que no cesan de repetir en el Gobierno.
Y en tercer lugar, porque presiona el gasto de manera exponencial, nos lleva a un déficit y deuda que pueden ser insostenibles y podría anticipar el colapso del sistema público de pensiones, pues introducir esta bomba de relojería en las cuentas de la Seguridad Social es una locura. El sistema acumula ya una deuda de más de 55.000 millones de euros a cierre de 2019, con un incremento de la misma a razón de entre 12.000 millones y 14.000 millones de euros anuales, con un incremento de casi 30.000 millones de deuda desde el último trimestre completo de Gobierno del PP. Así, con Sánchez la deuda de la Seguridad Social se ha incrementado en 27.661 millones.
Si el sistema es ya deficitario y con semejante crecimiento de deuda, cómo va a soportar este coste añadido, en un contexto de grave crisis -que implicará caída de cotizantes, que ya ha empezado con el primer millón de afiliados perdido- y un aumento de pensionistas muy importante por jubilación de las cohortes más numerosas del baby boom.
El coste insoportable de la renta mínima
Sin embargo, el Gobierno está decidido a implantar esta medida que agravará mucho la delicada situación de la economía española, con un coste insoportable para la Seguridad Social, que no tiene de dónde sacarlo, ni siquiera aunque, figuradamente, nos cogiesen de los pies y zarandeasen boca abajo, como en la fantástica película de Disney acerca de Robin Hood, porque de una economía arruinada poco se puede sacar; sólo se puede destruir más todavía con una política fiscal contractiva derivada de una subida de impuestos.
El coste de esta medida es impactante. Cuando Escrivá presidía la AIReF, este organismo estimaba en un documento de junio de 2019 que esta medida tendría un coste fiscal mínimo de 7.000 millones de euros, que podría llegar a los 11.000 millones en el caso de crisis graves y prolongadas, como la actual. Además, advertía de que tenía un claro riesgo de efecto llamada, que aumentaría el coste en otros 2.600 millones de euros. Todo ello, considerando una cifra de 800.000 beneficiarios.
Si ese número se incrementa a un millón de beneficiarios, tal y como ha afirmado recientemente Escrivá tanto en su comparecencia en el Congreso como en distintas entrevistas, el coste anual puede llegar a 17.000 millones de euros.
Eso significaría que a los alrededor de 14.000 millones anuales de incremento de deuda de un año a otro, habría que sumarles otros 17.000 millones más. De esa manera, sólo por la evolución deficitaria del sistema, sin aplicar la renta mínima, la deuda de la Seguridad Social puede acabar en 2020 en casi 69.000 millones de euros -si no más, ante la caída de afiliados por destrucción de empleo y mayor número de pensionistas-. Si, además, se aplicase la renta mínima, sobrepasaría los 80.000 millones de euros (contando sólo con ocho meses de aplicación de dicha renta, que si fuese retroactivo a enero llegaría a superar los 85.000 millones).
Ese coste de 17.000 millones de euros es casi ocho veces el montante que Sánchez ha dejado en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la conocida como hucha de las pensiones, con unos escuálidos 2.150 millones de euros a cierre de 2019.
De esta manera, lo primero que pondrá en riesgo esta medida son las pensiones, pues incorporará una tensión extrema a las cuentas de la Seguridad Social. Si el sistema público de pensiones necesita ser reformado para garantizar su viabilidad, es del todo suicida desestabilizarlo más con esta pesada carga. Lejos queda cuando Aznar, que fue quien creó el Fondo de Reserva, lo dejase con 15.182,04 millones de euros en marzo de 2004. Ahora bien, si esos euros los transformamos en euros de diciembre de 2019, para hacerlos comparables en el tiempo con el importe del fondo a cierre de 2019, al aplicar la variación del índice de precios desde entonces (que ha crecido en ese período un 31,99%), la cifra que dejó Aznar en euros de diciembre de 2019 es de 20.038 millones de euros frente a los 2.150 millones -y descendiendo- a los que ha caído el fondo con Sánchez. Es cierto que como no es sostenible el sistema sin reformas, mientras no se reforme seguirá acumulando deuda y disminuyendo dicho fondo, pero nada ha hecho Sánchez para impulsar la reforma, al concentrarse en otros temas que, además, han aumentado el gasto. Con la renta mínima puede llegar el acabóse.
En definitiva, la renta mínima y el Gobierno, con todas sus medidas, nos llevan camino de la ruina. El Gobierno todavía podría rectificar, olvidarse de la renta mínima, y dotar de liquidez ilimitada a las empresas y autónomos, además de condonarles el pago de impuestos y cotizaciones sociales del período de la restricción y trabajar, así, para mantener el tejido productivo y millones de puestos de trabajo, pero parece que el Gobierno está más por la labor de administrar la miseria de una sociedad subvencionada que por impulsar la prosperidad de una sociedad dinámica.