La economía de España, como la de prácticamente todo el mundo desarrollado, está inmersa en una especie de coma autoinducido. El Covid-19 afecta a todo el mundo por igual, pero no todos están gestionando igual la pandemia sanitaria ni preparándose para la que será la peor crisis económica desde la II Guerra Mundial.
Es cierto que ahora mismo hay un huracán avasallando la economía mundial. Un huracán que, además, no es urgente ante las miles de vidas que estamos perdiendo cada día. Un fenómeno, en definitiva, que requerirá de la precisión de un cirujano para recomponer las piezas del puzle económico desde el sector privado gracias a los incentivos adecuados. Algo que está a años luz de lo que está haciendo nuestro Gobierno. Veamos algunas de las decisiones que ha estado tomando durante las últimas semanas:
- Prohibición de despedir incluso durante varios meses después del estado de alarma.
- Control directo de laboratorios privados de test COVID19 y de los precios de los mismos.
- Amenaza de intervención de precios de mascarillas, guantes y demás material sanitario de primera necesidad.
- Anuncio de un ingreso mínimo vital, una figura que ya existe a nivel autonómico, que experimentos como el finés han llegado a la conclusión de que entre sus virtudes (si es que tiene alguna) no está la de incentivar la búsqueda de empleo y que tiene un carácter más ideológico que de lucha contra una situación excepcional, pues no se va a derogar cuando pase esta crisis.
Todo ello ante un panorama sombrío, que ya ha traspasado la barrera institucional de las grandes entidades supranacionales.
Los escalofriantes datos de España
Esta semana el Fondo Monetario Internacional ha presentado su informe de perspectivas económicas, con varios mensajes claros:
El primero es que la crisis que va a afrontar la economía mundial va a ser notablemente peor a la de 2008 y va a afectar a todas las zonas económicas. El Covid va a afectar a todos por igual, aunque, como ya hemos contado en esta columna, no todos estamos igualmente preparados.
El segundo es que la recuperación no va a ser en V. La caída del PIB para las economías desarrolladas será del -6,1% del PIB, recuperado sólo parcialmente (+4,5%) en 2021. Y, por si esto fuera poco, el organismo supranacional advierte de que sólo existen riesgos a la baja. O, dicho de otra manera, está allanando el terreno para futuras rebajas de las estimaciones de crecimiento, por lo que la realidad es que podemos estar ante un escenario de migración desde una recuperación en V a una recuperación en U en la que el valle dure un par de años, y, en el caso de algunas economías, podría ser incluso peor. El tercero es que Europa es la zona económica más afectada, con dos países sobresaliendo por encima del resto: Italia (caída del PIB de -9,1% en 2020) y España (-8%).
Los datos para nuestro país son, sencillamente escalofriantes. El ajuste del PIB previsto para este año es 2,5 veces superior a los peores años vividos en la crisis de 2008 y 2012. Como consecuencia, la tasa de paro volverá a superar el 20%, el déficit público podría volver a niveles del -9,5% del PIB en 2020 y la deuda pública se podría situar en el entorno del 114% este año.
Un escenario nada halagüeño que, como ya explicamos hace unos días en esta columna, podría ser incluso conservador.
Los gobernantes de los países más serios del mundo se están centrando en mantener el empleo de sus ciudadanos. Los nuestros, en mantener su empleo. Nos venden como políticas sociales lo que en realidad es la generación de redes clientelares destinadas a mantener votos para las próximas elecciones.
España ya ha destruido 122.000 empresas en el mes de marzo, todas las que llevamos creadas en los últimos 5 años de expansión económica; casi 1 millón de autónomos ya han solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad y 6,3 millones de trabajadores podrían estar cobrando algún tipo de subsidio a finales de año, según los datos del propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
En términos comparativos supone 1 de cada 4 autónomos registrados en la Seguridad Social en el mes de febrero y 1 millón de personas más cobrando algún tipo de prestación por desempleo que en el año 2013, durante la peor etapa de la anterior crisis económica.
No es difícil de imaginar el impacto tan relevante en el presupuesto público que va a tener esta situación sólo por la parte de los estabilizadores automáticos: los ingresos públicos podrían caer en 40.000 millones y tocar mínimos de 2013, según el Consejo General de Economistas, mientras que el incremento del gasto público, sencillamente es muy difícil de predecir con los datos que tenemos a día de hoy.
La prima de riesgo, alerta
Lo que sí que sabemos es que los mercados ya están descontando una situación de estrés en nuestras finanzas públicas. Llevamos poco más de un mes de confinamiento y nuestra prima de riesgo ya se ha disparado en dos ocasiones.
La primera fue a principios de abril, cuando la FED había anunciado su plan "ilimitado" de compra de bonos y los mercados esperaban el movimiento de la FED. Entonces, tras un período de estabilidad que se remontaba a hace varios años, la prima de riesgo se duplicó y rozó los 150 puntos básicos. Después, tras la acción del BCE se relajó hasta los 100 puntos básicos, aunque tras la publicación del informe del FMI analizado anteriormente ha vuelto a repuntar, superando los 125 puntos básicos.
La prima de riesgo, ese concepto financiero que deberíamos haber desterrado de nuestras vidas tras los sinsabores de 2011 y 2012 y que, sin embargo, preferimos ceder al BCE, que está siendo el que lo ha mantenido artificialmente bajo durante los últimos años.
Basta ver la gráfica anterior para saber que esta vez no va a ser como en 2011. No va a haber avisos, sino repuntes severos y repentinos que, de una semana para otra nos pueden sacar de los mercados. El panorama macroeconómico es ciertamente preocupante, y las decisiones de política económica sólo añaden tensión a unas finanzas públicas que, recordemos, han incrementado el déficit hasta el 2,6% del PIB en un nuevo año de máximo histórico en los ingresos.
España afrontó la crisis de 2008 con superávit público y una deuda del 60% del PIB. Ahora estamos ante un shock incluso mayor, sin margen fiscal y con un gobierno más preocupado por mantener su agenda de desconexión de la UE y de acercamiento a regímenes totalitarios latinoamericanos que de devolver nuestro país a la normalidad. Lo pagaremos. No duden de que lo pagaremos, y durante muchos años.