La respuesta del gobierno español a la pandemia del coronavirus ha estado marcada por dos graves errores. En primer lugar, el Ejecutivo no movió ficha ante las distintas alertas que emitieron organismos como Organización Mundial de la Salud o entidades como la Comisión Europea. En segundo lugar, las medidas de confinamiento se adoptaron en España con casi 8.000 infectados, frente a los 800 positivos con los que Portugal hizo lo propio o los 600 casos con los que Grecia introdujo medidas de aislamiento.
Partiendo de esa base, no es de sorprender que España se haya convertido en el país que peor ha gestionado la emergencia sanitaria. La cifra de fallecidos ascendía a primera hora de ayer lunes 13 de abril a 368 personas por millón de habitantes, lo que nos sitúa por encima de Italia (329), a pesar de que nuestros socios transalpinos sufrieron el zarpazo de la pandemia de forma más abrupta y adelantada. La comparativa aún es más alarmante si se comparan los datos de España con Portugal o Grecia, que registran 49 y 9 fallecidos por cada millón de habitantes, unos registros que se sitúan muy por debajo de España
La emergencia sanitaria ya se ha traducido en una fuerte crisis económica. La mayoría de las primeras estimaciones disponibles hablan de entre un 5% y un 10% de caída en la producción, con cálculos que incluso hablan de un 15%. Si se suman los datos de paro y el alcance de los ERTEs, vemos que la desocupación alcanza ya el 30%. Si se analiza la situación mercantil, vemos que 122.000 empresas se dieron de baja en la Seguridad Social el pasado mes de marzo, lo que supone una merma del 8% en la actividad societaria. Y si se centra el tiro en los autónomos, encontramos que 360.000 trabajadores por cuenta propia han solicitado ya el cese de actividad extraordinario.
Ante semejante panorama, la perspectiva para quienes abogan por plantear una salida escalonada del confinamiento se antoja, sin duda, complicada. No obstante, tanto los datos de contagios y de fallecidos como los modelos epidemiológicos sugieren que la propagación de la enfermedad ya habría tocado techo, de modo que la conversación debería empezar a girar en torno a todo tipo de propuestas que nos permitan volver a la normalidad lo antes posible. Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no solo reaccionó tarde y mal ante el brote, sino que ahora está fracasando a la hora de establecer un plan de salida del confinamiento.
Entrando en la Fase II
Para empezar a ver la luz, generar confianza en la sociedad y en la economía o avanzar hacia el repliegue progresivo de las medidas de aislamiento, el gobierno español debería trabajar sobre dos frentes: medir y reabrir. El primero debería estar más o menos resuelto tras casi un mes de "cerrojazo", pero lamentablemente seguimos muy lejos de tener información clara y transparente sobre el alcance de los contagios.
Como ha explicado Libre Mercado, no sabemos con exactitud cuántas personas pueden estar infectadas. De hecho, ni siquiera se puede establecer con claridad el número de fallecidos. Solucionar lo segundo debería ser relativamente sencillo, puesto que la resolución de esta problemática pasa simplemente por complementar la estadística que se ha compartido hasta la fecha con otro tipo de fuentes oficiales, tales como las licencias de enterramiento o las estadísticas de mortalidad. Lo primero, sin embargo, es algo más complicado, puesto que 650.000 test comprados por el gobierno de España no tienen utilidad, de modo que el rastreo de la cifra real de contagiados se antoja complicado.
La respuesta a la falta de información sobre la incidencia real de los contagios pasa por desplegar una gran capacidad de examen, centrada en el más corto plazo en los grupos de riesgo (familiares de contagiados, personal sanitario…) pero aplicada también al conjunto de la población con la mayor rapidez posible. El empleo de aplicaciones móviles es fundamental para que el grueso de la ciudadanía comunique su situación sanitaria y para hacer un seguimiento de la evolución de ese 80% de infectados que no requiere hospitalización y que, en muchos casos, pueden ser asintomáticos que contribuyen a propagar silenciosamente el virus. Dicho de otro modo: la clave sigue siendo aplicar la misma fórmula coreana que propuso Libre Mercado hace un mes.
Pero no solo se trata de medir: también hay que reabrir. La economía española está operando un 45% por debajo de su capacidad, según KPMG, lo que explica el fuerte colapso del empleo y la producción anticipado en todos los informes disponibles y resumido en párrafos anteriores. Descartada la "crisis en V", España se debate ya entre recuperar en 2021 los niveles de producción esperados para 2020 ("crisis en U") o experimentar una nueva depresión económica ("crisis en L").
Austria es, de momento, el primer país europeo que ha planteado un "desconfinamiento". El calendario planteado empieza a aplicarse a mediados de abril y, con plazos de 1-2 semanas, levanta restricciones de manera progresiva, con la esperanza de normalizar la situación a comienzos de julio. Mientras tanto, el gobierno ha aprobado todo tipo de aplazamientos tributarios y planes de apoyo a las empresas. Otros gobiernos europeos están ya en estas tesis, que inevitablemente nos lleva de la Fase I (contención) a la Fase II (prevención y reapertura).
España ante el "desconfinamiento"
¿Puede hacer España algo así en una situación tan delicada? Desde luego, si se pretende una "desescalada", la primera condición es que se achique cuanto antes la brecha en materia de medición. Un ejemplo de la precariedad vigente en dicho campo lo tenemos en el reparto de mascarillas del 13 de abril: solo se produjo en grandes núcleos de población (por ejemplo, en el Metro de Madrid), se hizo un reparto de un stock muy limitado y los materiales entregados no responden a los estándares de protección recomendados (FFP2/FFP3).
Por lo tanto, la primera condición es asegurar material sanitario básico en abundancia. El Ejecutivo tiene que asegurarse de que todos los ciudadanos pueden salir a la calle con mascarillas homologadas y guantes de protección. Para ello, debe decretar una vacación fiscal que exima de impuestos a las empresas que generan dicho material. Además, para incentivar dicha producción y subsanar el incomprensible déficit que están sufriendo los sanitarios, la Administración puede sacar lotes de contratos que incentiven más aún tal producción masiva.
El segundo eje en el que se debe trabajar es el del transporte. Las autoridades encargadas de coordinar el funcionamiento de los principales mecanismos públicos de movilidad deben asegurar que exista el debido distanciamiento entre los usuarios. Esto exige limitar el aforo de vagones o autobuses. Sin embargo, apenas se han dado pasos en esta dirección.
La reapertura al público de los negocios cerrados debe ser el tercer punto del plan de "desconfinamiento". Asumiendo que se cumplen las medidas sanitarias básicas (protección de empleados con mascarillas y guantes, limitación de aforo para garantizar distanciamiento social…), los comercios y negocios que atienden al público deberían reabrir de forma paulatina.
Pero, además, en todos estos ámbitos es fundamental tomar medidas de forma segmentada. Esto implica aplicar un tratamiento diferenciando, para ajustar el calendario general de reapertura a criterios como la situación sanitaria de cada área geográfica (avances más rápidos o lentos dependiendo del cuadro sanitario de ciudades, provincias o comunidades autónomas) y a las características demográficas de la población (con un "desconfinamiento" más acelerado entre la población menor de 60 años, cuyo riesgo de mortalidad es marcadamente inferior).