Tras la orden ministerial de Sanidad que este martes ha puesto a los laboratorios privados a las órdenes de la sanidad pública, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha emitido una nota en la que aclara que en esta crisis del coronavirus los laboratorios privados llevan actuando a las órdenes de cada comunidad autónoma desde el decreto de estado de alarma de 14 de marzo y que, en cualquier caso, estima "perfectamente razonable" actuar "de forma coordinada en materia de pruebas diagnósticas".
La patronal del sector sanitario no se muestra contraria a la regulación de precios, pero advierte de que si no se tienen en cuenta los "exigentes requisitos" que marca la actual situación de mercado para la adquisición de las distintas pruebas diagnósticas —por ejemplo, el pago por adelantado o los precios variables en las últimas semana— podría darse "un desfase entre el precio regulado y el precio de aprovisionamiento real" que "podría acarrear que los centros clínicos privados no puedan operar en el mercado y, por tanto, no tengan margen para mantener su servicio".
Prescripción médica o "circunstancias excepcionales"
Los laboratorios también recuerdan que hasta el momento en todo lo referido a pruebas diagnósticas han actuado "bajo criterios de prescripción médica previa", pero en algunas ocasiones también han atendido "circunstancias excepcionales que han justificado la intervención sin prescripción", entre las que citan "actuaciones urgentes en residencias de mayores ante la petición de ayuntamientos" o "en empresas con personal afectado con sintomatología".
Además, insisten en que "no se hacen pruebas PCR a personas sin síntomas, y solo en centros hospitalarios, residencias y servicios médicos de empresas afectadas". Del mismo modo, aunque la orden ministerial plantea esto como un requisito nuevo, señalan que hasta ahora "todos los resultados de las pruebas se han informado a las CCAA pertinentes, tanto los que han dado positivo como negativo".