Las crisis son, por definición, tiempos de cambio y la del coronavirus no es diferente. La cuestión es si ese cambio será a mejor o a peor. Por el momento, el estallido y la expansión del brote en España está siendo aprovechada por Podemos para imponer, con la connivencia del PSOE, buena parte de su programa económico, lo cual resultaría impensable hace apenas dos meses.
España no solo destaca en esta crisis por registrar el mayor número de muertes por millón de habitantes del mundo, sino por iniciar una deriva económica inédita entre los países más ricos afectados por el COVID-19. Así, en lugar de suspender el cobro de impuestos y transferir rentas desde el Estado a las familias y empresas afectadas para que puedan hacer frente a sus pagos inmediatos, el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha optado por una intervención radical en los mercados y el incumplimiento de los contratos, de modo que sean las empresas las que tengan que afrontar el grueso de la factura.
Por el momento, en apenas un mes, Podemos ya ha logrado imponer dentro del Gobierno varias de sus medidas estrella en materia económica bajo el pretexto del estado de alarma, a la espera de su ratificación definitiva en el Congreso, al tiempo que confía en aprobar otras cuya negociación con el PSOE sigue en marcha. A continuación, se enumeran las principales:
1. "Exprópiese"
Podemos siempre ha defendido la necesidad de que el Estado pueda confiscar a placer todo tipo de activos empleando como excusa el "interés general", al estilo bolivariano del exmandatario venezolano Hugo Chávez y su ya famoso "exprópiese". Y prueba de ello es la utilización maniquea que realiza Iglesias del artículo 128 de la Constitución.
Ha tenido que llegar la tragedia de una pandemia para que el líder de Podemos vea satisfecho su particular anhelo confiscatorio. El Real Decreto por el que se declara el estado de alarma establece en su artículo 13 la capacidad estatal de confiscar "todo tipo de bienes" para proteger la salud pública. Dicho y hecho. Desde entonces, el Gobierno ha requisado material sanitario perteneciente a particulares y empresas, como mascarillas y geles desinfectantes, causando un grave desabastecimiento de estos productos en el peor momento posible.
2. Control de precios
Otra de las históricas reivindicaciones de la extrema izquierda consiste en fijar de forma arbitraria el precio de los productos. Dicho y hecho. El Real Decreto 7/2020 modifica la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios para que el Gobierno pueda "fijar el importe máximo de venta al público de los medicamentos y otros productos" sanitarios.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, anunció el pasado martes que el Ejecutivo ya baraja la posibilidad de aplicar este precepto para fijar el precio de guantes, geles desinfectantes y mascarillas. Su efecto, en caso de aprobarse, será una mayor escasez de estos productos en el mercado.
3. Banca pública
Podemos también quería un banco público, Dicho y hecho. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) avalará préstamos a pymes y autónomos por valor de hasta 100.000 millones de euros e incluso facilitará préstamos a los inquilinos que no puedan pagar el alquiler.
4. Prohibición de desahucios
Otros de sus puntos programáticos consiste en la imposibilidad de realizar desalojos en caso de impago, tanto de hipoteca como de alquiler. Dicho y hecho. El Real Decreto 6/2020 aprovecha la crisis del coronavirus para extender cuatro años extra, hasta mayo de 2024, la suspensión de los desahucios sobre viviendas habituales a colectivos "vulnerables". Y lo mismo en el caso del impago de alquiler sin "alternativa habitacional", tras establecer una moratoria de seis meses desde la entrada en vigor del estado de alarma.
5. Fin de la estabilidad presupuestaria
Podemos defiende la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que establece límites al gasto, déficit y endeudamiento de las administraciones públicas. Dicho y hecho. Aunque esta norma continúa en vigor, la crisis del coronavirus ha dejado en suspenso su aplicación, al igual que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE. Como consecuencia, el gasto, el déficit y la deuda volverán a dispararse.
6. Veto a las inversiones
Iglesias ansía que el Gobierno pueda vetar operaciones empresariales. Dicho y hecho. El Real Decreto 8/2020 suspende la liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España, tales como las infraestructuras, el suministro de insumos clave o medios de comunicación. Es decir, el Estado se arroga la capacidad de vetar la compra de activos por parte de terceros procedentes del exterior. Y no sólo durante el estado de alarma, sino de forma indefinida.
7. Moratoria de hipotecas y alquileres
Podemos propugna moratorias y quitas en el pago de hipotecas y alquileres, Dicho y hecho. El Gobierno ha decretado quitas de hasta el 50% o bien una moratoria automática en el pago de la renta para inquilinos cuyo arrendador posea más de diez viviendas en alquiler, a devolver en un plazo de tres años sin penalización. Asimismo, se prorroga de forma obligatoria, a petición del inquilino, la vigencia de los contratos de alquiler que venzan desde ahora hasta dos meses después de la finalización del estado de alarma.
Y algo similar sucede con las hipotecas, puesto que el Gobierno impone una moratoria hipotecaria de tres meses, aunque puede ser ampliada por Acuerdo del Consejo de Ministros, a "familias vulnerables", por la cual la entidad "no podrá exigir el pago de la cuota hipotecaria, ni de ninguno de los conceptos que la integran (amortización del capital o pago de intereses)", sin poder devengar intereses. Además, esta posibilidad se extiende también al resto de préstamos, incluyendo los créditos al consumo.
8. Limitación de ERTE
Podemos quiere derogar la reforma laboral de 2012. Dicho y hecho. Por el momento, ya ha conseguido limitar uno de los aspectos de flexibilización que introdujo esta norma, como la posibilidad de declarar ERTE (reducciones de jornada y despidos temporales) por parte de las empresas en dificultades económicas. El Gobierno, finalmente, ha optado por restringir la duración de los ERTE por fuerza mayor vinculada al COVID-19 al tiempo que dure el estado de alerta, lo cual carece de sentido, puesto que es evidente que la demanda no se recuperará de inmediato, especialmente el algunos sectores.
9. Prohibido despedir
Otro de los aspectos relevantes de la reforma laboral de 2012 es el abaratamiento del despido. El Real Decreto 9/2020 prohíbe despedir "aprovechando" las consecuencias de la epidemia.
l Gobierno de coalición prohíbe los despidos aprovechando el #coronavirus. #ProhibidoDespedir
— PODEMOS (@PODEMOS) March 27, 2020
Como consecuencia, o bien se encarece el despido, al calificarse de improcedente y, por tanto, pasando de una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 meses, a una de 33, con un máximo de 24; o bien el tribunal lo declara nulo, forzando la readmisión del trabajador, en cuyo caso la empresa tendría que abonar los salarios de tramitación.
10. Anulación de contratos y suministros
Podemos defiende la anulación de contratos libremente acordados, abogando así por los impagos y la obligatoriedad de suministros. Dicho y hecho. El Gobierno también ha prohibido la suspensión de los suministros energéticos y de agua en la vivienda habitual para cualquier consumidor durante el estado de alarma, así como la posibilidad de rescindir de forma unilateral casi cualquier contrato de bienes y servicios cuya ejecución sea imposible debido al estado de alarma, con el consiguiente impago de las cuotas.
11. Restricciones al juego online
El partido de Iglesias lleva tiempo queriendo restringir la actividad del juego, Dicho y hecho. El estado de alarma establece limitaciones en la publicidad y en las actividades de promoción de determinadas actividades de juego online.
12. Nacionalización, renta mínima y censura
Por último, Podemos negocia en el seno del Ejecutivo la puesta en marcha de otros puntos cruciales de su ideario, como la nacionalización de empresas y sectores "estratégicos", la implementación de una renta básica a nivel nacional o nuevas restricciones a la libertad de prensa y de expresión tomando como excusa la difusión de "bulos" y "fake news".
Está por ver si tales iniciativas saldrán, finalmente, adelante, dado que cuentan con el rechazo frontal de algunos ministros socialistas, como la de Economía, Nadia Calviño, mientras que algunas de las aprobadas por el Gobierno requieren el visto bueno del Congreso, cuya validación se debate este jueves, para entrar en vigor. Además, está por ver si, una vez vez aplicadas, son de carácter temporal, como consecuencia de la crisis del coronavirus, o, por el contrario, se convertirán en permanentes. Sea como fuere, lo cierto es que, hoy por hoy, buena parte del programa de Podemos ya está vigente en España.