España se enfrenta a la mayor crisis económica desde la Guerra Civil con uno de los peores saldos públicos de toda la UE. El fuerte incremento del gasto público que comportará la crisis del coronavirus, tanto a nivel sanitario como social (prestaciones, préstamos, etc.), junto con el desplome de la recaudación, disparará el déficit público en 2020, sin descartar que alcance de nuevo los dos dígitos, tal y como sucedió entre 2009 y 2012.
El problema es que ahora el Estado parte de una situación presupuestaria mucho peor que entonces, de modo que su solvencia quedará de nuevo en entredicho. El conjunto de las administraciones públicas registró un déficit de 32.882 millones de euros en 2019, lo que equivale al 2,6% del PIB y supone una décima más que el año anterior (2,5%), según anunció el Ministerio de Hacienda el pasado martes. Se trata del primer aumento que experimenta el déficit desde 2012. Además, esta cifra duplica el objetivo del 1,3% que sigue vigente y se desvía seis décimas de la meta que se fijó el propio Gobierno de PSOE y Podemos de forma unilateral.
Y ello, a pesar de que los ingresos públicos subieron un 3,8% interanual. La clave, por tanto, es que el Estado aumentó el gasto en un 4,1% interanual, tras los famosos "viernes sociales" anunciados en plena campaña electoral, así como la elevación de las pensiones, los sueldos públicos (+5%), los consumos intermedios (+3,5%) y las prestaciones sociales de distinta naturaleza (+6,3%).
Por otro lado, la deuda pública cerró el pasado ejercicio en el 95,5% del PIB, 2,1 puntos menos que en 2018, pero marcando un nuevo máximo histórico en términos absolutos al rondar los 1,19 billones de euros. Este balance contrasta con el que, por ejemplo, presenta Alemania, con superávit y una deuda situada en el 59,8% del PIB en 2019, tras bajar por séptimo año consecutivo, después de que en 2012 rondara el 81%. Así pues, Alemania cumplió el máximo del 60% de endeudamiento que establece el Tratado de Maastricht.
Pese a ello, las autoridades germanas advierten de que la deuda estatal crecerá de forma muy sustancial durante el presente ejercicio tras las medidas puestas en marcha tanto para frenar el coronavirus como para amortiguar el impacto del parón económico, por un importe próximo a 1,2 billones de euros, donde se incluyen 156.000 millones de endeudamiento nuevo, fondos de liquidez para empresas grandes por 600.000 millones y garantías del Estado para préstamos del Banco alemán de Crédito para la Reconstrucción y el Desarrollo (KfW) por 450.000 millones de euros.
La gran diferencia entre España y Alemania, por tanto, es que el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene margen para endeudarse sin comprometer la solvencia del Estado, a diferencia de la canciller Ángela Merkel, cuya senda de austeridad y equilibrio presupuestario le otorga una capacidad mucho mayor. La irresponsabilidad fiscal de España e Italia durante los últimos años de recuperación, no la supuesta insolidaridad de la UE, es lo que explica, en realidad, las grandes reticencias que presentan algunos países del norte, como Alemania, Holanda o Finlandia, a la hora de prestar ayuda incondicional a los estados del sur.
El Banco Central Europeo (BCE) ya ha anunciado un nuevo programa de liquidez y compra de activos por valor de 750.000 millones de euros, al tiempo que el fondo de rescate europeo (MEDE) cuenta con unos 500.000 millones para auxiliar a países miembros en apuros, si bien este programa exige una serie de condiciones en materia de reformas y ajustes presupuestarios que, por el momento, el Gobierno de Sánchez no está dispuesto a admitir.
El impacto de la crisis
Ahora bien, llegados a este punto, ¿podrá España soportar el impacto de la crisis del coronavirus sin recibir, una vez más, asistencia financiera por parte de Europa? Todo apunta a que no. De ahí, precisamente, la insistencia de Sánchez en reclamar ayuda a la UE.
La razón de tal amenaza es doble: por un lado, las medidas que ha puesto en marcha el Ejecutivo para afrontar la crisis del coronavirus en su doble vertiente, sanitaria y económica, cuya primera estimación ronda el 1,4% del PIB, unos 15.000 millones de euros, según el Banco de España; y, en segundo término, el fuerte impacto que tendrá la cuarentena sobre la actividad empresarial, el paro y la recaudación fiscal.
Y es que, tras el confinamiento estricto decretado el pasado domingo, la mayoría de expertos y firmas de análisis estiman que la caída del PIB podría oscilar entre el -5% y el -13% en 2020, la mayor recesión desde la posguerra. No en vano, la consultora McKinsey avanza una contracción del 4,4% en la zona euro en su escenario más optimista.
Pero llega al -9,7% en uno algo más pesimista, partiendo de la base de que no se logra controlar completamente la infección a corto y medio plazo.
Quiebra o rescate
Las consecuencias presupuestarias de dicha caída, sumadas a las medidas de estímulo fiscal, dan como resultado un histórico incremento del déficit y la deuda pública, hasta el punto de poner en riesgo la solvencia de varios estados. Así, según las estimaciones del think tank europeo Bruegel, presidido por el expresidenre del BCE Jean-Claude Trichet, la deuda española podría alcanzar el 139% del PIB a finales de 2020 en el peor escenario, tras una caída del PIB del 20%, y el 119% en caso de que la recesión sea del 10%, mientras que el déficit cerraría el ejercicio con dos dígitos. En el caso de Italia, la deuda se podría disparar hasta el 189%, mientras que en Francia rondaría el 147%.
"Los inversores, que hasta ahora están satisfechos con la política de expansión cuantitativa del Banco Central Europeo, podrían darse cuenta de que incluso las compras totales de activos del BCE en 2020 equivaldrían a menos de un tercio de la nueva deuda emitida por los países de la zona euro", añade dicha entidad. De este modo, se podría desencadenar una nueva crisis de deuda en el seno de la Unión Monetaria.
Ante tal situación, la entidad advierte de que o bien el BCE aumenta su capacidad para comprar deuda o bien el MEDE amplía sus fondos para evitar la quiebra de países, entre ellos España, al situarse entre los más endeudados. Y "si ni el BCE ni el MEDE son capaces de calmar los mercados, entonces surgirá una cruda elección: permitir una crisis masiva de deuda soberana después de la crisis pandémica […] o mutualizar parte del coste económico de la pandemia" mediante los famosos coronabonos. La alternativa al rescate soberano sería, una vez más, la quiebra y/o la posible salida del euro.