Con la improvisación y torpeza que suele exhibir, el sobrepasado e incompetente Pedro Sánchez decidió el sábado dar una nueva vuelta de tuerca a la restricción de la actividad económica, en un nuevo intento de paliar las consecuencias de su inacción cuando estaba a tiempo de luchar de manera eficaz contra el coronavirus. Fiel a su estilo, Sánchez no aclaró qué entiende el Gobierno por actividad no esencial, que es la que se pretende paralizar para evitar nuevos contagios; pero de lo que no cabe duda es de que el impacto en la economía va a ser brutal.
Quince días después de que se declarara el estado de alarma, el sistema sanitario está desbordado a causa del aumento espectacular de los contagios, sin que el personal que lo integra cuente con las más elementales medidas de protección. Superado por las dimensiones de la crisis que su Gobierno ha cebado, Sánchez ha decidido entregarse a sus socios comunistas y dictar la paralización de gran parte del sistema productivo. La decisión va acompañada de una batería de medidas ineficientes y liberticidas en el mercado laboral, de tal manera que los empresarios afectados no podrán producir, pero tampoco adaptar sus plantillas a una situación tremebunda, de la que el Gobierno del 8-M tiene tanta y tan imperdonable responsabilidad. Muchas pequeñas empresas se verán abocadas a la desaparición, lo que provocará una muy grave crisis económica.
Que los ciudadanos dependan del Gobierno para subsistir es el escenario soñado por el infame Pablo Iglesias y sus secuaces. Ese es el modelo que los líderes podemitas ayudaron a implantar en Venezuela, país devastado por el socialismo del s. XXI y subyugado por un hatajo de narcocriminales de la peor especie.
Tanto la oposición como la sociedad civil deben reaccionar y activar todas las señales de alarma. Este Gobierno no es de fiar, mucho menos en circunstancias tan excepcionales como las propias de un estado de alarma, donde sujetos como el leninista Pablo Iglesias, adictos al 'cuanto peor, mejor', pueden provocar auténticos estragos en el régimen constitucional.