Pedro Sánchez ha decidido paralizar prácticamente la totalidad del país como respuesta al coronavirus. Esta decisión, publicada in extremis en el BOE en la noche de ayer domingo, empezará a aplicarse mañana martes, ya que este lunes los trabajadores de servicios no esenciales todavía pueden ir a trabajar.
Las farmacias, los estancos o los supermercados seguirán abiertos a diferencia de las obras o de muchas fábricas, cuyos trabajadores se tendrán que quedar en casa. Las empresas estarán obligadas a seguir pagando el sueldo de esos empleados, y estos, tendrán que devolver las horas no trabajadas antes del 31 de diciembre. Lo han llamado "permiso retribuido recuperable". La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido esta mañana, en una entrevista en Antena 3, que "hemos constatado que cuando tenemos el nivel de paralización económica del fin de semana se paralizan los contagios (...) Necesitamos el confinamiento casi absoluto, porque no hay otra herramienta para bajar la curva de contagios", ha explicado.
"Un impacto sin precedentes"
Las patronales de empresarios no comparten las nuevas medidas del Gobierno, y han cargado duramente contra ellas. Por un lado, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la de las pequeñas y medianas empresas (CEPYME) han alertado del "enorme impacto sin precedentes" que supondrá la parálisis. "Va a ser una medida que va a generar un enorme impacto sin precedentes en la economía española, especialmente en sectores como el industrial. Este parón puede llevar a una crisis más profunda de la economía que podría llegar a ser social", han vaticinado en un comunicado. Según aseguran, ha existido un "desconcierto total" en la actividad empresarial sobre las actividades que el Gobierno considera no esenciales.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha alertado de que si el país está parado, habrá paro, pero no porque las empresas quieran despedir, sino porque "se han empobrecido". En este sentido, ha pedido que no se olvide que las empresas privadas tienen que cuidarse "entre algodones" porque son las que crean empleo y ha reclamado más medidas para ellas, también para los pequeños empresarios y autónomos.
"Hablamos siempre de lo público, pero lo público se paga a través de impuestos y los impuestos los pagan también las empresas y los trabajadores. Y en estos momentos no hay dinero. Y luego pensemos en una tienda con tres empleados. Es que tiene que estar pagando ahora las cotizaciones sociales, ahora tiene que empezar a pagar los impuestos, si es que no le llega. Y cuando hablamos de que todo el mundo esté protegido, esa gente no lo está. El día que se vayan al paro se quedan sin nada, incluso sin las casa que tenían hipotecada", ha denunciado en RNE. Garamendi también ha reprochado al Gobierno que esté trasladando la idea de que los empresarios sólo quieren despedir a los trabajadores: "Si no hay ingresos y hay gastos y está prohibido despedir, como si a nosotros nos gustara despedir, pero si te han hecho un cierre gubernamental, que puede estar justificado pero está ahí, y a la vez te prohíben despedir, pues lo único que te queda es cerrar", ha lamentado.
También Pimec, la patronal de la pequeña y la mediana empresa catalana, ha criticado al Gobierno tildando su medida de "improvisada, poco responsable y de nula sensibilidad empresarial". Pimec vaticina que "no saldremos bien de esta crisis y condicionaremos de manera preocupante a nuestro futuro económico". La patronal considera que "hubiera sido mejor decretar dos semanas de vacaciones, puesto que recuperar estas horas será muy complicado para muchas empresas" y ha alertado de la situación de quiebra económica en que se encontrarán muchas empresas, que a su juicio se agravará en las próximas dos semanas.
El Metal: "Un deterioro difícil de recuperar"
Entre algunos sectores afectados está la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal, (Confemetal). Esta patronal ha expresado su "más absoluto rechazo" al decreto de paralización económica de actividades no esenciales, una medida que, a su juicio, provocará "un deterioro del tejido económico difícil de recuperar".
Además, estima que la paralización de las actividades productivas no esenciales, lejos de favorecer la lucha contra la crisis sanitaria, la complicará, haciendo más difícil y menos efectivo el trabajo en las actividades directamente implicadas en primera línea contra la pandemia y aquellas que les dan soporte inmediato. "La medida, que solo puede haberse tomado desde el desconocimiento del funcionamiento de una economía avanzada como la española, hará imposible mantener un nivel mínimo de actividad económica que garantice la eficiencia para enfrentarse a la crisis sanitaria", advierte Confemetal.
Así, advierte de que los objetivos "irrenunciables" de reducir la movilidad y el riesgo de contagio se van a ver obstaculizados por una medida "que se basa en la ignorancia de que un colapso sanitario no puede evitarse provocando el colapso económico", y de que mantener la actividad de las empresas, con todas las medidas de seguridad que sean necesarias, es la mejor forma de proteger la sanidad y los servicios públicos. Al margen de estas consideraciones, Confemetal quiere alertar de la "incertidumbre y el caos" que una medida "tan irreflexiva" -tomada un domingo para hacerse efectiva en horas- va a provocar desde el punto de vista organizativo en un tejido económico como el español constituido en más de un 98 por ciento por pequeñas y medianas empresas a las que el Gobierno "no tiene derecho a someter a más tensiones", con sus ingresos reducidos o desaparecidos y obligadas a abonar sueldos o cotizaciones.
"La ruina absoluta"
Por último, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha asegurado que el Ejecutivo ha dejado "abandonados y en la cuneta" a los autónomos. Por ello, en una publicación de Twitter ha expuesto las medidas propuestas por la federación nacional para "no abocar a decenas de miles de autónomos a la ruina absoluta y el cierre de muchas empresas".
El Gobierno ha dejado en la cuneta a los autónomos,abandonados...
— Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) March 30, 2020
Aquí tiene un paquete de medidas por si quiere corregir el rumbo desde mañana en el Consejo de Ministros y no abocar a decenas de miles de autónomos a la ruina absoluta y el cierre de muchas empresas pic.twitter.com/akYFRor53V
El presidente de ATA también ha denunciado que el último decreto ley del Gobierno no contemple ninguna medida para los trabajadores por cuenta propia. "Las personas trabajadoras como autónomos o empresarios no se contemplan en este RD. "¿Es un simple olvido o fruto del caos de última hora?", se ha preguntado.
"Las personas trabajadoras como autónomos o empresarios" no se contemplan en este RD
— Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) March 30, 2020
-es un simple olvido o fruto del caos de última hora??
-Pueden realizar su actividad por que no tienen riesgo??
-Será para justificar el cobro de la cuota de autónomos,cotizaciones e impuestos?? pic.twitter.com/bQrWntu0RD
En cuanto a las iniciativas, desde ATA han solicitado la suspensión de la cuota de autónomos de los meses de marzo, abril y mayo. Como la de marzo ya ha sido abonada, han pedido que sea devuelta "inmediatamente" y que no se cobren recargos. También han pedido que estén exentos aquellos que se hayan contagiado de Covid-19 o estén en cuarentena obligatoria.
Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos también han reclamado la suspensión de todos los trámites impositivos y obligaciones tributarias del primer trimestre y aplazar su presentación al mes de julio y no en abril como estaba fijado.
En lo relativo a prestaciones extraordinarias por cese de actividad, han reclamado que se reduzca el umbral, de un 75 a un 30%, y que el plazo de disfrute se prolongue a tres meses. A todo ello se suma la petición de permitir el cobro de la prestación también a quienes reciban otra que no alcance el 50% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y que se incluya a los supuestos de fuerza mayor aquellas actividades que ya no son consideradas esenciales. Finalmente, desde ATA han solicitado al Ejecutivo central eliminar la obligatoriedad del mantenimiento del empleo durante seis meses desde la reanudación de la actividad y establecer la fecha de finalización de los ERTE un mes posterior a la finalización del estado de alarma.