#ProhibidoDespedir. Podemos ya tiene su hashtag para esta crisis. Y este viernes por la tarde, se aplicaron a la tarea de moverlo en las redes sociales. Casi todos los líderes del partido morado tuitearon con fruición sobre las ventajas que su presencia en el Gobierno garantizan a los trabajadores. Y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, era la nueva heroína de la izquierda mediática y tuitera. De hecho, uno de los temas más repetidos en los mensajes era el de la importancia de que esta emblemática cartera estuviera en manos de Podemos (como si no se fiaran de que sus socios de coalición hubieran hecho algo parecido de estar a cargo de la misma o de estar solos en el Gobierno).
Todo este ruido venía generado por la aprobación, en el Consejo de Ministros de este viernes, de otro Real Decreto Ley, en este caso con las "medidas complementarias en el ámbito laboral" (aquí, el texto de su publicación en el BOE). Probablemente es la norma más polémica de todas las que ha aprobado el Gobierno en las últimas semanas. Las organizaciones empresariales y de autónomos emitieron comunicados muy críticos con el RDL y con la falta de negociación e información del Ministerio. Así, CEOE y Cepyme denunciaron que las medidas "van a impedir poner las bases de la necesaria recuperación económica de España y llevarán en última instancia a un mayor nivel de desempleo"; en su opinión, el Gobierno ha optado por un planteamiento que "no va en la dirección correcta, sino que, muy al contrario, será perjudicial" para la economía española. En la misma línea, Lorenzo Amor (presidente de ATA, la principal asociación de autónomos del país) aseguraba que "Prohibir despidos es una medida que va contra la libertad de empresa y que especialmente en estos momentos va a provocar que se hundan muchas empresas y empresarios en la miseria. Todos aquellos que no pueden presentar un ERTE por causas de fuerza mayor lo van a pasar aun peor de lo que ya lo están pasando".
¿Y cuál es el contenido del RDL? Pues lo principal puede resumirse en tres medidas:
- Se prohíbe a las empresas que aleguen causas "de fuerza mayor y causas económicas, técnicas, organizativas y de producción" relacionadas con la crisis del Covid-19 para despedir.
- Se anuncia el control exhaustivo de los ERTE relacionados con la actual crisis: Trabajo asegura que comprobará "las causas alegadas" en todos los procedimientos y "en caso de solicitudes con falsedades e incorrecciones, incluyendo la falta de causa o la falta de necesidad del ERTE, la empresa podrá ser sancionada y deberá devolver a la entidad gestora las cuantías percibidas en concepto de prestación".
- Se paraliza el cómputo de la duración de los contratos temporales mientras dure la suspensión de la actividad de la empresa. Es decir, aquellos trabajadores que estuvieran contratados y a los que se les terminara el período de vigencia del contrato mientras la empresa había suspendido su actividad, mantendrán el derecho a reincorporarse a su puesto una vez que termine esa suspensión. Si, por ejemplo, faltaban dos meses para finalizar el contrato; esos dos meses comenzarán a contar de nuevo una vez que la empresa reanude su funcionamiento con normalidad.
Las consecuencias
Para el Gobierno, la lógica del RDL es clara: ya ha facilitado un procedimiento extraordinario para las empresas en dificultades. Nos referimos a los ERTE que permiten suspender la relación laboral o reducir la actividad mientras dure la crisis. La idea es que las empresas recurran a esta herramienta para superar estos momentos complicados, pero sin destruir empleos, manteniendo la relación laboral con sus actuales empleados. De este modo, creen en el Ministerio, cuando termine el Estado de Alarma y las empresas vuelvan a su actividad económica normal, será mucho más sencillo que se recupere el empleo.
La otra cara de la moneda de esa medida es lo anunciado este viernes. La idea del Gobierno se podría traducir en algo así como: puesto que hemos dado facilidades a las empresas para que suspendan o reduzcan la actividad, no hay ninguna justificación para que despidan. Por lo tanto, lo prohibimos.
Por supuesto, desde las empresas las cosas se ven de forma muy diferente. En primer lugar, porque el decreto de los ERTE, aunque es cierto que daba algunas facilidades, ni mucho menos era una barra libre de flexibilidad como la que se necesita en estos momentos. Hablamos de una crisis sin parangón en la historia moderna, de la que no se sabe cuánto durará y cuál será el impacto en la economía. Si las empresas siempre necesitan margen de actuación para hacer frente a los imprevistos que surjan, mucho más en este caso. Pues bien, incluso así, el Gobierno impuso ciertos límites en el recurso a los ERTE (sobre todo, esa obligación de mantener el empleo, una vez haya terminado el ERTE, al menos seis meses) que muchos empresarios consideran que serán imposibles de cumplir. O que, al menos, les generan mucha incertidumbre.
A eso se añade la advertencia realizada ayer en el nuevo RDL sobre los controles a posteriori de todos los ERTE y la devolución de las ayudas concedidas si Trabajo considera que no se cumplían los requisitos establecidos. La nota del Ministerio habla de "solicitudes con falsedades o incorrecciones" y alerta a los empresarios de que deberán devolver lo cobrado.
En este sentido, los puntos 1 y 2 explicados anteriormente se retroalimentan: por una parte, prohíbes despedir alegando que para esto tienen las empresas los ERTE; por otra, amenazas a las empresas con penalizarlas si los expedientes de esos ERTE tienen "incorrecciones". Y eso en mitad de la peor crisis que se recuerda.
Por otro lado, queda la duda de qué quiere decir el Gobierno cuando habla de "prohibir el despido". Tras el Consejo de Ministros, con las declaraciones de Díaz, el hashtag de Podemos y las reacciones de sus políticos en las redes sociales, parecía como si realmente se hubiera decretado la imposibilidad de despedir para cualquier empresa mientras durase la crisis. O lo que es lo mismo: que cualquier reducción de plantilla tendría la consideración de despido nulo (que, no lo olvidemos, tiene importantes consecuencias: obliga a la readmisión del trabajador y al pago de los salarios no cobrados desde la fecha del despido hasta la de la notificación de la sentencia).
A lo largo de la tarde del viernes, se impuso una interpretación algo más matizada: despedir seguiría siendo posible, pero todos los despidos en los que se alegasen "fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción" relacionadas con la crisis del Covid-19 (es decir, prácticamente todos los que se realicen en los próximos días) se considerarán improcedentes. Es decir, la indemnización no será por 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades (despido procedente); sino de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades (despido improcedente). O lo que es lo mismo, el despido seguiría siendo posible, pero bastante más caro. Pero ni siquiera esto (que se vayan a considerar improcedentes en vez de nulos) está claro al 100%, aunque sí es lo más probable leyendo el texto del BOE, que no dice que vayan a ser despidos nulos.
Con todo esto, ¿qué alternativas les quedan a los empresarios? Pues pocas y no muy buenas. La primera es recurrir a los ERTE y rezar para que puedan mantener, en los seis meses siguientes a la reanudación de la actividad, el nivel de empleo previo. Es una apuesta complicada y que deja muchos interrogantes. La segunda es despedir a 33 días (con el coste económico que eso supondría) y volver a rezar para que no les declaren nulos los despidos en unos meses (lo que implicaría un nuevo palo para sus cuentas). La tercera es bajar la persiana, declarar el concurso de acreedores y mandar a todos los trabajadores al paro (y que entre el Fogasa a pagar tanto los salarios como la indemnización, aunque no llega al máximo que paga la empresa). Y esto es lo que temen las organizaciones empresariales y de autónomos: que la falta de flexibilidad del Gobierno empuje a muchas empresas a cerrar, por no poder afrontar los costes y la incertidumbre de la crisis, causando un daño al tejido productivo que será imposible restaurar una vez que vuelva la normalidad a las calles. Imaginemos una pyme con 10 empleados, que estaba pensando en despedir a dos de ellos para pasar estos meses: sí, ahora lo tiene prohibido ("Impedimos dos despidos", creen en el Gobierno); las organizaciones empresariales temen que el resultado sea, como ocurrió en tantas ocasiones entre 2008 y 2012, que el empresario se vea forzado al cierre y los nuevos parados sean diez (11 si contamos al empresario) en vez de dos.
En relación con todo esto, hay un aspecto que llama la atención: el lenguaje del Gobierno y lo que sugiere sobre su visión de los empresarios. La propia Díaz publicaba en Twitter el siguiente comentario: "No se puede utilizar el COVID-19 para despedir a trabajadoras y trabajadores. Hoy en el Consejo de Ministros hemos aprobado medidas urgentes para proteger el empleo en esta crisis sanitaria". En Podemos, por su parte, el mensaje era: "Nadie podrá aprovecharse de esta crisis sanitaria para despedir con la excusa del coronavirus".
Los expertos hablan de una crisis económica sin precedentes, con una caída del PIB de doble dígito y una destrucción del tejido productivo desconocida en tiempos de paz. Con un nivel de incertidumbre máximo respecto a cuánto durarán las restricciones a la movilidad y la parálisis. Y en el Gobierno creen que los empresarios están deseando "utilizar" o "aprovechar" la "excusa" para despedir. Porque, según esta lógica, no lo hacen por necesidad; sino por maldad. Para alguien que piensa así, la prohibición es la receta. Como si prohibirlo fuera a terminar con el problema. También podrían haber prohibido entrar en pérdidas. O "prohibido que caiga la facturación". Suena absurdo, pero desde un punto de vista económico, no es tan diferente a lo aprobado.
Había otras opciones a mano: desde reducir o suspender el pago de impuestos (para garantizar más liquidez a las empresas a corto plazo) a permitir la flexibilidad en las compañías y ampliar la cobertura por desempleo durante los meses que dure el parón económico (dejas que la empresa se ajuste a su nueva realidad y le permites que llegue más saneada al momento de la recuperación). También se podría haber permitido que fuera más sencillo y con menos condiciones el acceso a los ERTE, para que todos los empresarios supieran que sería sencillo y sin letra pequeña (ni castigos a posteriori).
Pero el Gobierno ha optado por la prohibición del despido procedente, la judicialización y la incertidumbre normativa. Los empresarios alertan de que esto traerá aparejada una oleada de cierres. La legislación laboral española lleva décadas siendo una de las más rígidas del mundo, con los costes de despido más elevados y una tasa de judialización de las relaciones laborales sin equivalente en los países ricos de la UE. Hasta ahora, esa receta no ha funcionado. Díaz y Podemos creen que la crisis del Covid-19 es el momento perfecto para demostrar que el problema no es que hubiera mucha rigidez, sino que había muy poca.