La pandemia del Covid-19, que está colapsando el sistema sanitario nacional, amenaza con provocar la mayor crisis económica de nuestra historia reciente. El FMI ha advertido de que el descalabro puede ser peor que el de 2008, y entidades como Goldman Sachs vaticinan un batacazo de nuestro PIB de hasta el 9%. Terrorífico.
En estos momentos, la prioridad debe ser atajar la expansión del coronavirus y reducir el número de contagios y fallecimientos; pero si no se activa ya un plan económico de emergencia sensato, las consecuencias pueden ser devastadoras. En el plano sanitario, el Gobierno de Sánchez ha pasado de la inacción negligente a la mentira descarada. En el económico el panorama no parece más promisorio, con al menos la mitad del Gobierno deseando con gran infamia aprovechar la ocasión para aplicar medidas muy queridas por socialistas y comunistas pero que podrían tener efectos catastróficos.
En un primer momento, el imposible doctor en Economía Pedro Sánchez presumió de poner encima de la mesa nada menos que 200.000 millones de euros para hacer frente a los estragos de la pandemia, pero esa fastuosa cifra nunca llegará a la economía real. Tampoco supondrá un colchón o un balón de oxígeno para el contribuyente y el sector productivo, como suplican los más afectados. Sencillamente, ese dinero no existe.
El fraudulento plan social-comunista consiste en una serie de avales bancarios garantizados por el Estado y unos aplazamientos tributarios muy concretos que resultan más escandalosos cuanto más se va conociendo de ellos. Así, el Consejo de Ministros del martes dio luz verde a la primera línea de avales por valor de… 20.000 millones de euros; pues bien: no han pasado dos semanas y el Gobierno intoxicador ya le ha quitado un cero a su magno plan de choque.
Por supuesto que no acaban ahí los desafueros. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quiso explicar a las empresas en qué iban a poder gastar los créditos que tienen que pedir a los bancos para sobrevivir. Poniendo en evidencia hasta dónde llega su voracidad recaudatoria, la inverosímil ministra Montero habló de pagar facturas y salarios… y de atender a las "obligaciones tributarias". Increíble pero cierto: en momentos de tremenda aprensión e incertidumbre, a los empresarios a los que se les viene el mundo encima mientras tienen forzosamente paralizada la actividad laboral, Montero quiso recordarles que no deben olvidarse de los impuestos. Hacienda no sólo se niega a levantarles el cepo, es que pretende prestarles dinero para que paguen impuestos.
Por otro lado, en el Gobierno social-comunista que habla y no para de lo crucial que es dotar a la sanidad de los recursos que merece sólo va a destinar al gasto autonómico en este rubro un irrisorio 0,15% de aquellos increíbles 200.000 millones voceados. Apenas 300 millones de euros tendrán las CCAA para curar a sus enfermos. Las autonomías son las que controlan la mayor parte del presupuesto sanitario del país, con más de 62.000 millones de euros, y el Gobierno no les va a ampliar esa partida ni un 1%. Huelgan comentarios.
Y para rematar la fiesta, este viernes aparece la ministra de Trabajo, la bolivariana Yolanda Díaz, para prohibir en plan chavista los despidos y tener la desvergüenza de pedir "ejemplaridad" a los empresarios. Habla de "ejemplaridad" el Gobierno del 8-M, el Gobierno de la ocultación y la desinformación permanentes. Repulsivo pero cierto.
Es imposible dejar de insistir: en el peor de los momentos, estamos en las peores manos. Este Gobierno es una maldición, una calamidad, una amenaza que no hace más que agravar una tragedia para la que hizo de funesto fulminante.