Con este objetivo, la Línea de Avales garantizará los nuevos préstamos y las renovaciones concedidas por entidades financieras a empresas y autónomos para atender las necesidades de financiación derivadas, entre otros, de pagos de salarios, facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.
En este párrafo, publicado en la referencia del Consejo de Ministros de este martes, el Gobierno de Pedro Sánchez le ha explicado a las empresas españolas en qué van a poder gastar los créditos avalados por el Estado, que piensan poner en marcha para afrontar la crisis del coronavirus. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también ha hecho alusión a esta "obligación tributaria" en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Parece que es importante para el Ejecutivo socialista que las compañías sepan, que además de la lista infinita de gastos fijos que tendrán que sufragar a pesar de tener prácticamente paralizada su actividad, no deben olvidarse de los impuestos.
Es más, preguntada por si el Gobierno se ha decidido a ampliar los plazos en el calendario tributario, teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad que viven los contribuyentes, Montero se ha negado. Asesores y fiscalistas llevan muchos días reclamando al Ejecutivo un poco de oxígeno en las fechas del pago de los impuestos. Las tensiones de tesorería que sufren las empresas de nuestro país son evidentes, así como el confinamiento en sus domicilios del resto de particulares, que no pueden ni acudir a una gestoría para completar sus declaraciones. Todo ello, llevará a errores, declaraciones incompletas y hasta sanciones por parte del fisco… porque Hacienda no perdona.
María Jesús Montero considera suficiente que el Ejecutivo haya aprobado aplazamientos tributarios de un máximo de 30.000 euros para autónomos y pymes durante los próximos seis meses, y así lo ha vuelto a recordar hoy. Para optar a ellos, será requisito necesario que el deudor sea persona o entidad con un volumen de operaciones no superior a 6 millones de euros en el año 2019. Los tres primeros meses no cobrarán intereses de demora.
Hacienda "no perdona nada"
Desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) lamentan que Hacienda no se haya decidido a alargar plazos de presentación e ingreso de las autoliquidaciones y de las declaraciones informativas. "Teníamos la esperanza de que hoy anunciaran los aplazamientos de las autoliquidaciones, pero no ha sido así. Hay muchos empresarios que tienen la documentación en la empresa y que no pueden salir de casa para recopilarla, o que estaban acostumbrados a entregarle las facturas en mano a su asesor. Va a haber muchos errores en las declaraciones", lamenta el director del servicio de estudios del REAF, Rubén Gimeno, en declaraciones a Libre Mercado. Antes de la medida del Gobierno, las empresas también podían aplazar algunos pagos a Hacienda de hasta 30.000 euros sin garantías, por lo que la novedad ahora es que han incluido "los pagos fraccionados de Sociedades, las cuotas del IVA y las retenciones del IRPF, pero no las autoliquidaciones", explica el experto, que aunque está a favor de la medida, la considera "insuficiente". Al final, "lo que hace el Gobierno es retrasar sus ingresos, pero no perdona nada", apunta Gimeno.
Dentro de su plan de choque económico, el Gobierno sólo contempla eximir a las empresas del pago de las cotizaciones de sus empleados si hacen un ERTE y de la cuota a los autónomos que cierren, pero no hay ninguna bajada de impuestos de calado. Por tanto, las empresas que se acojan a este aplazamiento fiscal, dentro de 6 meses pueden encontrarse con que deben pagar el doble de impuestos al fisco. Eso sí, si no han podido obtener los mismos ingresos, porque su negocio ha caído en picado por el coronavirus, el problema puede ser aún mayor.
Pero que no cunda el pánico, también con las nuevas líneas de crédito del Gobierno se van a poder pagar impuestos. El Consejo de Ministros ha aprobado un primer tramo de hasta 20.000 millones de euros para que la banca conceda créditos a las empresas avalados por el Estado y gestionados por el ICO. Esta cuantía tiene un 0 menos que los 200.000 millones de euros que vendió a bombo y platillo Pedro Sánchez hace unos días.
"El Gobierno da así cumplimiento al compromiso con las empresas, especialmente con los trabajadores autónomos y las pymes, de poner en marcha las medidas necesarias para garantizar su liquidez y preservar la actividad productiva y el empleo", asegura el Ejecutivo. Con este objetivo, la Línea de Avales "garantizará los nuevos préstamos y las renovaciones" de circulante, por lo que no se refinanciarán préstamos a largo plazo o que no estén relacionados con el coronavirus, señalan fuentes del Gobierno.
Algunos detalles de los avales
La Línea de Avales se aprobó con una dotación de hasta 100.000 millones de euros y el primer tramo es el que se ha aprobado hoy. Podrán solicitar estos avales las empresas y autónomos afectados por los efectos económicos del coronavirus, siempre que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020. Los avales tendrán carácter retroactivo y podrán solicitarse para las operaciones formalizadas con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, que se produjo el pasado día 18 de marzo.
De los 20.000 millones de euros, el 50% se reservará para garantizar préstamos de autónomos y pymes. El aval cubrirá el 80% de los nuevos préstamos y renovaciones de operaciones solicitadas por autónomos y pymes a la banca si resultan impagados. Para el resto de empresas, el aval cubrirá el 70% del préstamo nuevo concedido y el 60% de las renovaciones.
El aval emitido tendrá una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un plazo máximo de cinco años. El coste del aval, de entre 20 y 120 puntos básicos, será asumido por las entidades financieras, por lo que el Estado pretende conseguir algunos ingresos.
"Las empresas y autónomos interesados podrán solicitar la garantía para sus operaciones hasta el 30 de septiembre de 2020. Para ello, deberán dirigirse a las entidades financieras con las que el ICO haya suscrito los correspondientes acuerdos de colaboración", explica el Gobierno. Las entidades financieras se comprometen a mantener los costes de los nuevos préstamos y de las renovaciones que se beneficien de estos avales en línea con los costes aplicados antes del inicio de la crisis del coronavirus. Eso sí, el Gobierno no fijará los tipos de interés ni las condiciones del crédito, los fijará la banca, aunque Montero ha recordado que en los últimos años los tipos "han sido bajos". Serán las entidades las que evalúen el riesgo de cada solicitante del crédito, con la supervisión del ICO, aunque este último tiene menos capacidad. Habrá que esperar a ver si esas líneas de crédito no tardan en hacerse efectivas, porque la situación de muchos negocios es límite.