La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) nació en pleno franquismo. Corría el año 1963 y el régimen decidía articular un modelo de libertad de elección en el ámbito de la sanidad y las prestaciones sociales. El experimento consistía en una especie de cheque sanitario que permitía que los trabajadores del Estado elijan si quieren acudir a los servicios sanitarios públicos o, por el contrario, prefieren recibir dicha cobertura por parte de empresas aseguradoras.
El sistema ha crecido enormemente desde entonces y ya cubre a 1,5 millones de personas, de las que 984.867 son titulares directos y otros 488.774 son beneficiarios. Todos los afiliados a MUFACE reciben una cartera de servicios ofertados por proveedores privados. Por ejemplo, el 37% de los adscritos ha optado por Adeslas, aunque hay otras empresas disponibles y el programa permite cambiar de proveedor cada semestre.
El sistema ha sido implantado también en otros regímenes de la Administración (ISFAS en el Ejército, MUGEJU entre la judicatura…). Su funcionamiento es muy sencillo: apenas el 2% del presupuesto anual va dedicado a los gastos de funcionamiento, mientras que el resto se dedica a financiar las prestaciones sanitarias de los funcionarios.
De acuerdo con el ministerio de Sanidad, el coste per cápita de la sanidad pública gestionada directamente por el Estado asciende a unos 1.200 euros anuales. MUFACE, no obstante, cubre a sus titulares y beneficiarios por un coste de 700 euros anuales. Esto permite un ahorro de recursos públicos que, obviamente, es mayor conforme más funcionarios optan por recibir asistencia sanitaria prestada por empresas privadas.
Según la última Memoria publicada por MUFACE, correspondiente al pasado año 2019, apenas el 20% de los funcionarios que forman parte del régimen han optado por mantenerse en el INSS. Esto quiere decir que ocho de cada diez funcionarios con capacidad de elegir entre la sanidad de gestión pública o privada optan por suscribirse a la segunda.
Calvo elige la privada
Esta lunes el modelo MUFACE ha sido Trending Topic a raíz de la hospitalización de la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. Resultó especialmente llamativo un tuit del diario El País en el que se afirmaba que la dirigente socialista estaba siendo tratada en la Clínica Ruber de Madrid "de acuerdo con los convenios de Muface".
Carmen Calvo, funcionaria de carrera, se encuentra ingresada para ser tratada de una infección respiratoria en la clínica Ruber, de Madrid, de acuerdo con los convenios de Muface, https://t.co/eQJXb7oyNY
— EL PAÍS (@el_pais) March 23, 2020
En realidad, los convenios de Muface no obligan a ser tratado en la sanidad privada a ningún funcionario, puesto que simplemente regulan la posibilidad de elegir entre el sistema público y las empresas de seguros. En el caso de Calvo, el hecho de que su hospitalización y tratamiento tengan lugar en la Clínica Ruber vendría a indicar que la dirigente socialista ha optado por un proveedor privado, en vez de por recibir la cobertura de la sanidad pública.